La empresa Carbones San Fernando, una de las principales unidades mineras de la cuenca de La Sinifaná, fue declarada en liquidación judicial desde el 28 de octubre, según registros de la Superintendencia de Sociedades. La decisión dejó sin empleo a más de 240 trabajadores. Aunque en noviembre iniciaron trabajos de mantenimiento en la mina a través de un operador, los mineros decidieron hacer un plantón el jueves 4 de diciembre, en las instalaciones de la mina, en el que exigieron claridad sobre el proceso, la protección de sus acreencias laborales y conocer al liquidador.
La información oficial señala que la empresa enfrenta obligaciones vencidas por gastos administrativos que superan los $4.198 millones. Tras la inviabilidad del acuerdo de reorganización, el juez del proceso designó a Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes como liquidador, quien explicó que la prioridad será pagar las deudas según la prelación legal, comenzando por pensionados, indemnizaciones y obligaciones laborales.
El liquidador, Rodrigo Tamayo informó que, para evitar el deterioro de los activos y garantizar su mantenimiento, se firmó un contrato temporal de operación con la empresa Minercoal. Dicho acuerdo permitirá cubrir los costos mensuales de energía, seguridad, arriendo del terreno y mantenimiento de la mina, además de generar ingresos para el proceso de liquidación. La operación continuará mientras se adelanta la búsqueda de un comprador para la unidad productiva.
Durante el encuentro con los trabajadores, el liquidador indicó que la recolección de acreencias estará abierta hasta el 28 de diciembre y que toda la información deberá ser presentada ante el juez del caso. Asimismo, aclaró que la posible vinculación laboral de los trabajadores con el operador temporal no está definida dentro del proceso de liquidación y depende exclusivamente de las decisiones contractuales de esa empresa.
Los trabajadores también manifestaron preocupación frente a antecedentes de procesos de liquidación en el municipio. Según el concejal de Amagá, León Fabio Gaviria, experiencias como la de Industrial Hullera han generado incertidumbre en la comunidad minera debido a la duración de los trámites y los tiempos para el reconocimiento de las acreencias. El concejal señaló que, por ello, es fundamental que los afectados presenten sus documentos dentro de los plazos establecidos y sigan el curso del proceso a través de los mecanismos oficiales.
La Administración Municipal, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Minería, acompañó el diálogo para facilitar la entrega de información entre las partes. La Alcaldía reiteró la importancia de mantener comunicación permanente con los trabajadores mientras avanza el proceso judicial.
El liquidador recordó que la liquidación se adelanta bajo los lineamientos de la Ley 166, que incorpora procedimientos más ágiles que normativas anteriores. Agregó que el estado del proceso, las providencias y los documentos asociados pueden ser consultados en la plataforma “Baranda Virtual” de la Superintendencia de Sociedades.
Mientras avanza la liquidación, la operación temporal en la mina busca mantener la unidad productiva en condiciones aptas para su eventual venta. Según el liquidador, una vez se concrete un comprador, los recursos se destinarán al pago de las obligaciones según el orden legal y bajo la supervisión del juez competente.
