Foto: Juan Pablo Fotografía
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A finales del 2017 y como mecanismo para rechazar que el Tribunal Administrativo de Antioquia haya anulado el acuerdo 009 que prohibía la minería metálica: ‘por el cual se dictan medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Urrao, Antioquia’; el Concejo Municipal interpuso una tutela contra dicho ente, y hoy se conoce que el Consejo de Estado admite la tutela. 

En declaraciones dadas a este medio, según el abogado Rodrigo Negrete quien apoyó la iniciativa, aunque aun no hay un fallo es la primera vez que se cuestiona una decisión de esta naturaleza:

Que el Consejo de Estado admita la tutela es un avance importantísimo, porque se demuestra que sí hay una eventual violación de derechos fundamentales, que además se traduce en que se emitió un fallo contrario a la Constitución Política. ¿Qué podemos esperar? Que el Consejo de Estado eche para atrás el fallo y resuelva que los municipios sí están facultados para prohibir la minería. Seguidamente que la Gobernación de Antioquia deje de seguir demandando los acuerdos y reconozca la autonomía que tienen los municipios a través de los concejos. 

 

Agrega que es fundamental que los concejales estén defendiendo un acuerdo que consideran válido y que hayan acudido ante la instancia superior con una tutela, al respecto el concejal Ricardo Mauricio Cossio afirma que: «la noticia es magnífica, toca esperar el fallo y esperamos que sea favorable».

Por su parte, Danny Alejandro Quiceno, integrante del movimiento juvenil que desde el 2012 se resiste a la minería en Urrao a través de movilizaciones, campañas en redes sociales y expresiones artísticas que aluden a la defensa del territorio y sus páramos, opina que:

Nosotros apenas nos enteramos este jueves, y recibimos este espaldarazo con mucha alegría, porque sabemos que este tema genera unos intereses y mueve unas maquinarias muy grandes, entonces es un primer paso para seguir luchando por los campesinos, por las etnias, por Urrao que quiere un territorio libre de minería.

El Consejo de Estado dará a conocer el fallo en los próximos días cuando escuche los argumentos del Tribunal Administrativo y de la Gobernación de Antioquia.

Entre tanto, en el municipio de Jericó también preparan una tutela, recordemos que su acuerdo contra la minería también fue anulado por el Tribunal el año pasado.

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Contexto de la minería en Urrao 

El 87% del territorio de Urrao tiene solicitudes para actividades mineras. El 19 de agosto del 2017 el Concejo Municipal (solo un voto en contra) prohibió la minería metálica; tanto en la zona urbana como en la rural hay presencia de maquinarias, dragas, que ya están generando daños, sobre todo en la jurisdicción del corregimiento Mandé, en una zona denominada Cristalinas también en límites con el Chocó, en la vereda Pavón y Bocas del Murrí, entre otros.

En noviembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró sin validez el acuerdo municipal que prohíbe el desarrollo de actividades de minería metálica en Urrao. Sobre el tema la Secretaria de Minas de Antioquia, Dora Elena Balvín Precisó que dicho acuerdo municipal es declarado nulo porque:

“Está violando una norma superior, toda vez que el subsuelo es potestativo de la nación y mediante un acuerdo municipal no se puede limitar esta competencia”.

Postura ante la cual, Negrete explica que:

La Corte expresamente ha dicho que los municipios pueden prohibir la minería en tres vías: las consultas populares, los acuerdos municipales por los cuales se revisan los POT, y los acuerdos en defensa del patrimonio ecológico, eso lo dijo la Corte en la sentencia T445 de 2016, entonces tenemos un estado de cosas que ni la Gobernación ni el Tribunal han querido reconocer.

Con relación a las consultas populares, que en el Suroeste adelantan municipios como: Betulia, Concordia, Jardín, Salgar y Titiribí, Negrete afirma que:

Tanto las consultas populares como la revisión de los POT son mecanismos independientes, pero puede coexistir, articularse con los acuerdos, y aunque el Ministerio de Hacienda está bloqueando la financiación de las consultas ¡Legalmente y constitucionalmente están obligados a ello!.

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