Estudiantes de la Universidad de Antioquia demandaron el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 (Código de minas) que prohibía que los concejos tomaran la decisión de si permitir o no la actividad minera en sus localidades; «(…)ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería (…)», expresa el artículo. Los estudiantes argumentaban que dicho artículo era inconstitucional porque solo una Ley Orgánica lo puede establecer y el actual Código Minero no lo es.
Además argumentaron que en dicho artículo se vulneraba el principio de la autonomía territorial que defiende la Constitución, puesto que se imponía la voluntad del poder central. Actualmente la aprobación de los Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial (EOT O POT) en cada municipio colombiano está en manos de los Concejos Municipales y entre otros temas, el EOT determina el uso del suelo de dicho municipio.
El Magistrado Alejandro Linares era el encargado hoy de presentar su ponencia en contra de la demanda ante la Corte. Según lo informó el portal La Silla Vacía “la ponencia del magistrado Alejandro Linares no le daba la razón (a la demanda), argumentando que ese artículo ya había sido demandado ante la Corte y ésta había dicho que era constitucional. Es decir, lo que formalmente se llama cosa juzgada.
Dicha ponencia tuvo 4 votos a favor y 5 en contra y ahora las autoridades locales podrán decidir qué zonas estarían excluidas de manera permanente o transitoria de estas actividades mineras. Además la comunidad podrá presentar ante los concejos municipales la intención de aceptar o no el desarrollo de proyectos mineros y en caso de negarse ala actividad no tendrían que acudir a mecanismos más complejos como la consulta popular.
Aun no todo está dicho, pues la próxima sesión de la Corte la magistrada Gloria Stella Ortiz será la encargada de elaborar una nueva ponencia con la postura mayoritaria de la Corte Constitucional frente al tema. Además, la mayoría de los senadores y representantes a la cámara, pueden aprobar una Ley Orgánica que permita que esta potestad les sea revocada a los Concejos municipales.
