El jueves13 de marzo de 2025, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Amagá, se llevó a cabo una reunión crucial. Con la presencia de alcaldes, líderes gremiales, transportadores y ciudadanos, el objetivo fue discutir el impacto del incremento en la tarifa del Peaje Amagá y conformar un Comité Cívico que represente los intereses de la región ante las entidades responsables.
El mensaje fue claro: los municipios de la Cuenca de la Sinifaná (Amagá, Fredonia, Titiribí y Venecia) exigen una tarifa diferencial, incluso los alcaldes de otros municipios del Suroeste se sumaron a esta petición.
El alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina, expresó su inconformidad: “nos parece injusto nosotros tener que pagar una tarifa full cuando nos beneficiamos de cinco kilómetros. Además, se cuestionó la posible restricción del tránsito de motocicletas por el Túnel de Amagá de la recién entrada en operación Unidad Funcional 2 de Pacífico 1, lo que afectaría a quienes dependen de este medio de transporte para trabajar o estudiar.
El alcalde de Fredonia, Aldubar Vanegas, insistió en la necesidad de ajustar la tarifa: “nos están cobrando como si recorriéramos toda la doble calzada, cuando en realidad sólo usamos cinco kilómetros. Nuestra gente no puede asumir este costo desmedido”.
Por su parte, el alcalde de Titiribí, Alex David Restrepo, respaldó la solicitud con argumentos jurídicos: “la Ley 105 de 1993 establece que los peajes deben fijarse en proporción a las distancias recorridas. Ya existen precedentes donde se ha otorgado una tarifa diferencial en casos similares, como en los peajes de Trapiche y Donmatías. No estamos pidiendo algo imposible, estamos exigiendo equidad”.
La representante de la ANI, Diana Yolima Gutiérrez, explicó que el incremento del 209% en la tarifa del Peaje Amagá estaba contemplado en el contrato y que, para mitigar su impacto, se decidió aplicarlo de manera gradual en cinco etapas.
Aclaró que la confusión sobre el porcentaje del aumento se debe a una interpretación errónea en algunos medios. El incremento aplicado en esta primera fase fue del 20% sobre la diferencia entre la tarifa anterior ($11.800) y la proyectada ($32.000), lo que equivale a aproximadamente $4.000. A esto se sumaron 100 pesos adicionales, correspondientes al 1.8% del IPC de 2024, un ajuste que se había suspendido en 2023 por decreto gubernamental.
Reiteró que la ANI está abierta al diálogo y dispuesta a analizar las inquietudes de la comunidad, pero enfatizó que las tarifas están establecidas en el contrato y deben cumplirse. Aunque en este encuentro no se tomarían decisiones inmediatas, aseguró que llevarán las solicitudes presentadas para su evaluación en próximas mesas de trabajo.
Desde la Concesionaria Vial del Pacífico (Pacífico 1), el director de Sostenibilidad, Diego Carvajal, reafirmó su compromiso: “hemos estado en el territorio, atendiendo las inquietudes de los diferentes sectores. Nuestro papel es facilitar la comunicación con la ANI y el Ministerio de Transporte para encontrar soluciones que beneficien a todos”.
La alcaldesa encargada de Jericó, Margarita Ríos, advirtió que, aunque su municipio se ha beneficiado de la infraestructura vial, el aumento del peaje afecta gravemente su economía. Señaló que la vía de acceso a Jericó ya implica costos elevados en transporte y combustible, por lo que un incremento en la tarifa del peaje solo profundiza el aislamiento de su comunidad, que depende de Medellín para servicios esenciales como salud y educación.
Por su parte, el alcalde de Betulia, Camilo Serna, criticó que, tras años de espera por las obras viales, lo que reciben es un peaje que encarece la vida de la población. Destacó que el 90 % de los habitantes de su municipio dependen del transporte público, por lo que este aumento afectará directamente su economía. “Exigimos que se considere nuestra situación”, enfatizó.
Otros testimonios
Mónica Vélez, gerente de Comutran: “transportamos a quienes trabajan y estudian en Medellín. Hemos hecho un esfuerzo por no subir las tarifas, pero con este incremento del peaje, será insostenible. La comunidad terminará asumiendo este golpe”.
Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros -ATPA y director ejecutivo de la Corporación Unión de Transportadores –UTRANS: “nos preocupa que la tarifa diferencial se vuelva un beneficio imposible de acceder, como ha ocurrido en otras concesiones. Necesitamos reglas claras y aplicables”.
Luis González, presidente de la Asociación de Volqueteros Unidos de Antioquia: “transportamos materia prima para industrias clave. Si los costos del peaje siguen subiendo, muchas empresas del sector no podrán sostenerse”.
Enrique Cardona, representante del sector carbonero: “en cuatro meses nos han subido el peaje tres veces. Necesitamos una tarifa social o este aumento pondrá en crisis a la minería en la región”.
Antonio Barrientos, representante del sector turístico: “el turismo del Suroeste antioqueño está en riesgo. Una tarifa tan alta desincentiva las visitas y encarece la operación de pequeños empresarios y artesanos”.
Santiago Toro, representante de los estudiantes: “el aumento del peaje pone en riesgo el acceso a la educación. No podemos elegir entre pagar el transporte o los estudios. Necesitamos soluciones reales”.
Jorge Ossa, microempresario caficultor y turístico: “nos prometieron desarrollo con esta vía, pero lo que vemos es que los costos nos están dejando por fuera del mercado. No se puede hablar de progreso si las comunidades terminan perjudicadas”.
Fabio Gaviria, concejal de Amagá: “no es justo que los habitantes que apenas se desplazan dentro de la región paguen lo mismo que quienes hacen recorridos largos. La solución es una tarifa diferencial con requisitos viables para todos”.
Alex Serna, personero de Amagá: “la ANI ya ha otorgado tarifas diferenciales en otras concesiones, como en el peaje de La Pintada, donde lograron una reducción del 50 % para los habitantes de los municipios cercanos. No hay justificación para que no se aplique el mismo modelo aquí. Exigimos equidad”.
Sobre la conformación del Comité Cívico
Este comité reúne a alcaldes, concejales, transportadores, gremios productivos y líderes comunitarios, quienes trabajarán en una propuesta para garantizar tarifas más equitativas. En total, el Comité Cívico quedó conformado por 23 integrantes:
✅ Alcaldes de la Cuenca de la Sinifaná:
- Amagá: Wilser Darío Molina
- Titiribí: Alex David Restrepo
- Venecia: Natalia Orozco Loaiza
- Fredonia: Aldubar de Jesús Vanegas Marín
✅ Concejales: dos representantes por cada municipio de la Cuenca de la Sinifaná (Amagá, Titiribí, Venecia y Fredonia).
✅ Representantes de las provincias del Suroeste (San Juan, Penderisco y Cartama).
✅ Representantes del sector transporte y productivo:
- Pasajeros y transporte público: Juan Pablo Acosta (Presidente de ATPA y director ejecutivo de UTRANS).
- Sector de carga y producción: Jorge Mario Giraldo (Director ejecutivo de PROSUR).
- Volqueteros: Eliécer Cardona y Gabriel Posada.
- Turismo: Óscar Andrés Sánchez (exalcalde y Director de Turismo de la Gobernación de Antioquia).
- Líder comunitario: Juan Pablo Agudelo Laverde (Presidente del Consejo Territorial de Planeación de Amagá).
Este comité será el encargado de liderar las negociaciones con la ANI y Pacífico 1, acordando soluciones viables frente a la tarifa del peaje y su impacto en la región.
El alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina, cerró la reunión enfatizando en la urgencia de soluciones: “estamos abiertos al diálogo, pero si no recibimos respuestas claras en los próximos días, la comunidad tomará medidas para defender sus derechos”.
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