Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos -APPA, han estado en el centro de discusiones sobre el ordenamiento territorial y el futuro de los suelos rurales. La revisión de las declaratorias realizadas y los proyectos de resolución que buscan su derogatoria abren un nuevo momento para esta figura y para los territorios en los que fue delimitada. En el Suroeste antioqueño, la declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos -APPA abarca 19 de los 23 municipios de la región.
Para conocer su alcance jurídico y lo que representan las APPA para nuestro territorio, en EL SUROESTE conversamos con José Miguel Galíndez Rojas, abogado experto en Derecho Agrario, cuya trayectoria profesional por más de ocho años ha estado vinculada al campo colombiano.
¿Qué son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos?
- Las APPA hacen parte de las determinantes del ordenamiento territorial y son una figura que se crea a partir del Plan Nacional de Desarrollo del anterior gobierno, en aras de proteger la tierra, pero para usos agrícolas. Colombia es una potencia agrícola, y la protección de estos suelos se relaciona con la posibilidad de garantizar la producción de alimentos. La figura, además, busca evitar que otros usos terminen cambiando esa vocación.
¿Qué implica la protección de los suelos declarados como APPA?
- La protección de estos suelos, como determinante del ordenamiento territorial, busca evitar que figuras como la expansión urbana, la urbanización o actividades como la minería puedan generar cambios en el uso del suelo. No se trata netamente de proteger, como se hace en el ámbito ambiental, sino que, en este caso, se protege para producir. Es decir, se busca mantener el uso agrícola de esos suelos y esa producción debe garantizarla el Estado colombiano.
¿Qué está pasando con las APPA ya declaradas y qué ocurriría si se derogan esas declaratorias?
- Actualmente está en trámite un proyecto de resolución que busca derogar estas declaratorias, debido a que en los procedimientos y en el paso a paso que se siguió para declararlas se habrían omitido algunas circunstancias de gran importancia para los diferentes actores en el territorio. Si se da la derogatoria, esto no significa que desaparezcan las APPA como figura del ordenamiento territorial. La figura sigue existiendo y estará allí sobre la mesa.
Las APPA en un territorio como el Suroeste
- En el Suroeste antioqueño, hablar de protección de los suelos para producir alimentos implica mirar las particularidades de cada territorio. La agricultura convive con la ganadería, la minería, el turismo y el agroturismo, actividades que hacen parte de las dinámicas económicas y sociales de sus municipios. Hay que reconocer los contextos y las dinámicas de cada territorio. Municipios como Jericó, Andes o Ciudad Bolívar tienen sus propias particularidades y, por eso, las APPA, al llegar a estos territorios, deben partir de una visión panorámica. Es necesario sentarse con los diferentes actores, conocer quiénes desarrollan allí sus actividades y entender las dinámicas del territorio. Por eso es tan importante estar en los territorios y conocer lo que ocurre en ellos.
¿Qué ocurre cuando en los territorios que podrían hacer parte de una APPA ya existen otras actividades?
- La delimitación de las APPA está a cargo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -UPRA, y posteriormente corresponde al Ministerio de Agricultura realizar su declaratoria. Un Área de Protección para la Producción de Alimentos no puede llegar, con su declaratoria, a desplazar una actividad como la minería en un municipio que tradicionalmente ha sido minero y donde probablemente muchas de las áreas en las que se desarrollan estas explotaciones cuentan con un título minero. Como es una figura que afecta derechos territoriales, es necesario realizar procesos de socialización y concertación con otras figuras y con los habitantes del territorio.
¿Qué debería tenerse en cuenta hacia adelante frente a las APPA y su aplicación en los territorios?
- Colombia es una potencia y una despensa agrícola, y debemos entender que proteger los suelos para producir alimentos va más allá de una posición política. Las APPA deberían ser una apuesta tanto de un gobierno de izquierda como de derecha o de centro, porque su propósito es proteger el suelo para producir alimentos y está directamente relacionado con el derecho fundamental a la alimentación. Hacia adelante es necesario reglamentar la figura, darle un paso a paso y seguridad jurídica para que sea mucho más claro cómo se llega a una declaratoria. Además, no se trata solamente de proteger determinadas áreas, sino de generar políticas públicas que incentiven que esos suelos efectivamente produzcan alimentos. Esto permitiría dar mayor seguridad a los actores, a los territorios y a los entes locales. Es importante entender el derecho humano a la alimentación y reconocer que en Colombia existen problemas de desnutrición y, en algunos casos, de escasez de alimentos. Por eso, la discusión sobre las APPA debe trascender las ideologías y analizarse desde lo que representa como figura del ordenamiento territorial.
En los 19 municipios del Suroeste incluidos en las declaratorias, las APPA suman 102.802 hectáreas, equivalentes al 15,3 % de las 673.300 hectáreas que conforman los 23 municipios de la región. La proporción varía considerablemente entre municipios: en Concordia alcanza el 53 % de su territorio, con 13.040 hectáreas, el porcentaje más alto, seguido de Santa Bárbara, con el 50 % y 9.711 hectáreas; mientras que en Jardín corresponde al 14 %, con 3.221 hectáreas, la proporción más baja.
La discusión sobre las APPA se desarrolla actualmente en varios escenarios. Mientras el Gobierno Nacional avanza en la revisión y posible derogatoria de declaratorias ya expedidas, en el Congreso cursa un proyecto que busca eliminar esta figura como determinante de superior jerarquía del ordenamiento territorial. En el Suroeste antioqueño, además, el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra la resolución que declaró 8.367,64 hectáreas como APPA en Tarso y Salgar; la admisión de la demanda da inicio al estudio de su legalidad y no implica, por ahora, la anulación de la declaratoria.
Contenido publicado en la edición 220 de EL SUROESTE
