La concesionaria Covipacífico, responsable del proyecto vial Pacífico 1, anunció que a partir del 27 de enero se implementarán cierres en el sector de Las Areneras, en el municipio de Amagá, con el fin de adelantar las obras de construcción del denominado Retorno 2 – Paso Nivel, una intervención contemplada dentro de las obligaciones ambientales y técnicas del corredor vial.
La decisión fue socializada en una reunión virtual sostenida entre representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, la concesionaria Pacífico 1 y varios mandatarios del Suroeste antioqueño. Posteriormente, el alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina Molina, confirmó públicamente la nueva fecha de inicio, que difiere del cronograma inicialmente difundido en diciembre, el cual señalaba el 13 de enero como punto de partida de las restricciones.
El anuncio reactivó la preocupación entre autoridades locales, gremios transportadores y comunidades del Suroeste, quienes advierten que el cierre, aun cuando sea parcial y por franjas horarias, podría generar afectaciones significativas en la movilidad, la economía regional y el acceso a servicios esenciales, debido a la ausencia de rutas alternas en condiciones óptimas.
La intervención corresponde a la construcción de un retorno vehicular solicitado desde hace varios años por comunidades, transportadores y actores locales, y que no hacía parte del diseño inicial del proyecto Pacífico 1. En 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA ordenó al concesionario, mediante la Resolución 1782, implementar una solución de movilidad en el sector Paso Nivel – Las Areneras, reconociendo la necesidad de mejorar la seguridad vial en el tramo.
Sin embargo, la complejidad técnica del sector ha generado un amplio debate. La obra implica la remoción de cerca de 600.000 metros cúbicos de material, la intervención de taludes que superan los 110 metros de altura y la construcción de terrazas, sistemas de drenaje, anclajes y estabilización del terreno, lo que obliga a realizar cierres temporales para mitigar el riesgo de desprendimientos sobre la vía.
Desde 2024, la posibilidad de un cierre prolongado en Las Areneras ha sido motivo de rechazo en el Suroeste antioqueño. En noviembre de ese año, líderes comunitarios, transportadores y autoridades departamentales expresaron su oposición a una propuesta inicial que contemplaba cierres de hasta 20 meses, advirtiendo consecuencias económicas y sociales de gran magnitud para una región que moviliza millones de pasajeros al año.
La tensión alcanzó su punto más alto el 17 de agosto de 2024, cuando se realizó una movilización regional en rechazo al eventual cierre. En esa jornada, alcaldes del Suroeste, gremios productivos y ciudadanos solicitaron alternativas técnicas como la construcción de un túnel falso, la ejecución nocturna de las obras o el cierre de un solo carril, con el fin de mantener la circulación vehicular.
Aunque posteriormente se anunciaron ajustes al cronograma y se redujeron los tiempos inicialmente propuestos, el tema volvió a la agenda pública en diciembre de 2025, tras la circulación de un volante que anunciaba cierres prolongados, información que Covipacífico calificó como parte de un proceso de socialización previo a la decisión definitiva de la ANI.
De acuerdo con lo expuesto por el alcalde Wilser Molina, durante la reunión más reciente se planteó que los cierres podrían realizarse hasta por cinco horas diarias, aunque la concesionaria señaló que no todos los días se requeriría el tiempo máximo y que se establecerían protocolos para la atención de emergencias.
No obstante, mandatarios locales y representantes del sector transporte manifestaron su inconformidad, señalando que las condiciones actuales -entre ellas el incremento de costos operativos y la falta de adecuación de vías alternas- hacen inviable un cierre diurno sin afectar gravemente a comerciantes, transportadores, trabajadores y usuarios del corredor.
Uno de los puntos reiterados es que varios compromisos previos, como la mejora integral de rutas alternas y la implementación completa de medidas de mitigación, no se han cumplido a cabalidad, lo que incrementa la incertidumbre frente al inicio de los cierres.
Mientras Covipacífico y la ANI avanzan en la definición del cronograma definitivo y de los protocolos operativos, alcaldes del Suroeste han anunciado que buscarán una posición conjunta para exigir que las obras se ejecuten con la menor afectación posible a la región.
El cierre en el sector Las Areneras se perfila nuevamente como un tema de alto impacto regional, en el que confluyen la necesidad de mejorar la infraestructura vial y la exigencia de garantizar la movilidad, la actividad económica y la seguridad de los más de 400.000 habitantes del Suroeste antioqueño.
¿Qué se ha anunciado para el inicio del cierre?
De acuerdo con lo informado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y la concesionaria Pacífico 1, el cierre en el sector de Las Areneras se daría a partir del 27 de enero, como parte del inicio de las obras del retorno Paso Nivel. Según lo expuesto en las reuniones más recientes, el planteamiento contempla cierres por franjas horarias, aunque no se ha definido públicamente un cronograma detallado, ni se ha precisado de manera oficial el número exacto de horas diarias, más allá de lo manifestado en los espacios de concertación con autoridades locales.
Desde la administración municipal de Amagá se ha insistido en que no existe claridad suficiente frente a la duración total del cierre ni sobre las condiciones definitivas de operación, especialmente en lo relacionado con la atención de emergencias, el tránsito de transporte público y de carga, y la funcionalidad real de las rutas alternas.
Posición de los alcaldes del Suroeste
Tras conocerse el anuncio del posible cierre a partir del 27 de enero, los alcaldes de la región del Suroeste sostuvieron una reunión con representantes del transporte público, del transporte de carga, de la asociación de volqueteros de Antioquia y con comerciantes de la región.
Al respecto, el alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina Molina, informó que los mandatarios adoptaron una posición conjunta de no permitir cierres diurnos en el sector Las Areneras. Según indicó, los alcaldes exigen a la ANI y a Pacífico 1 que las obras se ejecuten en horario nocturno, específicamente entre las 9:00 de la noche y la 1:00 de la mañana, con el fin de evitar impactos sobre la movilidad diaria, el acceso a servicios de salud, el desplazamiento de estudiantes y la actividad económica de la región.
El mandatario reiteró que las administraciones locales no se oponen a la ejecución de las obras, pero sí a que se adopten medidas que, según su postura, profundicen las dificultades económicas y sociales del Suroeste antioqueño.
En los escenarios de diálogo se ha mencionado el uso de vías alternas para mitigar el impacto del cierre; sin embargo, autoridades locales han advertido que no todas se encuentran habilitadas o en condiciones óptimas, y que algunas presentan restricciones por obras en ejecución o limitaciones para el tránsito de vehículos de emergencia y de carga.
Desde el municipio de Amagá se ha señalado que estas condiciones generan preocupación frente a la atención de urgencias médicas y al aumento de los tiempos de desplazamiento hacia Medellín y otros municipios del área metropolitana.
Ampliación temporal del Peaje de Amagá
En paralelo al anuncio del cierre, Covipacífico informó que desde el lunes 12 de enero de 2026 entró en operación la ampliación temporal del Peaje de Amagá, la cual incluye tres carriles adicionales, uno de ellos exclusivo para pago electrónico.
Según la concesionaria, esta medida busca mejorar la operación del peaje y reducir los tiempos de espera, especialmente en el sentido Medellín – Amagá, y contribuir a mitigar parcialmente los efectos que podrían generarse con las obras en el sector Las Areneras.
Mientras continúan las conversaciones entre autoridades locales, gremios y entidades nacionales, el cierre del sector Las Areneras permanece como un tema abierto. Los alcaldes del Suroeste han insistido en la necesidad de nuevas mesas de concertación que permitan definir un esquema de intervención que garantice la seguridad vial sin comprometer la conectividad y el desarrollo económico de la región.
