El jueves 23 de junio de 2016 ya está inscrito en la historia de Colombia como el día en que el Gobierno Nacional y las Farc firmaron los acuerdos para determinar el cese bilateral y definitivo del fuego y las hostilidades en el país.
En el encuentro en La Habana, las partes también dejaron claro cuáles serán las garantías de seguridad para los desmovilizados y lo correspondiente al mecanismo de refrendación para la paz.
Con opiniones a favor y en contra, el hecho considerado como histórico se volvió el tema más debatido en los hogares colombianos, en empresas, ámbitos políticos, organizaciones sociales, aulas de clases y en los medios de comunicación.
Y es que creer en una paz con justicia social, en una paz llena de verdad e igualdad para el restablecimiento de derechos de todas las víctimas, ahora parece un asunto no solo factible sino más conveniente para Colombia y el mundo, en vez de continuar alimentando un conflicto armado que solo ha traído muerte, desaparecidos, lágrimasy diversas huellas de dolor en varias generaciones.
Si bien acallar las armas, hacer una tregua, establecer el diálogo como camino de interacción, no son las soluciones mágicas al universo de conflictos que aquejan al país, sí constituyen las bases para cambiar la dinámica de violencia que por más de 50 años ha dirigido la vida en todas las regiones colombianas.
Pululan las dudas, el temor, las críticas, y es normal pues nunca antes se había estado tan cerca de ver a las Farc en otra tónica de divergencia: desde la política y con una gran promesa que ya ha hecho eco en todas las naciones: dejar las armas y las hostilidades.
Lo que no puede volverse normal es el silencio del Gobierno ante las dudas ciudadanas y por eso ad portas de un posacuerdo en cada región del país debe primar la pedagogía sobre los acuerdos pactados en La Habana, debe persistir el acompañamiento social a las comunidades, debe manifestarse la política, la academia, la sociedad civil en general en torno a generar conocimiento, opiniones y consensos sobre el impacto que tendrá el fin del conflicto armado.
Habría que preguntarse por tanto: ¿está preparada la Administración Departamental? ¿Está preparada la sociedad civil? ¿Está preparada la academia? Cada uno tiene un papel fundamental.
Las acciones legales marcarán una ruta pero depende de cada alcalde (sa), cada gobernador (a), cada líder y lideresa, de cada persona, creer y crear paz entodo el territorio nacional.
Sabemos que el posacuerdo será largo y complejo, pero confiamos en la asunción de una cultura de la paz, en un periodismo que nos permita ser partícipes pero también verificadores del cambio en cada rincón del Suroeste, del país.
Foto: alainet.org
