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En un monstruo de mil cabezas se ha convertido el hacinamiento de las cárceles en Colombia, y el ideal de que las personas cumplan su pena y dejen atrás sus récord delictivo para reintegrarse a la sociedad, no solo está lejos sino que suena absurdo ante el panorama de aproximadamente 91.148 reclusos que viven en condiciones de hacinamiento grave; según un informe de la Contraloría General de la República de 2016.

“El actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Paz, Justicia y Equidad’ plantea como solución la construcción de nuevos cupos carcelarios, sin proponer una política penitenciaria de largo plazo, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos de los internos (as) en condiciones básicas de seguridad, habitabilidad y salubridad en los recintos carcelarios del país y su efectiva incorporación a la sociedad tan pronto paguen su condena”. (Informe: El hacinamiento carcelario en Colombia: un problema estructural sin solución a la vista, Contraloría General de la República).

Las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 declaran en ‘estado de cosas inconstitucional’ el sistema carcelario del país, lo que significa que la Corte Constitucional ratifica que hay una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas que están presas en el territorio nacional.

Antioquia no es ajena a esta problemática, en declaraciones dadas al diario El Tiempo en junio de 2017, Victoria Eugenia Ramírez secretaria de Gobierno afirmó que “el problema más grande es el hacinamiento, que alcanza el 70%.La capacidad de todas las cárceles del departamento es para 8.118 personas, pero actualmente hay 13.825”.

Según el personero Julián Restrepo, “la cárcel más hacinada de Antioquia es la deAndes”, pero ¿En qué basa su afirmación el personero? Si bien se tienen cifras como las de Bellavista construida para albergar 2.424 reclusos y tiene más de 6.000; y Pedregal con capacidad para 1.150 personas y tiene más de 2.200 -según datos de la Contraloría en el 2016- Restrepo asegura que:

El hacinamiento se mide por la capacidad que tiene la cárcel más el número de internos que hay, entonces se hace una regla de tres y da el porcentaje. Tenemos para este caso que la cárcel de Andes tiene capacidad para 168 y tenemos más 750 personas -y contando- lo que quiere decir que hay cinco veces más de la cantidad permitida. Este hacinamiento es abrupto y está amenazando todos los derechos fundamentales de los internos e internas, porque esto genera problemas de salud, el año pasado hubo un brote de varicela por ejemplo, va en contra de la vida digna, la privacidad, es que no tiene justificación que las personas estén en estas condiciones.

La cárcel está conformada por cuatro patios: tres para hombres y uno para mujeres. Además de la falta de inversión en infraestructura física, lo que genera que las áreas comunes, sanitarias y de salud estén en pésimas condiciones, el personero Julián Restrepo explica que otra arista del hacinamiento es que no se separan a los presos sindicados de quienes están condenados, cifras de la Contraloría señalan que solo el 10% de las cárceles del país realizan dicha separación.

La Ley 1709 le da a los municipios la obligación de atender a las personas sindicadas, que son las que todavía están siendo investigadas pero no están condenadas aún, están a cargo del municipio de donde es la persona, pero qué están haciendo los municipios: como no tienen los recursos para asumirlo contratan con las cárceles, y en el caso de Andes, esta tiene convenios con 10 municipios del Suroeste, entonces fuera de los internos que llegan en calidad de condenados, llega una gran cantidad de sindicados, en este momento estamos por los lados de aproximadamente 243, son muchos.

“Si el sistema penitenciario no ofrece al condenado esta opción de cambio, los establecimientos carcelarios se convierten en oprobiosos depósitos de personas y la detención en un degradante encerramiento, resultados que envilecen la potestad punitiva del Estado y la convierten en un gran aparato reproductor de delincuencia”. Defensoría del pueblo (Análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia).

Hace dos años Julián Restrepo, personero de Andes, recurrió a una tutela:

Se ganó en primera instancia pero el Tribunal la tumbó con un argumento muy superficial: todas las cárceles del país están hacinadas. Desde la personería no podríamos volver a presentar otra, ya sería que los internos (as) se organicen y lo hagan, seguiremos denunciando el tema.

Dos retos del Ministerio de Justicia y del Derecho para este año son reducir el hacinamiento carcelario y proseguir la consolidación del Plan Decenal de Justicia, para lograr el primero fue suscrito un convenio marco entre el Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y la Agencia Nacional de Infraestructura “con el objetivo principal de diseñar nuevas estrategias de construcción de cupos penitenciarios para renovar la infraestructura carcelaria actual y reducir niveles de hacinamiento carcelario”.

En Antioquia el 12 de marzo empiezan las obras de la Colonia Penitenciaria de Yarumal, un proyecto que funcionará en el antiguo Seminario de Cristo Sacerdote, y beneficiará a dos mil internos aproximadamente, bajo un modelo agrícola se impartirá programas de trabajo, estudio, enseñanza y agricultura con los que podrán redimir pena. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez asevera que: “buscaremos que los reclusos no se vuelva peores sino mejores. Entregaremos a Colombia un sistema penitenciario novedoso, pedagógico, que permitirá que quienes vayan a ese lugar trabajen y estudien para que sean muy buenos ciudadanos”.

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