Lo más debatido en los últimos días en el Suroeste antioqueño: la firma de un Acuerdo de Entendimiento entre la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia y Minera de Cobre Quebradona S.A.S. BIC, presentado por ambas entidades como una alianza para fortalecer la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad territorial y la gestión del conocimiento.
Mientras ambas entidades sostienen que se trata de una alianza para fortalecer la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad territorial y la participación comunitaria, distintos sectores del territorio se preguntan cuáles son los alcances de esta relación.
El acuerdo fue presentado como un mecanismo de cooperación para desarrollar acciones conjuntas en cinco líneas estratégicas: gobernanza ambiental, conservación de la biodiversidad, legalidad ambiental, sostenibilidad y cambio climático, y gestión del conocimiento. Según Corantioquia, el memorando de entendimiento busca promover el desarrollo sostenible del Suroeste mediante programas orientados al cuidado del recurso hídrico, la protección de la fauna, la educación ambiental y el fortalecimiento del tejido social. Por su parte, Quebradona destacó que la alianza representa un hito en la gestión ambiental compartida y en la construcción de una agenda conjunta para la protección del patrimonio natural.
La firma del acuerdo motivó un pronunciamiento de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó y de la Mesa Ambiental de Jericó, que radicaron un derecho de petición dirigido a la directora de Corantioquia, Liliana María Taborda González. Además de solicitar copia del Acuerdo de Entendimiento, el documento pide a la Corporación explicar el alcance de conceptos como «fortalecimiento de la gobernanza socioambiental», «alianza estratégica» y «articulación institucional» con Minera de Cobre Quebradona. También solicita precisar cómo se desarrollarán componentes como la participación comunitaria, la educación ambiental, la sostenibilidad territorial y la gestión del conocimiento en un contexto donde, según la Veeduría, persiste un conflicto socioambiental asociado al proyecto minero y existen procesos de judicialización contra campesinos que se han opuesto a la iniciativa. Finalmente, el derecho de petición pregunta si Corantioquia comparte el mensaje institucional de la empresa: «Minería para empoderar a las personas y hacer avanzar a las sociedades», difundido en el comunicado con el que se anunció el convenio.
Ante las inquietudes, Corantioquia emitió un nuevo pronunciamiento en el que aclaró que la autoridad ambiental competente sobre el proyecto Quebradona es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, que el acuerdo no contempla compromisos económicos entre las partes y que constituye una estrategia institucional similar desarrollada con otras 18 empresas. de su jurisdicción. Además, Corantioquia defendió el alcance del memorando de entendimiento y sostiene que este permitirá «seguir el trabajo articulado» para generar el desarrollo sostenible del Suroeste. La directora de la Corporación, Liliana María Taborda González, afirmó que la alianza impulsará iniciativas relacionadas con el cuidado de la fauna, el recurso hídrico y ayudará a «recomponer el tejido social», mediante programas de educación ambiental y participación comunitaria.
Recordemos que el proyecto Minera de Cobre Quebradona, filial de AngloGold Ashanti, desarrolla actividades de exploración en jurisdicción de Jericó y Támesis desde hace más de una década y media. En 2019 la empresa radicó ante la ANLA el Estudio de Impacto Ambiental para avanzar hacia la etapa de explotación; sin embargo, el trámite fue archivado por esa autoridad, que solicitó información adicional. Desde entonces, la compañía ha manifestado su intención de presentar un nuevo estudio, mientras el proyecto continúa generando posiciones encontradas entre distintos sectores del territorio sobre sus impactos ambientales, sociales y económicos.
En los últimos años se han presentado querellas relacionadas con acciones de protesta, mientras que 11 campesinos fueron vinculados a un proceso penal por hechos ocurridos durante una manifestación contra el proyecto minero. La Fiscalía les imputó cargos por presuntos delitos, como secuestro simple, hurto calificado y, en uno de los casos, lesiones personales. Los campesinos sostienen que actuaban en defensa del territorio y del agua, mientras que la empresa ha señalado que su actuación se limitó a poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que fueran investigados. El proceso judicial continúa su curso.
