El eventual, y ahora autorizado cierre de la Troncal del Café en el sector Paso Nivel – Las Areneras, en el municipio de Amagá, responde a un proceso de larga data y a decisiones acumuladas en el tiempo. Es el desenlace de una discusión que se remonta a casi una década atrás y que tuvo su punto de partida en las primeras alertas comunitarias frente al proyecto Autopista Conexión Pacífico 1, una de las obras de la primera ola de las autopistas 4G en Colombia.
Para entender lo que ocurre hoy en Las Areneras es necesario regresar al año 2017, cuando comunidades del Suroeste antioqueño solicitaron formalmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA la realización de una Audiencia Pública Ambiental en el municipio de Amagá. El objetivo era claro: pedir la modificación de la licencia ambiental otorgada al proyecto vial, ante lo que consideraban graves afectaciones sociales, económicas y territoriales derivadas del diseño inicial de la obra.
El llamado de las comunidades: “Queremos desarrollo, pero ¿a qué costo?”
El sábado 23 de septiembre de 2017, habitantes de Amagá, Titiribí, Caldas, Bolombolo y otros municipios del área de influencia, junto a juntas de acción comunal, comerciantes, organizaciones sociales y mandatarios locales, participaron en una audiencia que marcó un hito para el Suroeste.
Durante la jornada, las comunidades expusieron preocupaciones que hoy siguen vigentes: el aislamiento de veredas, el aumento en las distancias de recorrido, el incremento de los pasajes, la afectación al transporte de productos agrícolas, la inseguridad para estudiantes, el impacto sobre fuentes hídricas y acueductos veredales, así como avalúos que calificaron de injustos frente a la compra de predios.
En la edición 144, de septiembre-octubre de 2017, nuestra editorial inició con una pregunta que resumía el sentir regional: “¡Queremos desarrollo, pero ¿a qué costo?!”. Allí se advertía que la ausencia de obras complementarias como retornos y puentes podía generar desarraigo, exclusión y atraso social, pese a la magnitud del proyecto vial.
“Esta doble calzada no puede ir en detrimento del progreso de Amagá”, advirtió el alcalde del municipio, Wilser Darío Molina Molina, al señalar que cerca de 14 mil personas se verían afectadas por recorridos más largos, mayores costos de transporte y la falta de retornos seguros para ingresar a las veredas.
El retorno de Paso Nivel – Las Areneras: una petición insistente
Entre las solicitudes reiteradas en esa audiencia apareció un punto clave: la necesidad de garantizar soluciones de movilidad en sectores críticos como Paso Nivel – Las Areneras, donde la configuración de la vía nacional implicaba riesgos de aislamiento y desconexión territorial.
Aquella exigencia no quedó solo en el debate público. Años después, en 2018, la ANLA expidió la Resolución 1782, mediante la cual ordenó al concesionario implementar “una solución de movilidad vehicular y peatonal en el sector Paso Nivel – Las Areneras”, reconociendo que dicha obligación surgía directamente de las peticiones formuladas por las comunidades.
Así nació, de manera formal, la obligación de construir lo que hoy se conoce como el Retorno 2, una obra que no hacía parte del diseño inicial de Pacífico 1, pero que fue incorporada tras la presión comunitaria y las evaluaciones técnicas posteriores.
Una obra necesaria, pero compleja
La intervención prevista para el Retorno 2 es una de las más complejas del corredor Pacífico 1. En un tramo inferior a un kilómetro, se requiere un corte profundo del talud derecho en sentido Amagá – Medellín, con una remoción cercana a los 600.000 metros cúbicos de material, taludes que superan los 110 metros de altura, 12 terrazas de estabilización, anclajes, concreto lanzado, drenajes y una configuración final que garantice la seguridad vial.
La comunidad nunca cuestionó la necesidad del retorno. Por el contrario, lo solicitó durante años. La controversia surgió cuando se planteó que, debido a la complejidad técnica, su ejecución implicaría cierres prolongados de la vía, con impactos directos sobre la movilidad, el comercio, el turismo y la economía del Suroeste.
La reactivación del conflicto y la movilización regional
La tensión alcanzó su punto más alto el 17 de agosto de 2024, cuando miles de personas se movilizaron pacíficamente para rechazar la propuesta de cerrar la vía Caldas – Amagá durante 20 meses. Cafeteros, comerciantes, transportadores, productores y autoridades locales advirtieron que una medida de ese alcance pondría en riesgo miles de empleos y cadenas productivas de una región que aún se recuperaba de los efectos de la pandemia.
Durante esa jornada se presentaron múltiples peticiones a Covipacífico, la ANI y el Gobierno Nacional, entre ellas evaluar alternativas como un falso túnel, adelantar trabajos nocturnos y garantizar la ejecución de obras complementarias históricamente reclamadas por el Suroeste.
Aunque en noviembre de 2025 la concesionaria anunció que un cierre inicialmente divulgado no se ejecutaría, el tema volvió a la agenda pública semanas después.
El presente: cierre autorizado y preguntas abiertas
El 27 de enero de 2026, el Instituto Nacional de Vías -INVIAS expidió la Resolución 0148, mediante la cual autorizó el cierre total de la vía Peñalisa – Primavera en el sector Paso Nivel – Las Areneras, entre el 28 de enero de 2026 y el 28 de enero de 2027, en horarios definidos de lunes a sábado.
La medida reactivó las preocupaciones de la región. Aunque se establecieron rutas alternas y excepciones al cierre, persisten las inquietudes sobre el impacto económico, la suficiencia de la socialización y la necesidad de una participación real de las comunidades en la toma de decisiones.
¿Para dónde va la discusión?
Lo que ocurre hoy en Las Areneras es la expresión de una discusión de fondo que el Suroeste ha planteado desde hace varios años: cómo conciliar los grandes proyectos de infraestructura nacional con la vida cotidiana, la economía local y el derecho de las comunidades a no quedar aisladas.
El cierre autorizado no solo pone a prueba la capacidad técnica del proyecto, sino también la voluntad institucional de escuchar a una región que, desde 2017, ha pedido lo mismo: desarrollo, sí, pero no a cualquier costo.
