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En el Suroeste antioqueño, los hechos registrados recientemente han vuelto a despertar preocupación en las comunidades. En medio de agresiones extremas, asesinatos, desapariciones y operaciones militares, la región atraviesa un momento crítico que exige respuestas institucionales y un mayor compromiso social frente al cuidado de la vida. Las historias que se conocen -algunas mediáticas, otras casi invisibles- revelan un territorio que sigue enfrentando dinámicas complejas de violencia, exclusión y criminalidad.

  • En Amagá, la indignación crece entre quienes conocieron el caso de Paula, una mujer habitante de calle que fue atacada brutalmente bajo el puente de La Jabonería. La víctima fue incinerada, lo que le dejó quemaduras devastadoras en su rostro y cabeza. Treinta días después del ataque, Paula permanece hospitalizada en un centro asistencial de Bello, donde ha sido sometida a múltiples cirugías reconstructivas.

El caso causó revuelo entre algunos habitantes que lamentan el silencio institucional y la falta de pronunciamiento público. La denuncia ciudadana señala que, a diferencia de otras noticias amplificadas en redes, la agresión contra Paula pasó casi desapercibida por tratarse de una mujer en situación de calle. Vecinos y conocidos han insistido en que era una persona trabajadora, dedicada al reciclaje y con un carácter tranquilo.

A esta situación se suma el hallazgo del cuerpo sin vida de Yair Stiven Espinosa Giraldo, reportado como desaparecido desde el 1 de noviembre. El cuerpo del joven fue encontrado en Minas. La comunidad lamentó profundamente su muerte y pidió esclarecimiento de los hechos.

  • La crisis de seguridad en Andes alcanzó un punto límite: el municipio ya no tiene bóvedas disponibles para realizar sepulturas. Con 60 asesinatos en 2025, las cifras representan un incremento del 300 % frente al año pasado. La violencia ha desbordado la capacidad del cementerio municipal y ha dejado en la población una sensación de desamparo y miedo. Líderes comunitarios han pedido medidas extraordinarias.
  • En Betania, una mujer de 80 años resultó gravemente herida tras ser atacada dentro de su vivienda durante un presunto robo. La víctima sufrió fracturas y permanece hospitalizada. Lo que generó aún más indignación, es que el presunto agresor habría quedado en libertad debido a que fue capturado en un lugar distinto al sitio del ataque.
  • En Betulia, la violencia golpeó directamente a la Fuerza Pública. Dos policías, subintendentes: Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, fueron asesinados mientras realizaban patrullajes en el corregimiento Altamira. Las autoridades departamentales anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables. En la zona operan estructuras del Clan del Golfo y las disidencias del Frente 34 de las Farc, lo que mantiene elevada la tensión en el municipio.
  • En Ciudad Bolívar, familiares de Luis Aníbal Palacio Rivas, empresario y líder reconocido en el sector de bienes raíces, confirmaron que su cuerpo fue identificado en Medicina Legal de Medellín tras más de tres años desaparecido. La noticia, aunque dolorosa, permite a la familia cerrar un ciclo de angustia. Su desaparición, ocurrida en 2022, fue un hecho ampliamente comentado en la región debido al aprecio y la trayectoria del empresario.
  • En Concordia, el Gaula Militar Valle de Aburrá capturó a alias ‘Diomedes’, presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo. Durante la operación se incautaron armas, motocicletas y estupefacientes, y se registró la muerte de otro presunto integrante del grupo. La captura sería clave para esclarecer recientes incursiones armadas en Betulia y para disminuir los cobros extorsivos a varios gremios del sector.
  • En zona rural de Urrao, un campesino de 54 años perdió un pie tras pisar una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas en la vereda Pavón Llanogrande. El hecho reaviva la preocupación por la presencia de artefactos explosivos en áreas rurales del Suroeste, donde varias comunidades continúan expuestas a amenazas invisibles que afectan su vida cotidiana.
  • En Salgar, sigue la preocupación por la desaparición de Santiago Corral Jaramillo, un joven de 28 años que trabajaba en labores agrícolas en la parte alta de la Hacienda Troya. Santiago desapareció el 2 de noviembre de 2025 y, hasta el momento, no se tienen pistas claras sobre su paradero. Su familia y habitantes del municipio continúan solicitando información y el acompañamiento de las autoridades para avanzar en la búsqueda.
  • En Venecia, tras una semana de búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida de Emiliana Castrillón, joven de 19 años desaparecida desde el 1 de noviembre. Su cuerpo fue encontrado en la parcelación El Bazal. Un video de cámara de seguridad muestra que la última vez que fue vista caminaba con un hombre, cuya identidad está siendo investigada por las autoridades. El caso generó consternación entre los habitantes del municipio, quienes exigen que el crimen sea esclarecido y se haga justicia.

Cuidar la vida: una responsabilidad urgente y compartida

Cada herida, cada desaparición, cada asesinato y cada silencio institucional cuestionan nuestra capacidad para proteger la dignidad humana. Cuidar la vida implica fortalecer las instituciones, garantizar rutas de protección para mujeres, campesinos, adultos mayores y poblaciones vulnerables, y promover una cultura donde ninguna persona sea invisible.

Frente a la violencia que se repite, la región necesita unidad, acompañamiento y decisiones que pongan en el centro a quienes más necesitan ser escuchados y protegidos. La vida es sagrada, y defenderla debe ser el propósito que guíe cada acción, cada política y cada comunidad.

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