Septiembre del 2020. Desde las montañas del Suroeste antioqueño
Dirigido a:
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES, PERSONERÍAS MUNICIPALES Y COORDINACIONES DE JUVENTUD DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO
Asunto:
Manifiesto público de jóvenes del Suroeste antioqueño frente a casos de violencia en nuestro país y subregión
Somos jóvenes de diferentes municipios del Suroeste de Antioquia pertenecientes a diversos espacios de participación, nos hemos unido para alzar nuestra voz ante ustedes como instituciones, medios de comunicación y ciudadanía en general, frente a los casos de violencia que se han presentado a lo largo de este año en nuestro país y subregión. Creemos que es un privilegio hacer parte de los grupos y procesos a los que pertenecemos y queremos que esto no sea un privilegio sino un derecho de cada joven de nuestra región, así como el derecho de vivir.
Es por eso que presentamos nuestro contexto para solicitar apoyo y sugerir con mucho respeto acciones concretas. Como jóvenes estamos gritando todas y todos: YA BASTA; y no solo a la violencia sino también a las palabras y discursos políticos que desde la institucionalidad dicen “¡los apoyamos!”, pero no hacen nada para cambiar esta realidad, necesitamos que esas palabras estén acompañadas de acciones en nuestro territorio para que nuestro futuro no sea trazado por la violencia.
La subregión del Suroeste está ubicada en un corredor estratégico entre el Valle de Aburrá y el Chocó, no solo somos un paso obligado para el progreso de estas regiones, sino que los grupos organizados al margen de la ley han centrado su accionar con las rentas del narcotráfico y/o microtráfico, en los nueve municipios de la Provincia del San Juan, tal y como manifestó la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 044 del 28 de agosto de 2020.
Así como la Defensoría del Pueblo lanza su alerta temprana sobre el posible recrudecimiento de violencia en la región a causa del narcotráfico y/o microtráfico, nosotros como jóvenes defensores del territorio y teniendo en cuenta la experiencia de otras regiones del país, tenemos miedo de que proyectos mineros en la región sean un medio de llegada de otras violencias. Amamos nuestras montañas y las defenderemos con el argumento de la palabra, pero tememos enfrentarnos a grandes multinacionales que tienen convenios firmados con la fuerza pública para defender sus propios intereses.
Este año hemos sido testigos de seis masacres que han azotado nuestra región, específicamente en los municipios de Salgar, Ciudad Bolívar, Andes, Venecia y Jericó, donde se ha visto afectada la integridad, e incluso la vida de nosotros como jóvenes. Estos asesinatos, según la información encontrada en análisis realizados por medios de comunicación como el Periódico El Suroeste, se han dado por relaciones de criminalidad y redes de narcotráfico y/o microtráfico. Y aunque estas masacres no se pueden aludir a una sola causa, creemos que hay una que las podría cobijar a todas: la falta de oportunidades y de presencia institucional en poblaciones vulnerables.
Leer: Mucho más que una masacre
Como jóvenes conocedores de este contexto, la población joven y nuestro territorio, nos permitimos solicitar y sugerir de manera respetuosa, acciones y guías para evitar el aumento de estos hechos desesperanzadores en nuestra subregión:
1.
Necesitamos que las Administraciones Municipales y demás instituciones, garanticen a través de acciones concretas el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de cada vida de nuestro territorio, y especialmente la de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante las problemáticas enunciadas.
2.
Consideramos fundamental revisar la inversión de recursos públicos en los aspectos involucrados con la problemática de orden público: seguridad, educación y juventud. ¿Los proyectos e iniciativas que se desarrollan con estos recursos, realmente están respondiendo a las necesidades, sentires, contextos e intereses de quienes habitan el territorio, en especial de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad?
3.
Las nuevas estrategias que se planteen en vía de mejorar esta situación y la condición de cada joven de la región, deben ser encaminadas, teniendo como base y guía, el contexto que tenemos actualmente. Además, teniendo en cuenta la voz y participación activa de los jóvenes mismos para el diseño, planeación e intervención de dichas estrategias. No queremos proyectos y actividades que sean pensadas desde las oficinas y escritorios, lejos de la realidad y de la población afectada.
4.
Creemos que la solución a esta problemática de orden público no debe ser únicamente el castigo y el ejercicio de la fuerza pública. Atrapar a jóvenes involucrados en estas redes de criminalidad y narcotráfico, y ampliar la presencia de fuerzas armadas en los municipios, no ataca de raíz esta problemática en el presente ni garantiza una mejora en futuros próximos.
Una solución eficiente debe contemplar factores como la educación, el entorno familiar, el acompañamiento psicosocial, y sobretodo, la amplitud de ofertas y oportunidades de aprovechamiento del tiempo libre y la construcción del proyecto de vida de cada una y uno de las y los jóvenes. Esta solución puede ser bien contemplada a través de políticas públicas y planes de desarrollo dirigidas por personal apto y capacitado en puestos de prestación de servicio al público como un coordinador o coordinadora de juventudes y cercanos a sus funciones.
5.
Promover y fortalecer los procesos y escenarios de participación juvenil también es apostarle a combatir la problemática de violencia, drogadicción, orden público y microtráfico. Invitamos a que desde la institucionalidad no se dejen de realizar acciones en aras de promover la participación juvenil desde sus diferentes escenarios, sino que por el contrario, se refuercen para garantizar mayor participación.
6.
Sugerimos que se traten con mayor tranquilidad y cercanía temáticas como el consumo de drogas, que se han mezclado en nuestros discursos con la violencia y la criminalidad como si una cosa determinara la otra. Necesitamos que los jóvenes que habitan zonas de microtráfico generen reflexiones distintas en relación con su necesidad o gusto al consumo de drogas. Necesitamos presentar la opción del consumo no problemático y responsable sin tabúes, ni estereotipos dañinos, ni campañas de rehabilitación sin estudios pertinentes del caso.
Hablemos sin miedo a los consumidores activos no problemáticos, sobre las leyes de autocultivo y el consumo mínimo, y sobre que el referente de consumo del barrio no es el único referente a seguir. Esta sería una forma de responder a las y los jóvenes problematizados por la compra y venta en redes de microtráfico, acompañando también con herramientas para identificar cuándo el consumo se vuelve un problema, y cuáles son las consecuencias del consumo en su salud y en su entorno familiar y social.
7.
A la ciudadanía, autoridades e instituciones, solicitamos por favor que desde sus discursos no motiven la justificación de la muerte. Hablar de que la violencia toca solamente a quienes se lo merecen, es ignorar las realidades de quienes no han decidido hacer lo que hacen o incluso pensar como piensan. Las palabras, entonces, tienen el poder de dividirnos más en un contexto en donde ya estamos muy divididos, y además, tienen el poder de alejarnos más de las poblaciones que debemos intervenir, abrazar, acompañar; y de las que de por sí, ya estamos muy alejados.
Ante las voces de muchas y muchos, incluso de quienes nos representan, nos dividimos en jóvenes buenos y jóvenes malos, en muertes buenas y muertes malas, como si cualquiera, en la compleja e inesperada selección natural del nacimiento, no hubiese tenido que ocupar cualquier cuna en cualquier realidad y como si esta realidad, ya viniera marcada con un cómo, un porqué y un dónde.
8.
Sabemos que la Policía Nacional y en general la fuerza pública se encarga del orden público en nuestros municipios, y esta labor en muchos casos se lleva a cabo con responsabilidad y transparencia, sin embargo, no desconocemos que también han existido casos de negligencia y corrupción en esta gran institución a lo largo de la historia. Por lo tanto, solicitamos que desde cada institucionalidad también se haga un seguimiento a los protocolos y acciones que son llevadas por la fuerza pública, para que por ningún motivo, denigren los derechos fundamentales y las garantías de cada joven y ciudadano con el que se tenga contacto en esta situación de orden público.
9.
Tenemos conocimiento de la creación de algunos espacios interdisciplinarios a favor de disminuir la violencia en nuestro territorio, lo que es algo que celebramos, y por lo tanto, también solicitamos seguimiento y veeduría para el cumplimiento de funciones y acciones por parte de estos espacios y las personas que los componen.
10.
Por último, y no menos importante, exigimos que se haga un seguimiento e investigación con transparencia y rigurosidad a estas masacres ocurridas en el territorio, con el fin de saber exactamente desde qué agrupaciones, fuerzas armadas o individuos se están dirigiendo estas intervenciones. Teniendo en cuenta las relaciones que pueden tener estos hechos con los cambios estructurales que está teniendo nuestro territorio, que lo hacen un lugar de interés para la construcción de megaproyectos, y que en nuestro histórico nacional, han sido imanes de violencia que involucran incluso, a la fuerza pública local.
Es importante para nosotras y nosotros que este manifiesto sea de conocimiento público, que se junten sentires, pero también, se aclare que existe la disposición de nuestra parte para discutir estas propuestas y declaraciones en los diferentes municipios, ya que así como solicitamos acciones, nosotros también nos comprometemos a ese accionar.
Esperamos, desde las diferentes instituciones, una respuesta, y desde las administraciones, la creación de un comité veedor, una mesa de trabajo, una estrategia o una acción concreta para revisar y hacer seguimiento a este problema de orden público, con un mismo propósito: trabajar por la juventud, la vida y la posibilidad de acceso a las oportunidades.
Las respuestas, apreciaciones o percepciones serán recibidas mediante este correo: suroestejoven@gmail.com
Atentamente, jóvenes de los 23 municipios del Suroeste Antioqueño: Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Caramanta, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.
Anexos
Este manifiesto también fue dirigido a la Defensoría del Pueblo departamental, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, Programa Jóvenes por la Vida – Antioquia Joven, Provincia Cartama, Provincia San Juan, Provincia Sinifaná, medios de comunicación locales y regionales, y fundaciones e instituciones con influencia en la subregión del Suroeste.
Para la escritura de este manifiesto consultamos fuentes como artículos periodísticos y leyes que deben ser tenidas en consideración. Estos artículos son:
- La ‘Oficina’ y ‘Gaitanistas’ afectan la vida cotidiana en el Suroeste antioqueño/ 29 de agosto de 2020/ verdadabierta.com.
- Mucho más que una masacre/ 25 de agosto del 2020/ Periódico El Suroeste.
- Convenios entre Anglogold Ashanti y la Fuerza Pública en el Suroeste antioqueño/ 12 de agosto del 2020/ Colombia Informa.
- LEY ESTATUTARIA 1622 DE 2013/ abril 29/Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones/ CONGRESO DE COLOMBIA.
- Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
- Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.
- Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.
