Las organizaciones comunales del Suroeste avanzan en el conocimiento de la normatividad comunal y particularmente de la Ley 1989 de 2019, por medio de la cual se modifica la Ley 743 de 2002. Según esta nueva ley las organizaciones de Acción Comunal tienen a su disposición una serie de herramientas y mecanismos que favorecen su capacidad de gestión y el acceso a derechos en temas de sostenibilidad, banco de proyectos, sedes comunales, software y representación legal, entre otros, así como el relacionamiento con las autoridades municipales, el acceso a educación, transporte y servicios públicos.
La Dirección de Organismos Comunales adscrita a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, en el reciente encuentro en La Pintada, con 53 líderes y lideresas, compartió claridades sobre los antecedentes normativos en el ámbito nacional y departamental, en torno a los principios, fundamentos, normas y definiciones que reglamentan el actuar diario de las Juntas de Acción Comunal y las Asocomunales del territorio.
Entre las conclusiones del encuentro subregional entre la administración departamental, las administraciones locales y los líderes comunales, el posicionamiento del movimiento comunal se destaca como la oportunidad para el desarrollo de las comunidades y la transformación positiva de las realidades en los barrios y veredas del Suroeste, para lo cual es fundamental el ejercicio de la democracia participativa que le permite a la Acción Comunal incidir en los procesos económicos, políticos, sociales y culturales.
Así mismo, en el encuentro los asistentes reiteraron la importancia de conocer y aplicar la normatividad comunal para que las organizaciones comunales del Suroeste antioqueño trabajen con principios de: identidad cultural, participación, solidaridad, capacidad de negociación, organización, formación, derecho a ser diferente, inclusión y equidad de género.
Finalmente, Lupita Cañas Jaramillo, directora de Organismos Comunales de Antioquia, hizo una invitación por parte de la administración departamental a generar un diálogo permanente acerca de las inquietudes y con respecto a las nuevas disposiciones de la Ley 1989 de 2019.
