Cuatro madres cabeza de familia fueron contratadas para realizar labores de limpieza y embellecimiento del parque principal de Amagá como parte de una medida de reparación integral acordada dentro de un proceso por hurto. Tras el cumplimiento de esta acción, un juez declaró la preclusión del proceso.
Las autoridades dieron a conocer la aplicación de una medida de reparación integral dentro de un proceso judicial contra dos personas investigadas por un hurto ocurrido aproximadamente dos meses atrás en varias fincas ubicadas en las afueras del municipio. Según la información obtenida, los dos hombres ingresaron a las propiedades y sustrajeron televisores, guadañas y otros elementos de jardinería. Fueron sorprendidos por administradores de las fincas, capturados y posteriormente puestos a disposición de las autoridades.
Por estos hechos fueron procesados por hurto calificado y agravado. Uno de ellos recibió medida de aseguramiento en el centro de reclusión de Amagá y el otro permanecía bajo detención domiciliaria. Durante el proceso, la defensa propuso acogerse a la figura de reparación integral, contemplada en el artículo 78A de la Ley 906, Código de Procedimiento Penal.
“Se denomina reparación integral precisamente porque, al aplicarse en ciertos delitos, permite que la investigación penal, una vez se cumpla con los presupuestos de la norma, se extinga”, explicaron las autoridades.
Debido a que los elementos hurtados habían sido recuperados, las víctimas aceptaron que la reparación no fuera económica para ellas, sino que se realizara una acción simbólica en beneficio del municipio. Como parte de esta medida fueron contratadas cuatro madres cabeza de familia y líderes comunitarias para realizar labores de aseo y embellecimiento del parque principal de Amagá. El pago por este trabajo estuvo a cargo de los procesados.
La actividad tuvo que ser realizada por terceras personas debido a las medidas de aseguramiento que cumplían los dos implicados. “Como uno de ellos estaba en centro carcelario y el otro en detención domiciliaria, no se podía levantar la medida para que ellos vinieran a hacer dicha actividad”, explicaron las autoridades.
La jornada se realizó el domingo 4 de octubre. Posteriormente, con una certificación de la Alcaldía de Amagá, que también acompañó la actividad, el 5 de octubre un juez declaró la preclusión del proceso. La petición de perdón y la reparación simbólica permitieron cumplir con los requisitos establecidos para esta salida jurídica. Las autoridades destacaron que este tipo de medidas buscan que la reparación de las víctimas pueda trascender el componente económico y generar también acciones con impacto colectivo.
“Que no solamente las reparaciones integrales sean en un sentido económico, sino también en un sentido simbólico, que le permitan a la sociedad tener en cuenta la magnitud de los delitos, pero también le permitan buscar una genuina y auténtica reconciliación y un verdadero matiz de construcción del tejido social”, explicaron las autoridades.
En los últimos años no se había realizado en Amagá una reparación simbólica de estas características, en la que la acción acordada tuviera un beneficio para el municipio. Por ello, podría tratarse de la primera experiencia de este tipo en el ámbito local. Las autoridades señalaron que este tipo de alternativas también buscan promover procesos de resocialización y reparación con impacto social, además de las sanciones contempladas por la ley.
