Muchos interrogantes se abrieron en la Audiencia Pública Ambiental celebrada el 27 de febrero pasado en el municipio de Amagá, convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -Anla para cumplir uno de los requisitos de ley direccionados a otorgar la licencia ambiental al concesionario de una de las autopistas 4G, denominadas Autopistas para la Prosperidad, concretamente para Pacífico 1.
Que el proyecto no cuenta con lo que se denomina coloquialmente “licencia social” quedó claro después de oír las quejas de los alcaldes municipales, la Veeduría de la SAI, el Comité Cívico de Amagá, de los voceros de las acciones comunales de las veredas afectadas y de los propietarios de varias parcelaciones.
El malestar es generalizado. Va desde el reclamo por el altísimo costo de los peajes; el aislamiento, embotellamiento y aumento en los recorridos y costos de transporte que la obra causará a pobladores de varias veredas y del propio municipio de Amagá; la inminente destrucción de las fuentes hídricas que surten los acueductos del corregimiento de Camilo C y de la parcelación La Siria en la bocas de un túnel; los abatimientos de las pocas fuentes superficiales y profundas por el mismo túnel y por el cierre inminente de la actual vía al Suroeste cafetero, causado por la construcción del tramo La Siria – La Sinifaná durante un período superior a un año.
Al averiguar detalles del contrato de concesión y datos de los socios de la firma concesionaria, encontramos un contrato leonino lleno de gabelas para el concesionario y que los socios son el mayor banquero de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Florentino Pérez, dueño del Real Madrid y de ingrata recordación para el patrimonio público colombiano en el famoso escándalo de Commsa.
Sobre el contrato encontramos que el valor acordado es de más de dos billones de pesos, exactamente $2.087.106’175.109. Sin embargo al analizar los recursos que deben nutrir el Patrimonio Autónomo que manejará la compañía fiduciaria encargada del asunto, ascienden, en pesos de hoy, a una suma superior a los tres billones de pesos. De esa suma, el Estado, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, aporta el 83 por ciento, $2.651.342’017.548 y el concesionario únicamente el restante 17 por ciento, es decir un poco más de medio billón de pesos.
Los recursos del Estado son vigencias futuras presupuestales, que a su vez son soporte para la adquisición de créditos, mientras los “aportes” del concesionario procederán de préstamos que serán pagados con los recursos provenientes del recaudo de peajes. Ya se ha anunciado que prácticamente la totalidad de los créditos serán otorgados por el socio financiero del proyecto, el Grupo Aval. La tasa de interés a la que se han contratado, en esa especie de “yo con yo”, es bastante onerosa: IPC + 7%, lo que significa para el año entrante una tasa superior al 15% anual, un rendimiento de fábula para cualquier banquero,habida cuenta que estos si acaso le reconocen a sus ahorradores una tasa del 6% anual.
Claro está, siempre con el respaldo de los cuantiosísimos peajes que tendrán que cancelar los automotores que pasen por los peajes Amagá y Ancón Sur. A precios de hoy un vehículo liviano que cruce por las casetas destinará $20.000 por recorrer una carretera que curiosamente solo se construirá con recursos del contrato de concesión en un 60 por ciento. En la actualidad el 40 por ciento del trayecto es convertido en doble calzada gracias a una obra pública financiada 100 por ciento con dineros públicos.
Cada uno de esos 30 kilómetros que van a construir con más de tres billones de pesos, saldrá a razón de cien mil millones de pesos, cada metro cien millones de pesos o lo que es lo mismo, metro de carretera a US$ 30.000.
En resumen, lo que promueve el Gobierno Santos como una de las maravillas del momento en Colombia, será una vía que embotella veredas y una parte muy importante de Amagá, aumenta los trayectos de viaje y los costos de transporte de los ciudadanos, va a cobrar el peaje más caro de Colombia, va a partir en dos un centro poblado como Camilo C, va a destruir los acueductos de centenares de familias y desaparecerá las aguas superficiales y profundas de varias veredas, perjudicará la movilidad de toda una subregión durante varios años, en la que al contratista le entregan gratis 20 kilómetros para su explotación junto con otros 30 que construirá, resulta además siendo la más cara del mundo en la relación pesos/kilómetro construido.
Dizque se concesionan las obras porque el Gobierno no tiene recursos para hacerlas, pero curiosamente en este caso es el Gobierno, es decir, todos los colombianos los que terminamos pagándolas, incluso por anticipado, mientras los concesionarios, terminan trabajando con nuestros dineros y rentando altas tasas de retorno.
* Diputado Polo Democrático Alternativo. Medellín, julio 18 de 2016.* Publicado en la edición 132 del Periódico Regional EL SUROESTE.
