Por Laura Franco Salazar y Juan David Guerra Cano
Según el informe ‘Títulos mineros de la Anglogold Ashanti Colombia S.A versus, despojo de tierras, desplazamiento forzado y asesinato de líderes sociales’, realizado por la organización Forjando Futuros, en algunos de los territorios de Colombia donde AngloGold Ashanti -AGA tiene títulos y proyectos mineros, se registran también altos índices de desplazamiento forzado, despojo y asesinatos de líderes sociales.
Es usual que multinacionales como AGA establezcan convenios con el Ministerio de Defensa Nacional, ente encargado de coordinar las políticas de seguridad en el país y de dirigir el accionar de la Fuerza Pública. Dichos convenios son firmados con el objetivo explícito de mantener la “integridad de los bienes de la empresa, de sus empleados, contratistas y comunidades vecinas”.
Los convenios, pagados con grandes sumas de dinero a las Fuerzas Militares y la Policía, son regulados por la Resolución 5342 del Ministerio de Defensa. Según La Liga Contra el Silencio, en su investigación ‘Petroleras y Mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía’, este tipo de acuerdos han funcionado, más que para mantener la integridad material y humana de quienes trabajan en las empresas, para girarle dinero a los militares y «pagar viajes turísticos», además, según denuncian, los convenios han favorecido la persecución a campesinos, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Según la Constitución Política de Colombia, el mandato del Ejército es “defender el orden constitucional” (artículo 217) y el de la Policía mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (artículo 218).
“Cuando se dan estos convenios hablamos de una Fuerza Pública que, contrariando el mandato constitucional, direcciona su accionar en beneficio de privados y no en beneficio de la comunidad”, explica Vanessa Vasco, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.
Además, Vasco afirma que es común que AGA firme este tipo de acuerdos: “un ejemplo de ello es el proyecto La Colosa, en el Tolima: una vez llega AngloGold Ashanti al territorio, instala una base del Batallón de Infantería y un Batallón de Alta Montaña para proteger la infraestructura en la fase de exploración minera. Lo mismo pasa en Jericó, en el proyecto Quebradona, allí hacen presencia integrantes del Ejército y el ESMAD”.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch, en su informe La maldición del oro, señala que AngloGold Ashanti ha sido denunciada por financiar grupos paramilitares en la República Democrática del Congo, África.
¿Qué dejarían este tipo de convenios?
Según el Centro Internacional de Toledo para la Paz, en su informe Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia: “Las actividades extractivas de la AngloGold en el Sur de Bolívar estuvieron acompañadas de un amplio espectro de denuncias públicas por parte de habitantes y organizaciones civiles, quienes adjudicaron la muerte de un reconocido líder minero de la región (Alejandro Uribe Chacón) y las amenazas contra sus habitantes, a una fuerte militarización de la zona en el marco de un acuerdo entre la compañía y el Ejército para facilitar su operación”.
Uribe Chacón, integrante de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), fue asesinado hace 14 años por soldados del Batallón Antiaéreo N° 2 Nueva Granada, y presentado como guerrillero dado de baja en combate, el 20 de septiembre de 2006.
Doce días antes del homicido, Uribe Chacón había denunciado ante la Defensoría del Pueblo que militares lo estaban persiguiendo y amenazando por oponerse a AngloGold Ashanti.
Tras el asesinato, el Ejército afirmó que se trataba de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional -ELN. Sin embargo, la Unidad Nacional de DDHH y DIH de la Fiscalía General de la Nación demostró que no pertenecía a ningún grupo armado ilegal.
Se trató entonces de una ejecución extrajudicial. En el 2010 inició la judicialización a cuatro militares por el homicidio: el capitán Álvaro Enrique Ramírez Flórez, el sargento Segundo Villafrades Pérez y los soldados Julio César Carvajal y Yelson Pérez.
“Sobre el asesinato del líder minero Alejandro Uribe Chacón, AngloGold Ashanti no tiene ningún conocimiento ni versión al respecto”, afirma la empresa.
Por su parte, Amnistía Internacional, organización defensora de derechos humanos, expone en su informe Sindicalismo en Colombia: homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: “diversos testigos han manifestado que, en el último año, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada han amenazado con matar a dirigentes de Fedeagromisbol. Así mismo, los informes indican que los soldados han dicho a los habitantes de la zona que sus operaciones tienen por objeto garantizar la presencia de los intereses de empresas mineras internacionales en la zona, donde tiene intereses la empresa aurífera internacional AngloGold Ashanti (Kedahda S. A.)”.
Militares, Policías y AngloGold Ashanti en Jericó
El primer convenio del que se tiene conocimiento con operación en el municipio es el Convenio 17-023, suscrito el 2 de octubre de 2017 y firmado por Andrés Valencia Prieto, representante legal de la empresa.
A raíz de este acuerdo, la multinacional le entregó una suma de dinero al Batallón Cacique Nutibara de Andes, a la Cuarta Brigada y a la Séptima División del Ejército. El convenio incluyó a las empresas AngloGold Ashanti Colombia, Gramalote Colombia Limited, Exploraciones Northern y Minera de Cobre Quebradona. La suma de dinero girada a la Fuerza Pública fue, según la Liga Contra el Silencio, de $1.099.791.000.
En un comunicado oficial, la multinacional afirma que existe un convenio adicional vigente, con intención de renovación: “actualmente la empresa tiene un convenio vigente con el Ministerio de Defensa Nacional para el proyecto Gramalote y Minera de Cobre Quebradona para la vigencia – año 2020. Existe la posibilidad de renovar dicho acuerdo para la vigencia – año 2021.”
Para la época en que se aplicó el primer convenio, el alcalde de Jericó era Jorge Andrés Pérez. Así describe él la relación que había entre el Ejército, la Policía y la empresa:
“Había una camioneta y unos 15 efectivos de la Policía dedicados a proteger a los funcionarios de la multinacional. También tuvieron un contrato con militares. Había una base del Ejército instalada arriba en la montaña donde tienen las plataformas. Los efectivos patrullaban la zona pero no cuidaban a los campesinos ni a la comunidad. Estaban cuidando las instalaciones de la multinacional y a los empleados”.
Gustavo Arboleda, caficultor del corregimiento de Palocabildo, relata que en una manifestación pacífica contra las actividades de la empresa, en la vereda La Soledad, los policías intimidaron a los campesinos asistentes:
“La Policía llegó donde nosotros estábamos haciendo la manifestación pacífica y nos dijo que lo que estábamos haciendo era ilegal. Nosotros les decíamos que no queríamos la minería y que la región no era minera. Ese día un comandante de la Policía me amenazó, me dijo que me iba a capturar porque estaba incitando a la gente en las manifestaciones. Nosotros le respondimos que estábamos cuidando el territorio y el agua, que nuestra región era agrícola y cafetera”.
Hasta la fecha Jericó ha sido caracterizado como un territorio con poca afectación por parte de actores armados ilegales. Algunos grupos de delincuencia organizada tienen presencia en el territorio por asuntos de microtráfico, sin embargo, el municipio destaca por su ambiente tranquilo. “No estoy de acuerdo con que la empresa minera venga a traernos el Ejército a esta región sana, calmada y sin ningún grupo armado. Todos somos campesinos, caficultores, gente trabajadora, aquí solo tenemos las finquitas que nos han dado el sustento toda la vida”, agrega Gustavo.
¿Es vulnerada la autoridad de los alcaldes?
Los alcaldes son, según el artículo 315 de la Constitución, “la primera autoridad de policía del municipio”, pero cuando las empresas mineras y el Ministerio de Defensa firman los convenios ignoran este mandato constitucional.
Así lo confirma Jorge Andrés Pérez, ex alcalde de Jericó, pues cuando se desempeñaba como autoridad municipal no podía pedirle nada a los militares que trabajaban para la empresa.
“Ellos no me avisaban nada. Alguna vez vino el Gobernador y les pedimos el favor (a los policías) de que nos acompañaran en la camioneta y ellos dijeron que no podían moverse si la multinacional no les daba la orden”,
cuenta el ex alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez.
Para Juan Martín Vásquez Hincapié, actual alcalde de Támesis, los convenios son una muestra de la concentración de poder que tiene el Gobierno Nacional. “Este es un país exageradamente centralista. A los alcaldes para lo único que nos tienen en cuenta es para autorizarnos, como en el caso de la pandemia, para que atendamos las emergencias locales, pero la descentralización como tal no existe. Aquí hay una concentración de funciones del Gobierno Central hacia los territorios”.
Por su parte, el actual alcalde de Jericó, David Alonso Toro, manifiesta no sentir vulnerada su autoridad como alcalde ante el hecho de que el Ministerio y la empresa no cuenten con su aprobación para firmar un convenio de seguridad: “si hacen convenios, con el uno o con el otro, eso no implica que el alcalde no sea autoridad, sigue siendo la autoridad y supongo yo que ellos tendrían que coordinar acciones con el municipio”.
“Decían que venían a enfrentarse con gente peligrosa”
Mientras regía el Convenio 17-023 entre Minera de Cobre Quebradona y el Ministerio de Defensa Nacional, en mayo de 2019, el Ejército hostigó a un grupo de campesinos que se oponía a la instalación de una plataforma de perforación en la vereda Vallecitos de Jericó.
Su oposición se basaba en el argumento de que las actividades de la empresa iban en contra del Acuerdo Municipal 010 de 2018 que prohíbe la minería de metales en el municipio.
El ex alcalde, Jorge Andrés Pérez, describe así lo sucedido: “Me encontré con unos 25 policías del ESMAD preparándose para lo que ellos pensaban iba a ser un encuentro con subversivos. Cuando llegué vi al comandante del Distrito, 10 policías más y gente de la Sijín. Yo le exigí a la multinacional que abandonara el espacio porque estaban incumpliendo el Acuerdo 010. También le pedí al comandante del Distrito que por favor retirara al personal de la zona. La empresa da la vuelta y se retira, pero evidenciando un uso excesivo de la Fuerza Pública contra los campesinos de la zona”.
Según Pérez, hacia el lugar de la manifestación se dirigía también un grupo de soldados provenientes del Batallón Cacique Nutibara de Andes. Cuenta que los soldados iban con una información muy particular, porque decían que los habían llamado para combatir subversivos:
“Los del Ejército llegaban preparados para hostigar y amedrentar a quienes estaban en la manifestación pacífica. Decían que venían a enfrentarse con gente peligrosa, que tenían que apaciguar una fuerza violenta, pero se encontraban con unos campesinos queridos que estaban defendiendo pacíficamente la vida, el agua y el territorio”, puntualiza.
A pesar de estas denuncias, el actual alcalde de Jericó, David Alonso Toro, manifiesta no conocer ningún hecho que involucre a la empresa en violaciones a derechos humanos en Jericó, ni actualmente ni en su mandato anterior como alcalde (2012-2015). “No he visto violación a los derechos humanos, la empresa ha sido respetuosa con estos temas y también con el tema de la protesta”, afirma.
De igual manera, la empresa AngloGold Ashanti indica que “ha sido respetuosa de los Derechos Humanos siendo activos en el análisis de riesgos, prevención, y colaboración con autoridades y comunidades”.
¿Privatización de la Fuerza Pública?
La Corte Constitucional afirma que las labores de seguridad que debe prestar el Estado no pueden convertirse en un servicio al que se accede pagando, tal como lo dictamina la sentencia C-020/96:
“El servicio de policía, por ser esencial, ha de ser ofrecido a toda la comunidad en condiciones de igualdad, porque todas las personas tienen derecho, en la misma medida, a reclamar de las autoridades de la República aquello para lo cual están instituídas (…) No es tolerable, a la luz de la normatividad superior, que se establezcan por el legislador categorías de personas beneficiarias en distinto grado del servicio esencial de policía, según su capacidad para retribuir un servicio que por su naturaleza ha de ser gratuito”.
Sentencia C-020/96 de la Corte Constitucional.
Juan Martín Vásquez, alcalde de Támesis, dice que es un “contrasentido” que la Fuerza Pública privatice sus funciones al firmar convenios con empresas. “Eso es como privatizar la seguridad nacional y el orden público. Estoy de acuerdo con lo que dice la Corte Constitucional: los servicios que prestan la Policía y el Ejército son para todos los habitantes del territorio nacional. Con los convenios se generan privilegios en orden a algo censitario, es como volver a la edad media, cuando los derechos eran de acuerdo al dinero que se tuviera”, expresa.
De igual manera, Yamid González Díaz, integrante del Cinturón Occidental Ambiental, afirma: “este tipo de convenios invisibiliza la existencia de conflictos ambientales en los territorios. Además, ¿qué se entiende por conflicto y qué tratamiento se le ha dado en el país? ¿Qué consecuencias puede traer la presencia de actores armados en los territorios, más cuando son financiados por los directos responsables de los conflictos?”.
Sin embargo, para el actual alcalde de Jericó, David Alonso Toro, estos convenios responden a una necesidad de las empresas. “Cada quien ve la necesidad y busca la forma de solucionarla. Es una necesidad de seguridad y de protección, y si se la pueden brindar, yo no tengo ahí ninguna posición.”
¿Vendrán más convenios para el Suroeste?
La empresa tiene actualmente un nuevo convenio con la Fuerza Pública en Jericó y lo piensa renovar para el próximo año.
Por ello, al realizar este informe, se consultó a las fuentes con presencia en el territorio su opinión frente a la posibilidad de que AngloGold Ashanti continúe firmando este tipo de convenios.
Las fuentes consultadas se opusieron a la idea, a excepción del actual alcalde de Jericó, David Alonso Toro. «Si una empresa privada puede acceder a la protección del Estado firmando convenios y pagando para eso, supongo yo que está en todo su derecho», afirma.
Al respecto, Yamid González Díaz, integrante del Cinturón Occidental Ambiental, expresa preocupación debido a que la actual Administración Municipal es «complaciente» con los intereses y actuaciones de la multinacional. “El actual mandatario es un aliado de la empresa, lo que nos plantea un futuro incierto y preocupante en la forma como se va a tratar la protesta social”.
El alcalde de Támesis se negó totalmente a la idea de que en su municipio se llegue a firmar un convenio de seguridad. “Si la minería es buena, ¿por qué tienen que contratar grupos armados para la defensa de sus intereses en una región tan buena y tan próspera como el Suroeste de Antioquia?”.
Así mismo, expresó su decidido rechazo a la realización del proyecto minero Quebradona: “nosotros nos hemos opuesto de una manera franca, sincera y directa contra el desarrollo de minería de metales en el Suroeste. No tiene ningún sentido que pongamos en riesgo nuestras riquezas estratégicas por acudir a una explotación minera que nos va dejar un pasivo ambiental supremamente grave en el país y un espejismo de una riqueza pasajera que tampoco va ser para nosotros”.
Los convenios:
Estos son cinco convenios que ha firmado AngloGold Ashanti con la Fuerza Pública, publicados por La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto en su mapa de convenios.
Es probable que a además de estos, la multinacional haya firmado otros, cuyos documentos y presupuesto se desconocen, por ejemplo, el que rige actualmente en Jericó.
- Convenio 18-027 (San Roque, Antioquia)
- Convenio 14-034 (Puerto Nare, Antioquia)
- Convenio 13-082 (Bogotá, Cundinamarca)
- Convenio 009-008 (Bogotá, Cundinamarca)
- Convenio 17-023 (Bogotá, Cundinamarca)
AngloGold Ashanti tiene hasta la fecha 3 proyectos mineros en Colombia:
- La Colosa (Cajamarca, Tolima), suspendido mediante consulta popular en la que cerca de 6.000 cajamarcunos rechazaron el proyecto.
- Gramalote (San Roque, Antioquia), en etapa de perforación.
- Quebradona (Jericó, Antioquia), a espera de licencia ambiental.
En 2017, según el Catastro Minero, la cantidad de títulos mineros aprobados para la empresa ascendía a 504 con más de 3.000 solicitudes de titulación.
