Sección Hablemos de economía
Lucha contra el Covid-19
Por Juan Felipe Bolívar Agudelo Estudiante de Economía UNAULA
La vacunación contra el Covid-19 comenzó en Colombia el 20 de febrero de 2021, y hasta ahora el Gobierno Nacional ha logrado negociar 41.5 millones de vacunas con los laboratorios Pfizer, AztraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac, además de las 20 millones de vacunas que recibiremos a través del mecanismo Covax. Es decir que tenemos aseguradas 61.5 millones de dosis, suficientes para 35.250.000 personas (recordemos que es necesario aplicar dos dosis por persona). Aún así, regresar a la vida que teníamos antes de la pandemia sigue siendo un sueño lejano.
No podemos hacer uso inmediato de las 61.5 millones de dosis, puesto que los laboratorios deben proporcionar grandes cantidades a todo el mundo; las vacunas llegarán a Colombia de manera gradual, es necesario priorizar, y para eso el gobierno diseñó un plan de aplicación en 5 etapas, iniciando con la población más vulnerable (trabajadores de la salud y oblación mayor a 80 años).
Actualmente Colombia negocia con cinco laboratorios diferentes, pero hay más de 70 vacunas en desarrollo a nivel mundial, entonces ¿Por qué no negociamos con otros laboratorios para obtener más vacunas?, ¿por qué no desarrollamos nuestra propia vacuna?, ¿cuánto vale una vacuna?, ¿quién paga por ellas?, ¿puede una persona comprar vacunas directamente a los laboratorios?, ¿nos aplicaremos la vacuna y volveremos a la normalidad? Para responder estos interrogantes debemos hablar de economía, libre mercado y el papel del Estado.
Diferentes corrientes de pensamiento han discutido la participación del Estado en la economía. De hecho, grandes guerras durante el siglo pasado basaron sus motivos en esta lucha ideológica entre libertades económicas, y control y planeación central. Lo cierto es que hasta ahora no ha existido un país en el que el Estado no participe en la toma de decisiones, sobre todo para regular e intentar velar por un mayor bienestar para la nación en conjunto. Un buen ejemplo de esto, ha sido precisamente la pandemia por Covid-19 y sus consecuencias, que nos ha dejado claro que es necesaria la intervención del sector público para alivianar las cargas y evitar un aumento de la desigualdad.
¿Debería el Estado intervenir mucho, poco o nada? No existe receta o fórmula que nos diga cuánto debe hacerlo, pero cuando hay un fallo de mercado (situación en la que el mercado no es capaz de asignar recursos de manera eficiente) debe entrar el Estado para garantizar eficiencia y equidad, ya sea produciendo bienes y servicios, asignando o redistribuyendo los recursos de manera óptima, o estimulando el crecimiento.
Las vacunas contra el Covid-19 son en su mayoría desarrolladas por laboratorios privados, con cooperación o apoyo de gobiernos, facilitando así la financiación de las investigaciones necesarias. Sin embargo, entendiendo la dinámica de libre competencia, muchos laboratorios apuestan por encontrar una solución rápida, sin prestar demasiada atención a su efectividad. A esto también se le conoce como efectos adversos de la privatización; un privado tendrá mayores incentivos en producir en masa y de manera pronta, a dejar que sus competidores se adelanten. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud -OMS, recomienda específicamente algunas vacunas que cumplen con ciertos estándares y procedimientos y que, además, tienen un elevado porcentaje de efectividad.
Es importante resaltar que la vacuna China, Sinovac, que actualmente se está aplicando en Colombia, ha mostrado una efectividad de más del 90% en casi todos los países donde se ha aplicado. Sin embargo, los estudios clínicos realizados en Brasil arrojaron una efectividad de un poco más del 50% por razones que están siendo estudiadas.
Las empresas del sector privado con capacidad investigativa, tecnología e interés en desarrollar la vacuna trabajan de manera conjunta con los gobiernos, que son quienes financian la investigación y desarrollo de la vacuna, con el interés de obtener las dosis suficientes para su población. Este ejercicio empieza a establecer algunas reglas de juego que van desde la cantidad hasta la calidad del producto final. Si lo hiciera solamente el sector privado, muchas personas no podrían acceder a la vacuna, puesto que el interés de un privado es generar utilidades, y esto lo hará a través de precios.
El cálculo estimado del valor de una vacuna varía de acuerdo con quien la produce, pero las más caras (Moderna, Pfizer) están alrededor de $25 dólares americanos, es decir, unos $89.000 pesos colombianos a TRM $3.553,49; y las más baratas, cerca a los $3 dólares americanos, o sea unos $10.660,47 pesos colombianos.
En cambio, el gobierno se encarga de distribuir las vacunas de manera gratuita, o por lo menos así pareciera. En realidad, nosotros, nuestros hijos y probablemente nuestros nietos pagaremos esas vacunas, la crisis económica y el endeudamiento al que accedió el país debido a la pandemia, y lo haremos a través de impuestos. El economista Milton Friedman decía: “No existe tal cosa como un almuerzo gratis”, refiriéndose precisamente a que el Estado no nos regala nada. Los subsidios, los programas sociales, los bienes públicos, absolutamente todo lo pagamos tributando. Por eso el gobierno busca implementar una nueva reforma fiscal, pero eso lo trataremos en otro momento.
Por ahora el gobierno es el responsable, pero no descarta que también se sumen entidades privadas a este proceso, una vez la población más vulnerable haya quedado vacunada. Somos alrededor de 50 millones de colombianos, y con el esfuerzo del Estado aseguramos las vacunas para 35.250.000; los 14.750.000 restantes tendrán otras posibilidades para vacunarse que se evaluarán y se pactarán a medida que avanzamos. Pero para ese momento, por lo menos todos nuestros adultos mayores, personal de la salud, población con comorbilidades y, en especial, la porción de más bajos recursos estará vacunada.
De acuerdo con The Financial Times, al 21 de marzo de 2021, Colombia ha entregado 1.18 millones de vacunas; 1.127.570 de personas ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna y 54.528 ya han sido completamente vacunadas. Como muestra la gráfica, vamos por el orden de 2,24 dosis administradas por cada 100 habitantes, y en comparación con algunos países vecinos, que se adelantaron en la compra y aplicación de vacunas, necesitamos ser más ágiles y eficientes en este proceso si queremos lograr el objetivo de inmunidad de rebaño para el mes de diciembre.
Las cuarentenas obligatorias y el distanciamiento social han hecho que la fuerza laboral en todo el mundo se tenga que reducir, empresas han tenido que cerrar o despedir trabajadores para intentar sobrevivir, menos empleos significa menos producción en la economía, por lo tanto, el crecimiento se desacelera, las familias deben ajustarse y gastar menos, dejar de utilizar servicios o consumir bienes para mantener unas mínimas condiciones. La enfermedad e incluso las muertes causadas por Covid-19, en especial a personas mayores, pueden significar la reducción o desaparición del único ingreso que tenía una familia, menos fuerza laboral e incremento de gastos médicos. Esta reducción del ingreso, y por consiguiente, reducción del gasto de las familias, lleva a las empresas a producir cada vez menos, se detiene el aparato productivo y cae la demanda agregada, sube el desempleo, experimentamos situaciones inflacionarias, y si bien algunos productores reducen el precio de sus bienes y servicios para hacerlos asequibles y evitar mayores pérdidas por acumulación de inventarios, se alcanzan niveles en los que no importa qué tanto bajen los precios, el ingreso de los individuos no alcanza para comprar lo suficiente.
El sistema financiero se ve afectado, entonces reduce o congela tasas, extiende plazos y prorroga pagos; los bancos se ven vulnerables al tener que entregar el dinero que las personas y empresas tienen como ahorros, y que solicitan para amortiguar la difícil situación económica, pero sin contar con ingresos suficientes de los dineros prestados en créditos, hipotecas, etc. Esto sin mencionar el sector externo que se vio fuertemente afectado por el cierre de fronteras, y muchos otros sectores de la economía que agudizan profundamente la crisis que vivimos, y que seguiremos sintiendo a lo largo de los próximos años.
La llegada de las vacunas es una luz de esperanza. Si bien no significa que podremos hacer todo como antes, por lo menos el riesgo de grave enfermedad y muerte se ve reducido enormemente. Podremos enfocarnos en la formación de capital humano, generación de empleo formal, educación, formación de empresas. Según el Dane, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, el desempleo femenino fue del 19,6%. Esta cifra corresponde entre muchas razones de desigualdad, a que son nuestras mujeres las que deben encargase del cuidado del hogar y de los hijos, que por pandemia no han podido retornar a las aulas, por lo tanto, ellas tampoco pueden regresar a sus empleos.
Lo que viene es un esfuerzo conjunto entre sector público y sector privado. El padre de la economía moderna, Adam Smith, decía que no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. El Estado debe garantizar eficiencia y equidad, apoyándose en el sector privado que, en muchos sentidos, está más estructurado, tiene mayor capacidad de cobertura y podría agilizar enormemente la aplicación de las vacunas. Adicionalmente, debe existir una total garantía de la legalidad del proceso. Es triste saber que aún en medio de la pandemia desaparezcan vacunas, no se apliquen adecuadamente o se sabotee la distribución en las diferentes comunidades, para eso el Estado debe ser el primer ejemplo de transparencia y buena autoridad. Adicionalmente, depende de cada uno de nosotros aportar al bienestar común. La vacuna no es obligatoria, pero es responsabilidad nuestra evitar el contagio y también mantener a nuestras familias a salvo. Países europeos han debido cerrar nuevamente sus economías por causa de nuevos picos, contrariamente por la seguridad que genera iniciar con la vacunación. Un ejemplo cercano es Chile, que regresó al confinamiento obligatorio debido a que la ocupación de camas UCI es de casi el 95% y sigue en aumento. Que sea diferente en Colombia, que con vacuna o sin vacuna, sigamos cuidándonos los unos a los otros.
