En Pueblorrico también dicen ‘No’ a la minería de metales

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Con Pueblorrico son 10 los municipios del Suroeste que le dicen ‘No’ a la minería de metales en sus territorios, la decisión fue tomada de manera unánime por el Concejo Municipal este jueves.

Según la concejala Liliana María Giraldo Jaramillo:

“Nosotros tuvimos una buena asesoría jurídica y esperamos que el acuerdo que aprobamos sea respetado. Hasta el momento aquí en el municipio no hay explotación minera pero queremos proteger la riqueza que tenemos en fuentes hídricas, además Pueblorrico es un pueblo cafetero, que se mueve por el campo, que es muy productivo y no queremos que la minería acabe con esto”. 

Con relación a los recursos naturales, Yamid González Díaz integrante del Cinturón Ambiental COA, afirma que el mayor conflicto del Suroeste no es exclusivamente la minería: “son  los conflictos que se generan sobre el agua, la biodiversidad, el patrimonio cultural y ambiental”. 

De los 23 municipios que conforman esta región: Támesis, Jericó, Urrao (cuyo acuerdo fue anulado por parte del Tribunal de Antioquia tras la demanda interpuesta por la Gobernación) Titiribí, Jardín, Betulia, Tarso, Concordia, Salgar y Pueblorrico, tras movilizaciones de sus mesas ambientales, reflexiones en las comunidades sobre la protección del agua, la conservación de la vocación agrícola y del patrimonio ambiental, han logrado pasar del dicho al hecho, y a través de los concejos municipales han visto representadas sus voluntades. 

Y como una forma de blindar aún más la determinación, en la mayoría de los municipios citados, los procesos para llevar a cabo consultas populares, también siguen en pie.

Para el abogado Luis Enrique Orduz:

“La posición del Gobierno es que las consultas populares no tienen efectos sobre la política minera porque ésta se decide desde el nivel central; sin embargo, lo que ha dicho la norma, lo que dice la Corte Constitucional es que al tener los entes territoriales, es decir, las alcaldías en cabeza del Concejo Municipal y del Alcalde, la competencia para definir los usos del suelo, es una competencia institucional, es una competencia legal”.

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