El lunes 16 de junio de 2025, antes del mediodía, conocimos el fallo del juez que dejó en libertad a los 11 campesinos judicializados por la multinacional AngloGold Ashanti. La decisión judicial fue recibida por muchos como un acto de justicia y una victoria histórica para las comunidades que defienden el agua, la vida y el territorio. La empresa los denunció por los delitos de secuestro simple y hurto calificado.
Desde hace más de 15 años, el campesinado y líderes sociales de Jericó y el Suroeste antioqueño han liderado una resistencia pacífica contra la minería metálica promovida por la Empresa Minera de Cobre Quebradona, filial de AngloGold Ashanti. Esta oposición ha contado con el respaldo de mecanismos legales y constitucionales.
Entre 2017 y 2018, 13 municipios de la región -incluyendo Jericó y Támesis- aprobaron acuerdos municipales para prohibir la minería metálica en sus territorios. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló dichas decisiones. En 2018, Jericó intentó ajustar su Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT para restringir el uso del suelo para actividades mineras. Aunque el proyecto fue debatido en el Concejo Municipal, el entonces alcalde Jorge Pérez denunció presiones del Gobierno Nacional para impedir su aprobación, según recuerdan los líderes.
Más adelante, las comunidades intentaron recurrir a consultas populares para frenar los proyectos mineros, pero la Corte Constitucional también restringió ese mecanismo. Frente a ello, han recurrido a otras formas de resistencia pacífica, como marchas, plantones, protestas simbólicas y hasta abrazos colectivos a las montañas.
En los últimos años, el conflicto socioambiental se ha intensificado, a pesar de avances legislativos como la declaratoria del campesinado como sujeto de derechos y la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia.
La tensión escaló, aseguran los líderes, tras el incumplimiento de la promesa pública hecha en 2013 por la Empresa Minera de no realizar actividades mineras ni transitar por las veredas Vallecitos, La Soledad y La Hermosa. A partir de ese momento, comenzaron una serie de incidentes que desencadenaron querellas y judicializaciones contra los líderes comunitarios. El primer episodio ocurrió el 28 de noviembre de 2022, relatan, cuando campesinos de Jericó sorprendieron a un grupo de personas con los rostros cubiertos y sin identificación, quienes adecuaban un terreno en la vereda Vallecitos para instalar una plataforma minera en un predio del señor Javier Bermúdez. El campesinado impidió la continuación de estas labores y mantuvo un plantón entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Posteriormente, tanto la empresa minera como el señor Bermúdez presentaron una querella contra 46 campesinos y líderes, incluidos menores de edad y personas mayores. Cabe destacar que ni los vecinos ni la comunidad fueron informados sobre las actividades que se estaban realizando en la zona, aseguran.
Un segundo incidente ocurrió en diciembre de 2023, cuando campesinos de la vereda La Soledad detectaron el ingreso de vehículos durante la madrugada, al parecer con maquinaria para instalar otra plataforma minera. El 8 de diciembre, según expresó la comunidad, en un predio del señor Rafael Arteaga se estaban realizando adecuaciones sin socialización previa. El 13 de diciembre, el campesinado desmontó la plataforma, trasladó la maquinaria a un camión y la entregó al comando de Policía de Jericó. Tras este hecho, la empresa y Arteaga interpusieron una nueva querella contra 57 campesinos.
Estas querellas sirvieron de base para que la Fiscalía imputara a 11 campesinos por los presuntos delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Durante la primera audiencia, realizada el 26 de mayo de 2025, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron medida de aseguramiento domiciliario para los acusados, todos residentes del corregimiento de Palocabildo.
En abril de 2025, habitantes de la zona denunciaron un tercer episodio de posible actividad minera clandestina en la finca La Bonita, propiedad del señor Juan Pablo Olivares, yerno de Rafael Arteaga, ubicada en la vereda La Soledad. Ante la falta de intervención inmediata, el campesinado mantuvo un plantón durante 35 días exigiendo una inspección por parte de las autoridades. Durante el plantón, representantes del Gobierno Nacional se presentaron en dos ocasiones y, como resultado del diálogo, se comprometieron -según lo expresado en las reuniones- a revisar el título minero de Quebradona, declarar la reserva temporal en el Suroeste antioqueño, establecer un Distrito Agroecológico y avanzar en la protección de las Áreas de Producción de Alimentos -APPA.
Es clave precisar que la decisión del juez no constituye un fallo definitivo sobre la denuncia. Lo resuelto el lunes 16 de junio corresponde a la negativa de imponer medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. El proceso judicial sigue en curso y los 11 campesinos continuarán su defensa en libertad.
Líderes sociales y campesinos consideran este fallo una primera victoria en un largo proceso de lucha, e insisten en que la resistencia continúa: “porque las montañas, la vida y el agua merecen seguir siendo defendidas”.
El mismo 16 de junio de 2025, Minera de Cobre Quebradona, filial de AngloGold Ashanti, informó en un comunicado que su única actuación en el proceso judicial ante la Fiscalía 147 Especializada de Antioquia fue “el cumplimiento del deber ciudadano de denunciar hechos que pudieran constituir un delito”. La empresa reiteró que es “respetuosa del ordenamiento jurídico” y aclaró que los hechos investigados “no están relacionados con protestas pacíficas, sino con vías de hecho que afectaron la convivencia, la integridad de personas y la propiedad”. Quebradona reafirmó su compromiso con los derechos humanos, señaló que “la protesta no es un derecho absoluto y debe respetar los derechos de terceros” y reiteró su disposición al diálogo: “somos una empresa de puertas abiertas”.
