Por Jaime Arturo López Castro
Docente Universidad de Antioquia
jaime.lopez@udea.edu.co
En la actualidad Colombia atraviesa por un momento político importante. Los concejos municipales y las asambleas departamentales tienen en sus manos los documentos preliminares de planes de desarrollo que fueron presentados por alcaldes y gobernadores para su aprobación.
Previo a esto, según la ley, los candidatos elegidos debieron pasar por un proceso de consulta y de presentación de propuestas a la ciudadanía y diferentes sectores, para fortalecer lo que fue el programa de campaña y acercarse más a un pensamiento general de ciudad y de departamento y salirse del marco estrecho de su partido y sus seguidores. Luego, las propuestas debieron pasar por el Consejo Territorial de Planeación para emitir un concepto y las respectivas recomendaciones, entregado en los tres primeros meses posteriores a la elección de los mandatarios. Los concejos municipales y las asambleas departamentales tienen hasta el 31 del mes de mayo para emitir las respectivas aprobaciones de las propuestas de planes presentados por los dignatarios elegidos.
Esa es al menos la agenda definida en la Ley 152 de 1994 y es lo que cualquier lector puede consultar en términos de instancias, tiempos, y actores de la planeación del desarrollo en los departamentos, los distritos, municipios y territorios indígenas de nuestro país. Eso es lo normativo, pero no necesariamente es lo que ocurre.
Por estos días aparecen en las redes sociales y en los medios comunitarios del departamento, manifestaciones de grupos y ciudadanos que se quejan por incumplimientos en los procedimientos estipulados en la ley para la garantía por parte de los nuevos alcaldes y gobernadores, de los principios constitucionales del derecho a la participación. Es frecuente que los gobernantes desconozcan las promesas que hicieron en campaña y que no garanticen los procedimientos efectivos para que los diferentes sectores organizados y los ciudadanos, tengan voz en la formulación del Plan de Desarrollo.
Solo por mostrar un caso; las organizaciones sociales y pobladores del corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín, vienen en una tarea de varios meses que busca el retiro de la licencia al Centro Industrial del sur, El Guacal, que fue ubicado en 2004 a pocos kilómetros del parque principal del corregimiento para la disposición de los desechos sólidos de varios municipios del Área Metropolitana, incluso de municipios del Suroeste. El tema es que en campaña, el actual gobernador se comprometió con algunos líderes sociales y políticos del corregimiento con el apoyo al cierre del Guacal, y hoy estaría promoviendo que la licencia no sea retirada. Hechos como este golpean directamente uno de los factores fundamentales para la garantía de la participación en política como es la confianza. Sin confianza, el ciudadano y los actores políticos colectivos se sienten solitarios y acuden a las protestas masivas o a la garantía de la justicia por actores que actúan de facto, lo que ningún sistema democrático reconoce como legítimo.
Un sistema democrático como el que muchos llevamos en el imaginario, no puede generar la costumbre a los ciudadanos de luchar por reivindicaciones y la garantía de las necesidades fundamentales por las vías de hecho, acciones colectivas, plantones, etc., que, aunque son figuras también reconocidas en el estudio de lo político, su uso es más común en sistemas dictatoriales que motivan a la resistencia frente a decisiones que desconocen las realidades y la voz de los que en la cotidianidad habitamos los territorios. Lo que no puede ser aceptable en últimas es que los ciudadanos tengan que organizarse y luchar por las cosas a las que tienen derecho por ley: la salud, la educación, la protección del medio ambiente, la seguridad.
La participación ciudadana es un pan caliente que muchos gobernantes no entienden en sus dimensiones complejas o entienden funcionalmente para ponerla al servicio de intereses privados y no al interés del bien común, como dictan los manuales de Ciencia Política. El inolvidable Estanislao Zuleta nos dijo en alguno de sus textos dedicados a la participación política que se habían institucionalizado tres modalidades de participación ciudadana. Una es cuando al ciudadano lo invitan a que se entere de lo que se va a realizar en su barrio o vereda. Ese es un nivel que falsamente han llamado de participación porque es más divulgación. El otro nivel, es cuando invitan al ciudadano a participar de alguna forma, en lo que ya se ha decidido realizar. Puede ser con su mano de obra, a partir de convites, etc. Y el nivel ideal para Zuleta, consiste en que el gobernante consulte las soluciones y las iniciativas con la comunidad. Eso para el escritor es participación.
No obstante, creo que al escritor le faltó un nivel que legitima el acto de participar porque en nuestra realidad, son muchos los gobernantes que consultan y elaboran planes de desarrollo con las comunidades organizadas pero al final no se les tiene en cuenta en los resultados finales del ejercicio. Es decir, los ciudadanos y las comunidades hablan y luego no aparecen por ninguna parte sus propuestas. Más humillante que no ser llamado, es que a uno lo llamen y lo pongan a “dar lora” como se dice coloquialmente y después las propuestas no aparezcan por ninguna parte, incluso, que aparezcan propuestas contrarias a las que se hicieron en las etapas de consulta y elaboración de los planes. ¿Estará ocurriendo esto en su municipio?
Lo que no puede ser aceptable en últimas es que los ciudadanos tengan que organizarse y luchar por las cosas a las que tienen derecho por ley: la salud, la educación, la protección del medio ambiente, la seguridad.
