La bola de nieve de los municipios del Suroeste que toman una decisión frente a la minería de metales bajo la premisa de proteger el patrimonio ambiental y cultural, y defender la tierra y las vocaciones agrícolas, sigue creciendo y no solo a través de acuerdos municipales como ocurrió en Támesis, Jericó y Urrao, sino de consultas populares: “mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia”, que si bien no estarán listas para este año sí van a toda marcha para que las comunidades tengan la posibilidad de votar ‘Sí’ o ‘No’, es el caso de Salgar, Betulia, Concordia, Titiribí, Venecia, Fredonia y Pueblorrico.
“La posición del Gobierno es que las consultas populares no tienen efectos sobre la política minera porque ésta se decide desde el nivel central; sin embargo, lo que ha dicho la norma, lo que dice la Corte Constitucional es que al tener los entes territoriales, es decir, las alcaldías en cabeza del Concejo Municipal y del Alcalde, la competencia para definir los usos del suelo, es una competencia institucional, es una competencia legal”.
Explica el abogado Luis Enrique Orduz. Sin embargo, para el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, falta claridad en cuanto al alcance de dichas consultas y ve con preocupación el panorama de la minería en el departamento que actualmente tiene destinado el 17% del territorio para esta actividad; el pasado 5 de octubre durante la XIII Feria Minera el gobernador pidió al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional pronunciarse ante el «caos» que estas decisiones están generando en los municipios:
“Tenemos que avizorar los problemas que se pueden venir para la minería con el tema de las consultas populares porque ahí no hay una reglamentación especial, hay simplemente unos criterios del Consejo de Estado, pero como no hay precisión cada municipio está cogiendo a su gusto la decisión de cómo consultar a las comunidades. Y también debe tramitarse no sé si es una ley para saber si los planes de ordenamiento territorial sí tienen o no alcance en prohibir la minería, porque he escuchado ya en muchos municipios que quieren hacer una reforma al POT y quieren incluir un artículo que diga: ‘¡En este territorio no se puede hacer ninguna actividad minera!’esto es mucho más poderoso que el acuerdo del Concejo, porque ustedes saben que el POT tiene fuerza de Ley, tiene vigencia en unos casos hasta de 10 o 12 años, y si también se pone de moda que los POT son los que van a decir si se puede hacer o no minería, pues realmente el país se nos va a volver un caos”.
Argumentó además que la clave está en la planeación: “que todos ganemos con la minería, que las comunidades ven también una esperanza porque si no ven que la minería les va a mejorar su calidad de vida, jamás van a estar de acuerdo con ella, y naturalmente mantener equilibrio con el medioambiente”.
Sobre la determinación de varios municipios del Suroeste de promover las consultas como mecanismo de elección, Liz Margaret Álvarez, secretaria de Minas de Antioquia, exalta la participación pero hace un llamado a la reflexión:
“Tenemos conocimiento de que hay algunos municipios que están adelantando consultas populares para prohibir la minería, pensamos que está bien que se genere este debate pero de manera informada, que se analicen muy bien los impactos socio económicos que se generan por la prohibición de una actividad que es legítima, próspera, genera desarrollo, y que adicional es la única que debe realizarse previa a un permiso ambiental que determina de qué manera se van a impactar los ecosistemas naturales y de una vez genera acciones para compensar. La invitación es a que se revise la riqueza de nuestros recursos naturales y que se aprovechen cumpliendo con todos los requisitos legales, la seguridad industrial porque nos preocupa muchísimo la vida de todos nuestros mineros”.
“Tenemos conocimiento de que hay algunos municipios que están adelantando consultas populares para prohibir la minería, pensamos que está bien que se genere este debate pero de manera informada, que se analicen muy bien los impactos socio económicos que se generan por la prohibición de una actividad que es legítima, próspera, genera desarrollo, y que adicional es la única que debe realizarse previa a un permiso ambiental que determina de qué manera se van a impactar los ecosistemas naturales y de una vez genera acciones para compensar. La invitación es a que se revise la riqueza de nuestros recursos naturales y que se aprovechen cumpliendo con todos los requisitos legales, la seguridad industrial porque nos preocupa muchísimo la vida de todos nuestros mineros”.En Colombia son varios las localidades que han usado el mismo instrumento para rechazar la exploración y explotación de petróleo, minerales, y hasta frenar la construcción de hidroeléctricas. Las votaciones más recientes fueron celebradas en Jesús María y Sucre, ambos municipios del departamento de Santander. La primera contó con el 97% de los votos y la segunda con el 98% para oponerse al desarrollo de actividades mineras y petroleras.
De los municipios que se están preparando para la consulta popular, solo en Salgar no hay actualmente actividad de minería, según le contó a este medio el alcalde Carlos Emel Cuervo: “en este momento no tenemos minería en el municipio pero entonces la comunidad sí está muy preocupada de que nos llegue y por eso optaron por irse a una consulta, entonces ya están recogiendo las firmas para llevarlas a la Registraduría y allá nos deben dar el aval para ver cuándo se hacen las votaciones, tengo entendido que todo va muy adelante”.
Para Laura Ossa Silva, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia «las consultas populares significan muchísimo en un sistema democrático, significa especialmente, que aunque se deleguen ciertas facultades decisivas en los representantes elegidos (as) popularmente, los y las ciudadanas pueden seguir tomando decisiones que les involucran directamente».
La abogada quien también hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara Víctor Correa Vélez, está acompañando el proceso de Betulia «el pasado 17 de septiembre hubo un fuerte compromiso por parte del Alcalde y de los concejales representados por el Presidente de ese cuerpo colegiado de iniciar el proceso de consulta popular, aunado a eso, la Asociación Campesina de Antioquia y en general, la sociedad civil, mostró la intención de explorar esta posibilidad y llevarla a cabo.Actualmente se encuentran en convocatoria para hacer parte del comité promotor».
El alcalde de Betulia, Benjamín Alonso Suárez Castillo, afirma que gran parte del territorio está pedido en concesión para minería metálica: «nos preocupa mucho el tema y la manera de blindar al municipio es con la consulta, tenemos que ser muy cuidadosos al especificar en la pregunta que solo será para minería de oro, pues no podemos dejarla abierta porque entonces todas esas canteras de donde se saca el material para construir, para el mejoramiento vial, quedaría enfrascado ahí. La minería lo que trae es destrucción, desplazamiento, nosotros la crisis cafetera la hemos superado muchas veces y estamos pensando en renovar la caficultura en esas zonas donde el café se seca en verano, entonces no cambiaríamos la tranquilidad por unos cuantos pesos».
Posición con la que coincide León Jaime Bermúdez Herrera, presidente del Concejo:
«En tres veredas de Betulia están en una etapa de exploración: La Cibeles, Santa Rita y La Corazona, entonces el deterioro social y ambiental que produce la minería es la motivación para hacer la consulta».
Sebastián Ardila, auxiliar de Planeación destaca que la consulta es la mejor opción tanto para Betulia como para el resto de la región, pues explica que los proyectos de acuerdo pueden ser anulados fácilmente por falta de competencia, un error gramatical, entre otros.
Lo que sigue tras la inscripción del comité promotor es formular la pregunta y cuando ésta sea aprobada se inicia la recolección de firmas: «este proceso dura seis meses, después de la revisión de la Registraduría esto pasa al Concejo y este debe emitir su concepto frente a la conveniencia o no de la iniciativa, y este concepto se remite al Tribunal Administrativo del departamento que revisa la constitucionalidad de la consulta; luego de los ocho días de notificación del Tribunal se hace la convocatoria para la votación y el Alcalde deberá definir una fecha que no puede superar los tres meses. Teniendo en cuenta que se vienen las elecciones de Congreso y para Presidente, uno pensaría que para no generar controversias políticas con respecto a algún partido, la consulta debería hacerse después de la elección del Presidente», agrega Ardila.
En Concordia donde hay varias solicitudes de títulos para exploración, la pregunta ya fue aprobada: «aquí se creó el comité de defensa del territorio, hicieron una marcha el año anterior, y manifestaron la intención de hacer una consulta, posteriormente empezaron con todos los trámites, y la Registraduría Nacional del Estado Civil ya aprobó la pregunta. No queremos minería en nuestro municipio excepto la minería que es vital para el sostenimiento de las familias, como de los mineros artesanales por ejemplo, pero de minería de oro no queremos saber nada ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un municipio verde, bonito, organizado, cafetero y eso es lo que queremos seguir manejando”, dice el alcalde Diego Alejandro Restrepo Guerra.
En el caso de Titiribí, la información que maneja la Secretaría de Minas del departamento, es que tiene 28 títulos mineros y 29 solicitudes de explotación, al respecto, el concejal Julián Betancur Taborda señaló que:
«Dos títulos que ya fueron otorgados, son los que más nos preocupan, y están ubicados en el área donde nacen las fuentes hídricas desde donde se abastece el casco urbano. Tres corregimientos y seis veredas componen el área que la empresa minera quiere explotar».
Aunque el pasado 14 de septiembre con ocho votos a favor, uno en contra, un impedimento y una ausencia, el Concejo de Titiribí prohibió la minería de metales (oro, cobre y zinc) a través de un proyecto de acuerdo, el municipio busca más protección y efectividad para la decisión y por eso incluyeron una consulta popular: «en el artículo séptimo del acuerdo está consagrada la consulta popular, estamos esperando el fallo del Tribunal y para noviembre el Alcalde presentará ante el Concejo la iniciativa para que la comunidad tenga participación activa y decida si quiere oro, o agua y vida. Aquí tenemos un ancestro de vocación aurífera y carbonífera, pero la primera nunca le ha servido en nada a la gente, ni en lo económico ni en la infraestructura, cosa diferente con la segunda que genera alrededor de un 70% de la economía y que por tanto sí es relevante para nuestro municipio”.
Según el alcalde Santiago Andrés Ochoa:
«Hemos emprendido una campaña para la defensa y cuidado del patrimonio ecológico pero como lo hemos dicho siempre: conservando los límites del respeto, aceptando las diferentes opiniones. Estamos trabajando fuertemente para convocar la consulta popular y que seamos todos los titiribiseños habilitados para votar, los que decidamos el futuro de lo que he denominado como la mejor herencia para nuestras generaciones, que es un ambiente sano”.
En Venecia, que cuenta con varias solicitudes de títulos de explotación para el corregimiento La Mina -geográficamente compartido con Fredonia- igualmente le apostarán a la consulta: «allá se han hecho exploraciones y nosotros tenemos una cosa clara y es que en el Plan de Desarrollo le apostamos a defender la minería legal del carbón pero la minería de metales la vamos a sacar a consulta, que la comunidad decida por medio de este mecanismo constitucional que sí puede tener algún peso, porque un acuerdo municipal no lo tiene, y no sé por cuánto tiempo puedan frenar el desarrollo de estas actividades en el país. Solicitamos ya al Honorable Concejo el concepto de viabilidad para realizarla, estaremos presentando el proyecto de acuerdo en las sesiones de noviembre», asevera el alcalde Ferney Darío Fernández.
El pasado 29 de septiembre con la participación del Cinturón Occidental Ambiental -COA, la Asamblea Municipal Constituyente de Fredonia, la Red Nacional en Democracia y Paz, estudiantes y comunidad, se realizó en la Casa de la Cultura Julio César García, el conversatorio: ‘Paz y Derecho a los Recursos Hídricos’.
En el encuentro, tanto los ponentes como la comunidad, manifestaron su preocupación frente a los «daños» que varios proyectos mineros le estarían causando al agua.
«Hay tres que ya pasaron del estudio a la concreción del extractivismo, es decir, a la toma del recurso; uno se llama La Garrucha, tiene 2 mil hectáreas de tierra para extraer oro, cobre y otros minerales, y este se conectaría con el ubicado en el corregimiento La Mina, lo que sumaría alrededor de 3.600 hectáreas; la segunda gran preocupación estaría en la reserva La Chaparrala donde hay un proyecto de extracción de oro y cobre, que afectaría profundamente la quebrada que lleva el mismo nombre”.
Señala José Fernando Cifuentes, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, organización que surgió hace 13 años en el municipio.
«Yo denuncié la pérdida del agua del sector de El Liceo, un nacimiento que se perdió con la instalación de una plataforma de la empresa minera, y también la pérdida de un nacimiento de agua que lo llamábamos La Serafina y estaba ubicado en la vereda Miraflores», dijo Ana Lucía Zapata, lideresa en la comunidad de ‘La Mina’.
De igual manera, el sector caficultor llama la atención sobre la vocación agrícola y la defensa del agua:
«Toda la vida hemos vivido del cafecito y el aroma de las montañas no lo podemos perder simplemente porque vienen unos extranjeros a ofrecer espejitos como lo hacían en la época de La Conquista. Entonces yo le digo a todos los fredonitas que nos pongamos las pilas y nos unamos porque esa minera viene a desplazarnos del lugar donde vivimos, a acabar con nuestras aguas”.
Expuso Nora Adarve, habitante de la vereda La Garrucha, delegada de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia.
Por ahora en Fredonia aspiran llegar a la consulta: «desde la Asamblea Nacional Constituyente se están recogiendo las firmas para que se promueva un cabildo abierto, una petición que se le ha hecho al Concejo para que determine una consulta popular próximamente», apunta José Fernando Cifuentes.
Entre tanto en Pueblorrico, un municipio en el que la articulación de grupos ambientales y sociales ha permitido que desde el 2014 las comunidades hagan uso de diversos mecanismos de participación, trabajan en la consolidación de mandatos populares inspirados en un ‘Plan de Vida Comunitario’. Conversamos con Yamid González Díaz integrante del Cinturón Ambiental COA:
«¿Qué necesitamos para construir autonomía en el territorio y como esa autonomía puede fortalecer los procesos de participación local? La participación no puede limitarse a la acción jurídica, va mas allá de lo que podemos encontrar dentro de una normatividad. El ‘Plan de Vida Comunitario’ recoge gran parte de las propuestas de las organizaciones indígenas y campesinas no solo de Pueblorrrico sino de todo el Suroeste. Partiendo de ese ejercicio, en el 2015 presentamos la consulta construida con la gente, y nuevamente el Tribunal nos rechazó la pregunta. Entonces cogimos conceptos claves de esa pregunta y los hemos estado alimentando políticamente para construir unos mandatos populares sobre la protección de los usos del agua y del suelo, la participación social y declarar como patrimonio la cultura indígena y la tradición campesina. Estos de alguna manera ya los radicamos como proyectos de acuerdo, y ahorita en noviembre se harán los trámites para ver si son acordados o no».
González concluye que el mayor conflicto del Suroeste no es exclusivamente la minería: «son los conflictos que se generan sobre el agua, la biodiversidad, el patrimonio cultural y ambiental».
Al respecto Herman Vergara, quien también es del COA, sostiene que en municipios como Támesis, el primero de la región que a través de acuerdo municipal dijo ‘No’ a la minería metálica el pasado 28 de mayo, más allá de la exploración y explotación de minerales, hay otras preocupaciones: «el tema no es solamente de minería, es todo aquello que afecte al territorio, es una concepción más amplia sobre la defensa, y esta tiene que pasar por temas como el agua, la cultura, la economía; entonces están las multinacionales y también las hidroeléctricas, los monocultivos a gran escala, la agroindustria, el turismo desmedido, entre otros. Para nosotros en Támesis más que el tema minero está el tema del agua porque hay intereses en venderla y entregarla a personas y entes foráneos».
Y las regalías ¿Sí o No para estos municipios?
Según Liz Margaret Álvarez secretaria de Minas de Antioquia: «todos los municipios reciben regalías de la minería. Nosotros antes de la modificación de la Ley de Regalías, el departamento recibía 250 mil millones de pesos y solo llegaban a 54 municipios, hoy llegan a 97 municipios y además es la suma de 750 mil millones de pesos. Entonces todos estos impactos van a verse reflejados seguramente en consecuencias de limitación a este proyecto de regalías. El Ministro de Hacienda decía que va muy adelante la modificación y seguramente se van a ver impactados todos estos municipios con un recorte de presupuesto al cual hay que volver a revisar esta posición que se ha tenido».
¿Y qué van a hacer otros municipios frente a la minería de metales?
Amagá: «Nosotros hemos sido enfáticos en manifestar también el ‘No’ a la minería de metal que le hace un daño a nuestro territorio, pero no a través de acuerdo. Hay un pronunciamiento de la Corte donde manifiesta que los alcaldes somos decisivos en dar o no esa autorización para la explotación de metales. Nosotros estamos luchando por la minería responsable de carbón, formal». Alcalde Wilser Darío Molina Molina.
Andes: «Nosotros no tenemos un movimiento del ‘No’ a la minería, aquí estamos hablando de minería responsable pero de pequeña minería, estamos hablando de que los pequeños mineros cumplan con las normas; tenemos la meta de cero mercurio, estamos trabajando con la Universidad de Antioquia con el grupo de metales preciosos Mapre, se están haciendo todos los inventarios de entables y se les está dando todas las actividades técnicas y tecnológicas para que los mineros ancestrales no utilicen mercurio. Nosotros también trabajamos con la Universidad Nacional de Colombia, estamos haciendo limpieza de los residuos ambientales de minería que han sido abandonados, estos dos proyectos son paralelos, en todo el territorio municipal. Aquí estamos más pendientes de que la gente haga su labor pero bajo todas las condiciones tecnológicas correctas, nosotros no trabajamos la minería a gran escala, sino la minería de las personas de acá, que tienen este tipo de economía. Pensar en que los seres humanos vivamos sin minerales no, no hemos llegado a ese punto». Alcalde John Jairo Aramburo.
Ciudad Bolívar: «Ciudad Bolívar solamente tiene tres licencias para explotación minera, y esas tres no cumplieron con los requisitos entonces están para retiro por parte de la Gobernación de Antioquia que es la que las autoriza, y en la única parte donde según estudios habría potencial minero, que es en los Farallones del Citará pues allá la cosa quedó muy clara y es que esa zona está protegida como área de reserva forestal. La posición del municipio es cero minería, inclusive estamos planteando dejar dentro de nuestro POT que vamos a decir No a la minería de metales, porque la minería para materiales de construcción sí se va a permitir. Legalmente esta es la mejor plataforma para nosotros blindarnos como municipio, que puede que nos la demanden o nos lo tumben, pero buscaremos otras alternativas. Creemos que detrás de la minería vienen muchos problemas, además por costumbre Ciudad Bolívar no ha sido un pueblo minero y no estamos dispuestos a cambiar nuestra tradición agrícola y cafetera». Alcalde Antonio de Jesús Castaño.
Tarso: «Nosotros de acuerdo a nuestro Plan de Desarrollo tenemos una visión de defensa del ambiente, de hecho la tercera línea que se llama ‘Tarso educado para la vida’ es: ambiente y sostenibilidad, tenemos una gran apuesta por comprar cuatro predios grandes para la preservación del recurso hídrico. Ya puntualmente con respecto a la minería, es blindar al municipio pero mediante el Esquema de Ordenamiento Territorial, nosotros nos distanciamos un poco de que sea por la vía del Concejo, hemos seguido con mucha disciplina los pronunciamientos que han hecho las altas entidades del Estado y hay consenso de que no es del fuero de los concejos municipales, digamos que hay como una extralimitación en cuanto a que no es de su competencia por vía de un acuerdo decirle ‘No’ a la minería, lo que sí sabemos es que el camino más expedito al parecer es mediante el Esquema de Ordenamiento Territorial, entonces nosotros ya iniciamos el proceso y ese es el que nos va a permitir por 12 años que es la vigencia que tiene, blindar al territorio con respecto al tema de minería». Alcalde Néstor Fernando Romero.
Valparaíso: «Hemos hablado con el Concejo, estamos esperando qué decisión toma la Gobernación, la Corte, porque el rumor es que los acuerdos municipales no van a pasar y que van a ser demandados todos. Hay muchas versiones encontradas pero entonces estamos esperando qué camino toma la legalidad de estos acuerdos, ya teniendo claridad sobre el tema tomaríamos la decisión de presentar el acuerdo para prohibir la minería de metales en el municipio porque sí queremos proteger nuestro medioambiente, pero no tampoco buscarlo así como con un afán de un protagonismo o porque digan venga hagámoslo, yo pienso que hay que ser como muy coherentes con la situación. En Valparaíso tenemos una mina detectada que la están trabajando, en una visita que se hizo con la presencia de Corantioquia, la Fiscalía, el Ejército, la Sijín, hicieron un allanamiento pero se encontró que no estaban causando ningún daño ambiental». Alcalde Sergio Andrés Gallo López.
*Espere la opinión de los demás municipios en nuestra próxima edición.
