¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón…

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Que el sol se oculte detrás de las montañas, pero la verdad no, ¡no más!

En nuestra región los líderes ambientales, los grupos indígenas y las mujeres son los más afectados por casos de violencia: amenazas y asesinatos.

Fotografía: Comisión de la Verdad

Según Teresita Gómez, integrante de la Organización Subregional de Mujeres del Suroeste, “nosotras como mujeres creemos que hay que cambiar definitivamente esa cultura patriarcal y violenta, pero en la región sigue habiendo mucha resistencia al cambio”.

Durante este año (2019) se registraron feminicidios en los municipios de Hispania, Amagá, Fredonia y Santa Bárbara.

Según informes de Derechos Humanos citados por Teresita, el Suroeste es la segunda región del departamento con mayor número de violencias registradas hacia las mujeres.

“Nosotras como organización hacemos talleres, eventos, plantones, movilizaciones, pero no logramos ver mucha diferencia. La cultura debe dejar de resistirse, es necesario un cambio sistemático frente al tema”, expresa Teresita.

De igual modo, son frecuentes las amenazas a líderes ambientales y a los resguardos indígenas. Este año, según informes de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, se recrudeció la violencia en los resguardos y según registros del primer semestre del año, se presentaron dos homicidios, hubo dos menores de edad con heridas por balas perdidas y más de 10 amenazas de muerte en las comunidades de Jardín, Andes y Urrao motivados, de acuerdo con la ONIC, “por el control de las economías ilegales, dejando en medio del fuego cruzado a las comunidades indígenas”.

Son varios los factores que siguen intensificando la violencia en nuestro territorio: la histórica concentración de la tierra en pocas manos, la generalizada negación del conflicto armado en la región, la presencia de multinacionales, el microtráfico y la extorsión siguen afectando tanto a la población rural como a la urbana.

Feminicidios, nulas garantías de participación, homofobia, desapariciones forzadas y amenazas son evidentes. Por esto, ante tal panorama, en distintas regiones del país y el mundo, la ciudadanía responde con acciones legales y simbólicas. Pero en nuestra región es poca la existencia de estas, su visibilidad e incidencia.

Lo anterior, responde en gran medida por la histórica y mal llamada “limpieza social” que, según lo descrito por Gisela Andrea Aguirre en el libro “Trayectorias del paramilitarismo tras los acuerdos de paz”, se vivió fuertemente en los años 80 en los municipios de Andes, Jardín, Caramanta, Venecia y Urrao.

En el Suroeste antioqueño se perpetraron asesinatos y desapariciones forzadas de campesinos, líderes cívicos e indígenas acusados injustamente -por su liderazgo social- de colaborar con grupos subversivos.

Estos asesinatos además, según la investigadora Aguirre, fueron ejecutados en mayor medida por grupos paramilitares configurados en la región, que se caracterizaron por el total rechazo a la diferencia y a la tajante defensa de valores conservadores.

Según la Corporación Conciudadanía, la organización y reunión de la sociedad civil es fundamental para levantar una voz colectiva que haga visibles las problemáticas y necesidades de sectores específicos.

El sistema democrático en el que nos desenvolvemos necesita este tipo de iniciativas para garantizar en el tiempo la participación activa de todos los actores sociales.

Es necesario entonces que en nuestros municipios sigan gestándose procesos que hagan visibles las demandas de todos actores sociales.

Encontrémonos con los demás, hagamos visibles las necesidades que tenemos como sociedad civil, reunámonos en torno a la palabra y seamos defensores de nuestros derechos humanos.

“Es fundamental que en el Suroeste se fortalezcan las organizaciones. En la región hay una carencia organizativa, no solo a nivel regional sino a nivel local. Es necesario que la sociedad civil se piense su territorio desde sus apuestas para consolidar la democracia, para consolidar la libre expresión que los ciudadanos nos merecemos”.
Gloria Ríos Madrid, coordinadora Paz y Reconciliación (Conciudadanía)

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