Al Hospital de Amagá lo aqueja una molestia. Una molestia que tiene hace varios años y a la que no le han encontrado cura y el tratamiento está demorado. Sus empleados y usuarios han marchado, se han manifestado porque el dolor que los afecta ha generado una grave crisis en la salud de este municipio del Suroeste. Las calles de Amagá han sido testigo de manifestaciones, arengas, proclamas que piden con urgencia claridad frente a la situación del centro de salud más importante de Amagá. Pero, ¿de qué se trata esta dolencia y de dónde proviene?
Devolvámonos un poco en la historia: el Hospital San Fernando es una institución de prestación de servicios de salud creada inicialmente como entidad privada sin ánimo de lucro. Cuando la conocida y polémica Ley 100 de 1993 (por la cual se creó el sistema de seguridad social integral) empezó a aplicarse en Antioquia, se conoció que la gran mayoría de los hospitales del departamento tenían origen privado y no podían recibir los beneficios de una Empresa Social del Estado. La Asamblea Departamental de Antioquia expidió la Ordenanza 44 del 16 de diciembre de 1994, cuyo primer artículo definió como pública la naturaleza jurídica de 35 hospitales de Antioquia, es decir, los declaró como empresas del Estado; entre ellos el Hospital San Fernando de Amagá.
Adicional a esta ordenanza, el Concejo Municipal de Amagá expidió el 14 de febrero de 1996 el Acuerdo Municipal N°006 que establece y confirma la naturaleza pública de su principal centro de salud, documento “por el cual se dispone la reestructuración del Hospital San Fernando del municipio de Amagá y se transforma en una Empresa Social del Estado del orden municipal”, con categoría especial de naturaleza pública descentralizada del nivel municipal con personería jurídica, patrimonio privado y autonomía administrativa sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 1993.
Hasta este punto todo parecía fluir. Pero el 7 de febrero de 2005, el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió declarar la nulidad del artículo primero de la mencionada Ordenanza 44 de 1994, bajo el argumento de que la Asamblea Departamental de Antioquia no tenía competencia para cambiar la naturaleza jurídica de los hospitales, puesto que esta labor solo la tenían las autoridades competentes siempre y cuando la entidad prestadora de los servicios de salud no tuviera determinada su naturaleza. ¿Y el Hospital San Fernando? En documentos y resoluciones expedidas por la misma Gobernación de Antioquia constaba que la naturaleza jurídica de este hospital era privada. Por ende, según el Tribunal, su carácter privado no podía ser cambiado.
Los síntomas para la crisis seguían manifestándose. La decisión del Tribunal Administrativo fue reafirmada por el Consejo de Estado mediante una sentencia del 2 de febrero del 2010. Para el 2011, la Contraloría General de la República confirmó que los hospitales mencionados en la ordenanza 44 de 1994, entre ellos el San Fernando; debían convertirse de nuevo en entidades privadas.
En el 2015, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, señaló que el portafolio de servicios del Hospital San Fernando correspondía a un Hospital de Primer Nivel de Atención Tipo A y como comenta Claudia Patricia Marín, gerente del Hospital, la Secretaría también confirmó que “todos los hospitales que aparecieron en la ordenanza son Empresas Sociales del Estado”.
La crisis del sector de la salud se agravaba en todo el país: deudas del Estado y de las compañías privadas de salud (EPS), desfalcos, corrupción, entre otros factores, perjudicaron a pacientes, médicos, instituciones prestadoras de salud y en general a toda la sociedad que espera que el sistema de salud de su país funcione sin ningún obstáculo. Para el Hospital San Fernando la situación no fue diferente. En el 2014 una nueva IPS privada llegó a Amagá. Algunas EPS trasladaron la prestación de los servicios allí, así, los usuarios que eran atendidos en el Hospital San Fernando empezaron a recibir atención en esta IPS. Según la gerente Claudia Marín, esta situación afectó económicamente al Hospital ya que los usuarios se redujeron casi un 50 por ciento, manteniendo la misma capacidad instalada y el mismo número de funcionarios laborando.
En resumen
Situaciones que han llevado a la crisis al Hospital San Fernando de Amagá según la gerente Claudia Patricia Marín
- El número de demandas pagadas desde el 2013 a la fecha suman 1.500 millones de pesos.
- El ingreso de una IPS privada al municipio que atiende el 50 por ciento de los usuarios con servicios ambulatorios. El servicio costoso (las urgencias) lo debe asumir el Hospital San Fernando.
- La misma planta de cargos, sin recursos para hacer un reajuste.
- Aunque liquidamos la fundación y se realizó todo el proceso para acceder al programa de saneamiento fiscal y financiero, el Ministerio de Hacienda pone reparos por el acuerdo municipal que nos transformó en Empresa Social del Estado.
Dato
El 40% de las ESE del país está en riesgo financiero medio o alto, esto exige una intervención para su saneamiento económico.
Promesas por cumplir
En el Taller Construyendo País realizado en Amagá el 8 de septiembre de 2018, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe y el presidente de la República, Iván Duque, visitaron el Hospital San Fernando y se comprometieron con la solución del saneamiento fiscal de esta entidad. El alcalde Wilser Darío Molina comentó que «estamos esperando el fallo del Tribunal que el municipio interpuso en acción de cumplimiento para que se reconozca el Hospital como entidad pública. Si el Tribunal no lo reconoce, el Ministro se comprometió a reconocerlo».
Liquidación de la Fundación
«Hemos hecho lo que históricamente no se había hecho: liquidamos la fundación, el patrimonio del Hospital ya está legalizado a nombre de la Empresas Social del Estado, se han presentado proyectos ante el Ministerio y ante la Gobernación. Además, estamos organizando la infraestructura del hospital, conseguimos ambulancia nueva, lo hemos dotado de equipos médicos”, comenta Claudia Marín.
- Según el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, en los presupuestos de cierre para el 2018 y para el 2019 se puede anticipar un déficit cercano a los $3,5 billones en distintas líneas presupuestales en el sector de la salud.
- El presidente Iván Duque evalúa la posibilidad de establecer una ley de punto final con la cual se podrá identificar cuáles son las deudas en el sector salud y así buscar solucionar y realizar el debido saneamiento fiscal.
El limbo público – privado
La Ley 1438 de 2011 que reformó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ordenó al Ministerio de Protección Social realizar cada año una calificación de riesgo a las Empresas Sociales del Estado, categorizando el riesgo financiero que estas presenten en el momento del análisis. Aquellas ESE que se cataloguen en riesgo medio o alto deben presentar un programa de saneamiento fiscal y financiero al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
A pesar del limbo jurídico para definir la naturaleza del Hospital San Fernando, el 30 de mayo de 2018, el Ministerio de Salud y Protección social expidió una resolución “por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las ESE del nivel territorial para la vigencia 2018 y se dictan otras disposiciones”, en la que se incluye al Hospital San Fernando entre las ESE categorizadas en riesgo alto. A partir de la notificación de dicho riesgo financiero, el Hospital elaboró y presentó el programa para salir de la crisis, pero el 26 de julio del 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó mediante un oficio que el Hospital es jurídicamente inexistente y no aplica los criterios de viabilidad para presentarse a los programas de saneamiento fiscal. Es decir, como está catalogado como entidad privada, no puede hacer parte de estos programas estatales. “Nosotros somos una ESE para los entes de vigilancia y control, menos para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, comenta Claudia Marín, gerente del Hospital San Fernando de Amagá.
Sin embargo, el enfermo sigue buscando el mejor tratamiento para que pueda ser avalado por fin como Empresa Social del Estado. Entre las herramientas para lograr definitivamente la naturaleza jurídica pública, el Hospital presentó una demanda al Tribunal Administrativo de Antioquia en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de que esta entidad le permita participar en el proceso de viabilización del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. La Gerente del Hospital comenta que “se espera que haya una respuesta clara del Gobierno. Nosotros como entidad ya recorrimos todo el camino administrativo y jurídico. Toca esperar”.
La comunidad amagaseña, los médicos y la misma entidad, esperan pacientes a que la fórmula para su tratamiento llegue pronto y que la cura sea definitiva. Esperan pacientes a que los síntomas que han venido padeciendo hace años se disipen y no se sigan presentando achaques que agudizan más la crisis del sector de la salud. Esperan pacientes para que este Hospital no se extinga ni se apague poco a poco en la sala de urgencias.
