Por Maria Clara Cruz Gregory maria.cruzgr@amigo.edu.co
Zozobra y preocupación hay en el Suroeste antioqueño tras la propuesta presentada por Covipacífico, la concesionaria que construye el proyecto Pacífico 1, que busca cerrar la vía durante 16 meses para mitigar el riesgo de derrumbes en un talud inestable ubicado en el sector de Las Areneras, en el municipio de Amagá. Sin embargo, esta iniciativa ha generado una fuerte oposición entre líderes comunitarios, representantes del sector transporte y la Gobernación de Antioquia, quienes advierten sobre las graves repercusiones económicas y sociales que traería consigo esta medida.
El director ejecutivo de Utrans (Unión de Transportadores), Juan Pablo Acosta Álvarez, gremio que representa a la mayoría de las empresas de transporte del Suroeste antioqueño, ha expresado su preocupación por el impacto del cierre en la movilidad de la región. Acosta señala que, “anualmente, más de 4.5 millones de pasajeros se movilizan a través de esta vía, de los cuales cerca de 850.000 corresponden únicamente a Amagá”, para Acosta, el cierre sería comparable a `una segunda pandemia´ para la economía local, especialmente tras los estragos que fenómenos naturales recientes han causado en la región.
Vías alternas propuestas: ¿solución o problema?
El temor principal radica en que las vías alternas propuestas no ofrecen garantías adecuadas en cuanto a seguridad y transitabilidad. Gabriel Jaime Uribe Calle, un conductor de bus que frecuentemente transita la vía, describe las rutas alternas como `pésimas´, advirtiendo que los tiempos de desplazamiento podrían aumentar de 40 minutos a hasta 4 horas, lo que generaría un `colapso vial sin precedentes´. Uribe Calle, añade también que “la falta de infraestructura adecuada en rutas como Amagá-Angelópolis y Yarumal-Maní del Cardal, combinada con el aumento en los costos de transporte, podrían duplicar los precios para los usuarios, afectando tanto el costo de vida como el precio de los productos básicos”.
La propuesta de Covipacífico no sólo afectaría la movilidad y la economía local, sino que también pondría en riesgo el acceso a servicios esenciales, como la educación y la salud. Jonathan Cuartas, líder juvenil de Amagá, expresa que muchos jóvenes que se desplazan a Medellín para estudiar podrían verse forzados a abandonar sus estudios o asumir mayores costos, lo que, a su juicio, podría desencadenar una `crisis migratoria en la región´. Asimismo, el acceso a servicios de salud, particularmente en casos de emergencia, se vería gravemente afectado, poniendo en peligro la vida de los pacientes.
Uno de los puntos más polémicos del debate es el método constructivo propuesto por Covipacífico, que implica la demolición de una montaña de 108 metros para remover más de 500.000 metros cúbicos de material. Esta opción ha sido criticada por el secretario de Infraestructura departamental, Luis Horacio Gallón, quien dijo que “esta propuesta es anti ambiental, existen mejores alternativas desde el punto de vista técnico y económico”. Gallón, plantea que la construcción de túneles o viaductos podría ser más rentable y menos destructiva que la demolición de la montaña.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha tomado una posición firme en contra de la propuesta de Covipacífico. A través de sus redes sociales, hizo un llamado a replantear las soluciones viales propuestas. “En Antioquia, hemos aprendido en el tema de infraestructura que uno no se le mete a las montañas, que a las montañas o se le mete con túneles de muy buena capacidad, o se bordean con viaductos”, indicó. Además, enfatizó su preocupación sobre el impacto que tendría la propuesta. “Quiero hacer un paréntesis y un llamado respetuoso a Covipacífico para que no tumbemos una montaña de más de 100 metros de altura y clausuremos prácticamente la región del Suroeste”, advirtió, refiriéndose a la importancia de evitar decisiones que afecten la conectividad y el desarrollo de la región.
La zona se prepara para un posible declive económico
Luis Horacio Gallón, también subrayó el grave impacto económico que tendría un cierre prolongado de la vía. “La Gobernación no iba a permitir un cierre de 20 meses y de 10 horas diurnas que era la propuesta inicial», afirmó, insistiendo en que esto “acabaría con la economía de la subregión y del suroeste del país”. Gallón, explicó que la vía es fundamental para el transporte de carga, lo que convierte su cierre en una amenaza directa para el desarrollo económico.
El cierre de la vía Amagá-Caldas durante 16 meses tendría un impacto económico para la región, coinciden los entrevistados. Cuartas, advierte que “el comercio local se vería afectado por la disminución del flujo vehicular, lo que podría llevar al cierre de negocios y a una crisis económica”. Añade que “a nivel empresarial, la situación también es preocupante, ya que se teme que el cierre de la vía ahuyente a los inversionistas, afecte la competitividad de las empresas existentes y genere pérdida de empleos”.
Jeferson Gómez, comerciante de Amagá, teme por su parte que la disminución del flujo vehicular afecte drásticamente sus ventas, ya que gran parte de su clientela proviene de Medellín y otros municipios aledaños. “Nos veríamos demasiado afectados, ya no tendríamos tantos visitantes, el pueblo estaría demasiado solo”.
¿Hay intereses económicos y personales detrás de esta propuesta?
Norman Correa Betancur, representante de la comunidad y miembro de la mesa técnica en la Comisión Accidental, cuestiona además si existen intereses económicos detrás de la propuesta de Covipacífico. Según Correa, el lote en cuestión, conocido como Las Areneras, es un terreno productivo que anteriormente pertenecía a una mujer que se negó a venderlo, lo que derivó en un proceso de expropiación administrativa. Ahora, se pregunta qué destino tiene el material removido de la montaña y quién se beneficia de esta operación: “al día de hoy nos preguntamos, ¿a dónde va la tierra que sale de ahí?, ¿quién la recibe?, ¿la están depositando aleatoriamente en un botadero autorizado o la están negociando?, estamos a la espera de que estas dudas sean clarificadas tanto por parte de la ANI, como de la Concesión”.
Correa Betancur, añadió que “la comisión llevó a cabo hace unos días una reunión, donde Luis Carlos Ochoa, representante a la Cámara, lideró un debate de control político donde salieron a la luz una serie de faltantes de Covipacífico, en la cual desnudó, no sólo el tema de Las Areneras, sino que hace un año, la unidad funcional 2 debería estar operando y aún no la han puesto al servicio del público”.
El clamor de la comunidad
Ante la falta de claridad y las respuestas incompletas por parte de las autoridades, la comunidad del Suroeste antioqueño exige que se busquen soluciones que garanticen la movilidad y el desarrollo económico de la región. Entre las propuestas planteadas por los líderes locales se incluyen la construcción de un túnel falso, el cierre de un solo carril durante las obras o la realización de los trabajos en horario nocturno. Aunque Covipacífico ha señalado que la opción nocturna presenta riesgos, los habitantes insisten en que reduciría considerablemente el impacto negativo en la comunidad.
Utrans y la Comisión accidental por su parte, han solicitado a las autoridades y a la concesionaria reconsiderar el cierre completo de la vía y buscar alternativas que no comprometan la movilidad. Además, proponen una audiencia pública con la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) para evaluar el impacto de las obras y discutir la viabilidad de las intervenciones propuestas.
El Suroeste antioqueño se mantiene en estado de alerta y no descarta la posibilidad de retomar movilizaciones sociales pacíficas, como la que se llevó a cabo el pasado 17 de agosto por dirigentes y comunidad en general en contra de el posible cierre, para hacer valer sus derechos. El futuro de la región está en juego y la decisión que tome la ANI en las próximas semanas será determinante.
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