Este lunes 16 de junio de 2025, antes del mediodía, conocimos el fallo del juez que absolvió a los 11 campesinos judicializados por la multinacional AngloGold Ashanti. La decisión judicial fue recibida por muchos como un acto de justicia y una victoria histórica para las comunidades que defienden el agua, la vida y el territorio.
Desde hace más de 15 años, el campesinado y líderes sociales de Jericó y el Suroeste antioqueño han liderado una resistencia pacífica contra la minería metálica promovida por la Empresa Minera de Cobre Quebradona, filial de AngloGold Ashanti. Esta oposición ha contado con el respaldo de mecanismos legales y constitucionales.
Entre 2017 y 2018, 13 municipios de la región -incluyendo Jericó y Támesis- aprobaron acuerdos municipales para prohibir la minería metálica en sus territorios. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló dichas decisiones. En 2018, Jericó intentó ajustar su Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT para restringir el uso del suelo para actividades mineras. Aunque el proyecto fue debatido en el Concejo Municipal, el entonces alcalde Jorge Pérez denunció presiones del Gobierno Nacional para impedir su aprobación, recuerdan los líderes.
Más adelante, las comunidades intentaron recurrir a consultas populares para frenar los proyectos mineros, pero la Corte Constitucional también restringió ese mecanismo. También han organizado marchas, plantones, protestas pacíficas y hasta abrazos simbólicos a las montañas.
En los últimos años, el conflicto socioambiental se ha intensificado, a pesar de avances legislativos como la declaratoria del campesinado como sujeto de derechos y la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia.
La tensión escaló, aseguran los líderes, tras el incumplimiento de la promesa pública hecha en 2013 por la Empresa Minera de no realizar actividades mineras ni transitar por las veredas Vallecitos, La Soledad y La Hermosa. A partir de ese momento, comenzaron una serie de incidentes que desencadenaron querellas y judicializaciones contra los líderes comunitarios.
El primer episodio ocurrió el 28 de noviembre de 2022, relatan, cuando campesinos de Jericó sorprendieron a un grupo de personas con los rostros cubiertos y sin identificación, quienes adecuaban un terreno en la vereda Vallecitos para instalar una plataforma minera en un predio del señor Javier Bermúdez. El campesinado impidió la continuación de estas labores y mantuvo un plantón entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Posteriormente, tanto la Empresa Minera como el señor Bermúdez presentaron una querella contra 46 campesinos y líderes, incluidos menores de edad y personas mayores. Cabe destacar que ni los vecinos ni la comunidad fueron informados sobre las actividades que se estaban realizando en la zona.
Un segundo incidente ocurrió en diciembre de 2023, cuando campesinos de la vereda La Soledad detectaron el ingreso sospechoso de vehículos durante la madrugada, al parecer con maquinaria para instalar otra plataforma minera. El 8 de diciembre confirmaron que en un predio del señor Rafael Arteaga se estaban realizando adecuaciones sin socialización previa. El 13 de diciembre, el campesinado desmontó la plataforma, trasladó la maquinaria a un camión y la entregó al comando de Policía de Jericó. Tras este hecho, la empresa y Arteaga interpusieron una nueva querella contra 57 campesinos.
Estas querellas sirvieron de base para que la Fiscalía imputara a 11 campesinos por los presuntos delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Durante la primera audiencia, realizada el pasado 26 de mayo, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron medida de aseguramiento domiciliario para los acusados, todos residentes del corregimiento de Palocabildo.
En abril de 2025, se denunció un tercer episodio de posible actividad minera clandestina en la finca “La Bonita”, propiedad del señor Juan Pablo Olivares, yerno de Rafael Arteaga, ubicada en la vereda La Soledad. Ante la falta de intervención inmediata, el campesinado mantuvo un plantón durante 35 días exigiendo una inspección por parte de las autoridades.
Durante el plantón, representantes del Gobierno Nacional se presentaron en dos ocasiones y, como resultado del diálogo, se comprometieron a revisar el título minero de Quebradona, declarar la reserva temporal en el Suroeste antioqueño, establecer un Distrito Agroecológico y avanzar en la protección de las Áreas de Producción de Alimentos -APPA.
Este lunes 16 de junio, el juez falló a favor de los 11 campesinos judicializados, quienes salieron de los juzgados con la frente en alto, rodeados por aplausos, lágrimas y consignas de apoyo. Hoy, dicen, son reconocidos en el Suroeste antioqueño y en todo el país como “los 11 héroes” que enfrentaron con dignidad una de las batallas más difíciles por la defensa del territorio.
Líderes sociales y campesinos consideran este fallo una primera victoria en un largo proceso de lucha. Sin embargo, también insisten en que la resistencia continúa: “Porque las montañas, la vida y el agua merecen seguir siendo defendidas».
