Una reflexión sobre la reactivación económica de Colombia y la necesidad de redireccionar la mirada hacia el campo
Por Juan Felipe Lemos Uribe Senador de la República
La situación generada por la pandemia es muy crítica para la economía del país. No solo hablamos de los efectos negativos en materia sanitaria y de salud pública. El Gobierno Nacional ha tratado de hacer un esfuerzo muy importante para destinar recursos y atender las circunstancias de índole económica causadas por el Covid-19. Sin embargo, los recursos del Estado son limitados y la reapertura del país es necesaria.
Si no había reactivación y se mantenía la cuarentena, muchos más empleos se iban a perder; se han perdido entre 3.5 y 5 millones de empleos en este año 2020, una afectación grave con respecto a los años anteriores. Veníamos como una de las economías latinoamericanas de mayor crecimiento hasta febrero, pero una vez inicia la pandemia, esa curva de crecimiento tan importante se redujo al -1.5% con una incidencia en los ingresos de la Nación que afecta la inversión social en el país.
La reactivación económica planteada por el Gobierno Nacional tiene un componente muy importante; se trata de la discusión y aprobación del presupuesto general de la Nación para la vigencia entrante. Serán alrededor de 314 billones de pesos, en principio 53 billones van a ser destinados en inversión social. Lo que está plasmado en este presupuesto es hacer un esfuerzo muy grande en materia de expansión de gasto público para jalonar la reactivación económica del país.
Presupuesto histórico para la inversión social
El presupuesto para la inversión social de este año 2020 fue cercano a los 40 billones de pesos, están incluidos los recursos destinados a los programas sociales que venían con anterioridad y los necesarios para las medidas implementadas por el Gobierno durante el Estado de Emergencia: Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, y todos los temas de atención, apoyo y acompañamiento económico a las pequeñas y medianas empresas del país para facilitar los créditos.
Es la primera vez en la historia del presupuesto general de la Nación que se dispone una partida en materia de inversión social tan alta con respecto a vigencias anteriores. Desde el Congreso de la República tenemos la esperanza en que esos 53 billones de pesos puedan irrigarse en todo el territorio nacional, especialmente en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría a través de la generación y reactivación del empleo con la construcción de obra pública en diferentes sectores; como alcantarillados, infraestructura deportiva y de salud, y particularmente en el sector agropecuario. Una de las enseñanzas de esta pandemia es que el Gobierno Nacional debe volver la vista al campo colombiano, pues hace unos años concentró su atención en la locomotora minero energética.
Es necesario redireccionar la mirada
En otro tiempo, las exportaciones agropecuarias en Colombia generaban el grueso de las divisas. La pérdida de vocación agropecuaria que hemos tenido en los últimos años, nos demostró en esta época que es mucho más importante volver hacia esa dirección; esa es la batalla en la que estamos nosotros en este momento, discutiendo cómo logramos fortalecer el presupuesto para el sector agropecuario del país. En 2020 el presupuesto para el agro fue de 1.7 billones de pesos. Hasta el momento para la vigencia 2021, el sector agropecuario tiene un aumento del 1% con respecto al año anterior, es decir, 613 mil millones de pesos. Realmente es insignificante lo que se está aumentando frente a presupuestos como el de defensa que es de 39 billones de pesos, el de educación que es de 46.9 billones, o el de salud que está por el orden de los 35.7 billones de pesos. Es destacable que, por segundo año consecutivo, con respecto al presupuesto de educación se está honrando la palabra con las universidades públicas y todo el sector educativo, lo que permite mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones.
Queremos lograr que sectores que de cierta manera hoy sostienen el país en medio de esta crisis, puedan fortalecerse y ser puntales de la reactivación económica.
Los expertos en materia económica plantean que la única manera de reactivar las economías en países emergentes como el nuestro es a través de un gran esfuerzo fiscal de la Nación, que se vea redistribuido en todos territorios con la expansión de la obra pública y de los diferentes programas de atención social a la población más vulnerable del país. Pensamos que en Colombia deben ser puntales de la reactivación económica el fortalecimiento del sector agropecuario, el sector deporte, el sector cultural y el sector ciencia y tecnología; estos son los cuatro sectores más desprotegidos en materia presupuestal.
El gran reto del Presidente de la República, del Congreso, de los gobernadores y alcaldes es cómo logramos hacer sinergias entre todos para garantizar que los presupuestos se ejecuten de la mejor manera y blindarlos frente al fenómeno de la corrupción. Cuando hay expansión de recursos públicos también los problemas de corrupción aumentan. Habrá que tener especial cuidado.
El presupuesto general de la Nación
Colombia es tal vez uno de los países con menor recaudo en América Latina y el mundo. Estábamos hasta hace dos años en niveles de recaudo parecidos a países de la África Subsahariana, con 14%, frente a países como los del primer mundo que tienen un nivel de recaudo entre el 40 y 50%, lo que les da la posibilidad de hacer inversiones sociales altas. Este recaudo del 14% en Colombia era uno de nuestros grandes problemas; producto de la evasión, elusión y el contrabando, y de la incapacidad de la entidad recaudadora del Estado, de la DIAN, de controlar estos fenómenos que tenían un impacto negativo en los ingresos de la Nación.
El aumento de los recursos de inversión para la vigencia 2021 que ayudará a la reactivación económica del país, en parte tiene que ver con que en el Congreso de Colombia tomamos la decisión de fortalecer la DIAN para mejorar el recaudo nacional. La institución fue sometida a un proceso de reestructuración y de actualización tecnológica que en este último año permitió que de la proyección inicial de ingresos, fruto de esa modernización, en el mes de marzo se presentara un aumento superior a 4 billones frente a lo proyectado comparativamente con el recaudo anterior. Vamos a pasar de un recaudo de 136.3 billones de pesos de ingresos corrientes a 154.2 billones de pesos. La última reforma tributaria, además, permitió reducir impuestos a las empresas, que tenían tal vez una de las tasas impositivas más altas en América Latina y en el mundo, y esto ha ayudado de cierta manera a contralar la evasión de los grandes contribuyentes del país, lo que también mejora el nivel de recaudo.
Necesariamente economías como las nuestras, que no tienen un volumen significativo de ingresos, la única posibilidad que tienen de cumplir con el proyecto de reactivación y de expansión del gasto público es buscando fuentes de ingresos: 1) los ingresos propios, que dependen del flujo económico del país y del control de la entidad recaudadora, 2) la venta de activos fijos, el 20% de las acciones de Ecopetrol, por ejemplo, 3) el crédito o deuda, que será de 59.7 billones de pesos, cifra que puede variar. Una suma muy significativa que representa casi todo el presupuesto de inversión que tendrá el Gobierno Nacional el próximo año. Este es uno de los impactos de la pandemia; el país venía cumpliendo la regla fiscal con un nivel de endeudamiento sostenido con tendencia a la baja, siendo muy cumplido con las entidades multilaterales, pero las circunstancias cambiaron.
Desequilibrio en el sector rural
Desde el año 1991 inició la apertura económica en Colombia que generó que el sector productivo agropecuario del país ingresara a un escenario nuevo sin las condiciones necesarias para competir en los tratados de libre comercio, propiciando un desequilibrio en el sector rural. Desde ese momento el Gobierno y la dirección política de la Nación respaldaron el boom del desarrollo minero-energético, que empezó a generar unas divisas muy importantes para la Nación, este se convirtió hace 20 años en el sector que de cierta manera ha empujado y dinamizado la economía colombiana en detrimento de otros sectores como el agropecuario.
La pandemia nos ha demostrado que es necesario que ambos sectores convivan. No podemos seguir dejando a un lado el sector rural y agropecuario, es necesario empezar a fortalecerlo. En este presupuesto particularmente para la vigencia 2021, cuando comparamos las cifras de lo que se destina al sector agropecuario del país versus otros sectores, se da uno cuenta de que la inversión es realmente mínima, o es muy inferior a lo que se destina a otros sectores. A mi juicio no hay una visión equivocada, nadie puede negar que el sector minero-energético genera importantes ingresos al país, traducidos en la posibilidad de hacer inversiones en el corto, mediano y largo plazo para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero insisto, es necesario redireccionar la mirada hacia el sector rural.
El Congreso tiene la capacidad de discusión, pero no la capacidad de determinación; porque nosotros no podemos trasladar recursos de un lado a otro sin el visto bueno del Gobierno Nacional, el problema de la discusión del presupuesto general de la Nación radica en que el Congreso actúa como simple notario. Nosotros podemos discutir, podemos presentar las proposiciones, pero si en últimas el Gobierno no da el aval a esos cambios que nosotros solicitamos, pues no se pueden votar y materializar porque constitucionalmente se estableció que quien tiene la disposición de decidir sobre el gasto público es exclusivamente el Gobierno Nacional. En el Congreso discutimos y aprobamos, pero no podemos imponer nuestra voluntad. Sin embargo, las comisiones económicas están concentradas en garantizar que se puedan destinar más recursos para el sector agropecuario de ese monto que vamos a aprobar de 314 billones de pesos.
El ejercicio de gobierno tiene que ver también con el tema de priorización. Aquí se ha priorizado la salud, la educación, minas y energía. Por ejemplo, el presupuesto de minas y energía proyectado para 2021 es de 5.8 billones de pesos; 4.5 de ellos destinados a inversión, es decir, se va a hacer un gran esfuerzo en el tema del sector minero-energético. Si lo comparamos con el sector agropecuario, nos damos cuenta de que de esos 1.7 billones de pesos, que en principio se definieron, y esperamos sean más, 1.1 billones es para inversión. Hay una diferencia de más de 3.8 billones de pesos entre los dos sectores. Lo que indica que el presupuesto para la vigencia 2021 pareciera mantener la línea de seguir fortaleciendo el sector minero energético en detrimento del sector agropecuario. Esa es la gran lucha que estamos dando nosotros, porque qué hubiera sido del país sin la capacidad productiva del sector agropecuario, quién sabe en qué condiciones estuviéramos hoy porque es este sector el que ha sostenido la economía del país y la de los municipios nuestros, sobre todo en las regiones cafeteras, como el Suroeste de Antioquia.
El Suroeste de Antioquia es afortunado
El Suroeste es afortunado. Nosotros realmente pertenecemos a una región privilegiada. Si la comparamos con otras regiones del país, la crisis no nos ha afectado tanto, porque nuestra región tiene un sector agropecuario productivo muy consolidado, lo que ha permitido de cierta manera el sostenimiento en estas épocas de dificultad y de crisis.
Tal vez la cosecha que se empieza a recoger es una de las más importantes de los últimos años. Va a superar los 14 millones de sacos con unos ingresos muy importantes; serán alrededor de 1.5 billones de pesos los que se generarán por la recolección de la cosecha en el Suroeste cafetero de Antioquia. Esto nos da relativamente tranquilidad, en la medida en que va a haber una buena cosecha y existen unos buenos precios en el mercado que van a posibilitar a la gente tener recursos con un margen de utilidad y rentabilidad significativos. Sin embargo, no es suficiente. No basta la dinamización económica que genera el sector privado y el sector productivo de la región. Es necesario que el Gobierno Nacional haga un esfuerzo en materia de expansión del gasto público teniendo en cuenta que las finanzas municipales sí se vieron muy afectadas por la pandemia, debido al cierre de los negocios y las dificultades en la prestación de los servicios, porque esas condiciones tienen una incidencia y afectación directa en los presupuestos locales y territoriales que dependen básicamente de los tributos territoriales de industria y comercio y catastro. Sabemos que el grueso de los recursos que ingresan a los municipios provienen de estas fuentes, y escasamente alcanza para el pago de los gastos de funcionamiento.
En el presupuesto general de la Nación que vamos a aprobar en el Congreso, hay un componente muy importante de transferencias; pasamos de 121 billones de pesos a 136 billones de pesos, es decir, un incremento superior al 12.1%, que se verá reflejado en salud, educación, saneamiento básico, deporte y cultura, y un porcentaje mínimo en gastos de funcionamiento o libre destinación. El Gobierno ha entendido que una de las maneras de reactivar la economía es posibilitando que los municipios de quinta y sexta categoría puedan participan en las bolsas de reactivación económica de las diferentes entidades del país.
Son alrededor de 14.8 billones de pesos que se invertirán en los municipios del país. Adicionalmente, en Antioquia se firmaron los acuerdos municipales; para el Suroeste se firmaron 462 proyectos, y esta es otra fuente de inversión significativa.
Los alcaldes hoy tienen la responsabilidad de plantear proyectos para presentarlos antes de que finalice el año a las diferentes entidades del Gobierno Nacional. El 2021 será un año sin precedentes en materia de inversión pública en los municipios, pero depende en gran medida de la capacidad de los alcaldes de adelantar la gestión y llevar los proyectos a fase tres. Los recursos están dispuestos y serán distribuidos en sectores como vivienda, transporte, deportes, protección social y saneamiento básico con acueducto y alcantarillado.
