La negativa del Gobierno Nacional a los proyectos mineros en Jericó y Támesis se convirtió en tema de interés nacional en el primer mes de 2023, sin embargo, la prohibición del presidente Gustavo Petro parece no ser suficiente para frenar dichos proyectos, ya que los entes de control han intervenido en la decisión.
Petro prohíbe la minería en Jericó
El 14 de enero el presidente Gustavo Petro visitó el municipio de Jericó durante la jornada de Diálogos Vinculantes, en su discurso aseguró que no continuará más la minería en los municipios de Jericó y Támesis, cerrándole las puertas al proyecto Minera Quebradona de la multinacional AngloGold Ashanti que pretende realizarse en jurisdicción de Jericó.
«Los estudios muestran que hay un peligro entre la minería que se propone aquí y el agua, entonces escogemos el agua. Por principio universal de precaución no se puede poner en peligro el agua”, señaló el presidente Gustavo Petro.
La decisión del Gobierno Nacional fue la respuesta que llevaba esperando por mucho tiempo la comunidad que se opone a la minería en la región, sin embargo, también avivó el conflicto entre aquellos que la apoyan.
No obstante, el Presidente Petro fue enfático en que el Gobierno no tiene una actitud antiminera, sino una discusión planteada, “que ya tiene forma jurídica a través de la sentencia de la Corte Constitucional reciente que salió hace unos meses y debe ser estudiada por toda la comunidad”.
La Respuesta de AngloGold Ashanti
En su cuenta de Twitter la multinacional respondió a las palabras del presidente: “Tenemos la tranquilidad de que nuestro proyecto Quebradona no pone en riesgo el agua del territorio y puede coexistir en armonía con el desarrollo de un Distrito agrario y ecológico. Buscaremos tener conversaciones con las autoridades ambientales para revisar conjuntamente la información existente del recurso hídrico y continuar avanzando con los estudios a los que nos obliga la ley”.
Procuraduría solicita al Gobierno pruebas técnicas para prohibir la minería en Jericó y Támesis
Ante las declaraciones emitidas por el Gobierno Nacional sobre la prohibición de proyectos mineros en los municipios de Jericó y Támesis, la Procuraduría General de la Nación solicitó al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Mauricio Lizcano, remitir los fundamentos técnicos, normativos y de política pública que sirvieron de base para tal decisión.
El ente de control también solicitó referenciar el acta de relatoría de la sesión de las declaraciones públicas que se realizaron en Jericó, así como las órdenes administrativas por el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales, para la implementación de la instrucción impartida. La validación y confirmación de si fueron desarrollados procesos de participación ciudadana previos a la toma de tal decisión, también deberán ser referenciados en el informe solicitado por la Procuraduría.
Gobernación de Antioquia pierde potestad de los principales títulos mineros
La Agencia Nacional de Minería -ANM ordenó la fiscalización, seguimiento y control de los títulos mineros declarados como Proyecto de Interés Nacional y Proyecto de Interés Nacional y Estratégico -PINE ubicados en el departamento de Antioquia.
Al respecto, la Gobernación de Antioquia, que es el único departamento del país que conserva delegación de las funciones de contratación y titulación minera, expresó en un comunicado publicado el 17 de enero su desacuerdo con la decisión, pero acata la orden de la ANM, en la que se estipuló un plazo de cinco días hábiles para definir el protocolo de entrega de los expedientes físicos y digitales de los títulos mineros.
Esta resolución cubre al proyecto minero Quebradona ubicado en el municipio de Jericó y a otros tres títulos mineros: proyecto minero Gramalote, perteneciente también a AngloGold Ashanti, proyecto minero Buriticá y Proyecto minero Mineros Aluvial.
La Gobernación de Antioquia pierde toda potestad y decisión sobre estos títulos mineros y deberá entregar un informe integral relacionando, como mínimo, el estado de cada título minero, la gestión realizada en los últimos cinco años y los trámites en curso o que se encuentren pendientes de resolver.
Fotos: Presidencia
