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En el editorial de esta edición planteamos las preocupaciones de las comunidades con respecto a la construcción del proyecto Pacífico 1, considerado como el más importante de la primera ola de las autopistas 4G, conocidas también como Autopistas para la Prosperidad.

“Desde la capital tal vez no conocen ni Amagá ni a Titiribí, pero nosotros que somos de aquí, que tenemos sentido de pertenecía por nuestra tierra, no vamos a permitir que nuestros lugares de nacimiento, que nuestras comunidades sean sometidas a un cruel olvido”.

Dijo en la Audiencia Pública Ambiental el sábado 23 de septiembre el alcalde de Titiribí Santiago Andrés Ochoa.

Sobre dichas problemáticas, el alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina Molina, advirtió que:

“Esta doble calzada no puede ir en detrimento del progreso de Amagá, son aproximadamente 14 mil personas las que se verían afectadas. Son 11.5 kilómetros que incrementarán los pasajes para los habitantes de 12 veredas y dos centros poblados como: Yarumal, La Delgadita, El Morro, Maní del Cardal, etc., que tendrían que ir hasta Camilo C para ingresar a su vereda, eso es inconcebible y no contemplan unos retornos. El incremento de los pasajes es en un 196%, los empresarios incrementarían sus gastos operacionales en más de 653 millones de pesos, y un número aproximado de 1.537 estudiantes se quedarían sin por dónde llegar hasta sus escuelas; están contempladas dizque unas cebras en unas vías que son de nivel 1, que son de tránsito nacional, entonces esto es inadmisible”.

Con relación a las denuncias sobre los territorios que quedarían incomunicados, el defensor del pueblo regional Antioquia, Jaime Zapata, aseguró que las voces de las comunidades sí tendrán eco y que además de un informe, desde su dependencia también realizarán visitas a dichos lugares:

“En este proyecto según las quejas, hay una violación a los derechos humanos. Estudiaremos lo escuchado y verificaremos en campo con un equipo de expertos. De aquí nosotros le pasamos un informe al señor Defensor Nacional, doctor Carlos Negret y al señor Procurador General de la Nación, ya ellos lo analizan y de ahí se desprenden unas recomendaciones preventivas para la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. Nosotros no podemos permitir que la población quede aislada, bienvenidos los proyectos, pero por encima de todo están los derechos humanos”.

Según la Autoridad de Licencias Ambientales -ANLA, todo lo conversado y reflexionado durante la audiencia será tenido en cuenta para la evaluación del grupo de la Licencia Ambiental, después de ello la autoridad realiza su respectivo pronunciamiento oficial.

En el Periódico Regional EL SUROESTE hay espacio para todas las voces, consultamos a la Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico S.A.S.) sobre sus posturas frente a las inquietudes y peticiones de las comunidades.

EL SUROESTE: ¿Qué responde la concesionaria ante las denuncias emitidas en la audiencia pública sobre ‘avalúos injustos’?

CONCESIONARIA VIAL DEL PACÍFICO: “La adquisición de los predios es una actividad regulada por la legislación colombiana, y es efectuada por la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 105 de 1993. El primer momento dentro de este proceso es el reconocimiento o identificación del predio afectado por el proyecto vial, luego se elaboran insumos técnicos, jurídicos y sociales por profesionales de cada una de las áreas. Se continúa dando aplicación al artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, Ley de Infraestructura; para la preparación de los avalúos comerciales para la compra de predios para proyectos de infraestructura y las metodologías de elaboración de los mismos. Así las cosas, se aclara que los valores de los avalúos no son fijados por la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. ni por el Consorcio Constructor Pacífico 1″. 

EL SUROESTE: ¿Y sobre afectaciones a fuentes hídricas?

C.V.P: “El proyecto aplica el plan de manejo ambiental que hace parte de la Licencia Ambiental para proteger los cuerpos hídricos en el área de influencia, garantizando la atención de los posibles impactos a través de la protección de los cuerpos de agua, la instalación de obras de drenaje adecuadas y el seguimiento de la calidad del agua, a partir de monitoreos periódicos”.

EL SUROESTE: ¿Qué responde la concesionaria ante las preocupaciones frente al: aislamiento entre territorios, incremento en los costos de los pasajes y la canasta familiar; desarraigo, desaparición de empleos tradicionales en la región; falta de puentes, deprimidos y un intercambiador vial en un punto estratégico?

C.V.P: “Primero que todo resaltamos el legítimo derecho que tiene la comunidad de manifestar sus preocupaciones ante la autoridad ambiental. Referir a nivel general que el desarrollo de proyectos viales trae consigo unos cambios de comportamientos por parte de las personas, y adicionalmente nos hace un llamado a replantear la visión; pues se trata de una carretera con unas características especiales de diseño, velocidad, y que de esta resultan impactos positivos y negativos, para unos más, para otros menos, pero siempre deja a su paso e instalado un potencial de competitividad y progreso para la región. La ejecución de este tipo de carreteras nos han demostrado en muchas partes de Colombia y el mundo, que son dinámicas y que cambian de acuerdo con las necesidades en la medida que evoluciona el entorno y cambian los comportamientos de la población. Dentro del monitoreo de esta evolución y los efectivos cambios de comportamiento, es el gobierno quien puede tomar nuevas decisiones para ajustar la infraestructura a esas nuevas realidades”. 

EL SUROESTE: ¿Qué proceso sigue tras la indagación de la Defensoría del Pueblo y la evaluación de la ANLA?

C.V.P: “Luego de finalizada la audiencia pública, la ANLA formula y publica el acta levantada durante el evento, posteriormente, se toman un tiempo de aproximadamente un mes para finalizar la evaluación de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, tiempo durante el cual, deberán recibir el concepto técnico de Corantioquia y la información definitiva de los demás requisitos del trámite. Finalmente, y considerando el acta de la audiencia, la ANLA se pronuncia sobre la solicitud. Desconocemos la actuación que la ANLA pudiera tomar frente a la petición de la Defensoría del Pueblo”.

A propósito del tema, lea: 

Editorial: “¡Queremos desarrollo pero ¿A qué costo?!”

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