El 21 de mayo, concejales del municipio de Jericó y dos campesinos intervinieron ante la Asamblea Departamental de Antioquia para exponer su posición frente al proyecto minero Quebradona de AngloGold Ashanti. Durante su intervención, señalaron que enfrentan procesos judiciales relacionados con su participación en actividades de oposición al proyecto.
Los concejales Felipe Espinosa (Partido Conservador), Víctor Samuel Ramírez (Partido Alianza Verde) y Omar Darío Porras (Partido ASI), junto a los campesinos Porfirio Garcés y José Luis Bermúdez, hicieron parte de la delegación que viajó hasta Medellín para expresar su preocupación por lo que consideran una amenaza al territorio jericoano.
El espacio fue gestionado por el diputado Juan David Muñoz, quien solicitó a la mesa directiva de la Asamblea la inclusión del tema en el orden del día. Según Muñoz, el objetivo era visibilizar lo que califica como una situación de vulneración de derechos en el suroeste del departamento.
“Hoy logramos que nuestros compañeros diputados de la Asamblea, atendieran el llamado de los concejales de Jericó y a dos de los 11 campesinos perseguidos judicialmente por defender el territorio. Esperamos que nuestros compañeros diputados se hayan logrado sentir movilizados en la razón y la emoción, para que comprendan el conflicto socio ambiental que se vive en Jericó a causa de las presiones y amenazas de AngloGold Ashanti.
Gracias a mis compañeros diputados y diputadas por escuchar atentamente, pero, especialmente gracias a los concejales y campesinos por sus lecciones de dignidad”, escribió el diputado Muñoz en su cuenta en X.
La intervención estuvo acompañada por el respaldo público de más de 350 firmantes entre docentes, estudiantes, organizaciones ambientales y ciudadanos, quienes manifestaron su desacuerdo con lo que consideran una criminalización de la protesta. Según los firmantes, las acciones judiciales podrían estar dirigidas a limitar la oposición social frente a actividades extractivas.
Desde distintos sectores comunitarios de Jericó se ha expresado una preocupación sostenida frente a los impactos ambientales y sociales del proyecto minero. En ese contexto, los participantes mencionaron una serie de normas que, según señalaron, respaldan su derecho a la participación ciudadana y a la defensa del territorio:
- El Acto Legislativo 01 de 2023, que incorporó el derecho fundamental al ambiente sano en la Constitución Política de Colombia, reconociendo su protección como una obligación inmediata del Estado.
- La Sentencia SU-445 de 2016 de la Corte Constitucional, que establece la necesidad de consulta previa, libre e informada a comunidades potencialmente afectadas por proyectos extractivos, y ratifica su derecho a decidir sobre el uso del territorio.
- El Acuerdo de Escazú, tratado internacional vigente en Colombia, que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones que afecten el entorno y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. También contempla medidas específicas para proteger a los defensores del medioambiente.
