De acuerdo con los expertos, Pacífico 1 es el proyecto más importante de la primera ola de las autopistas 4G, conocidas también como Autopistas para la Prosperidad. Permitirá generar una interconexión entre la ciudad de Medellín con las principales concesiones viales del país, que a su vez la conectarán con los principales centros de intercambio comercial como la costa Caribe, la costa Pacífica, así como con el río Magdalena. Beneficiará a 934.000 habitantes y generará cerca de 2.100 nuevos empleos directos e indirectos durante su etapa de construcción.
Pero el otro lado de este tipo de obras es que generan impactos sobre el medio natural y social que cambian el paisaje y afectan la vida de las personas. La construcción de Pacífico 1 por ejemplo, implicará la tala de por lo menos 130 árboles y el descapote de más de 800.000 metros cúbicos de vegetación, así como la posible afectación de fauna silvestre por atropellamiento vehicular, según información de la licencia ambiental para el proyecto Pacífico 1 Resolución 0510 del 13 de mayo de 2016.
En cuanto al medio abiótico, el impacto ambiental más significativo en la etapa de construcción, es la alteración de la disponibilidad de agua superficial generada por la perforación y voladuras de los dos túneles considerados en la obra, lo cual es delicado porque pone en riesgo el derecho al agua de varias comunidades en el área de influencia del proyecto.
Como lo plantea la Corte Constitucional en la Sentencia T-225/15 en relación con el derecho al agua como derecho fundamental, “esta Corporación ha reconocido la naturaleza subjetiva de ese derecho, al aceptar que es fuente de vida y presupuesto ineludible para la realización de otros derechos como la salud, la vivienda y el saneamiento ambiental, fundamentales para la dignidad humana. De esta forma, el agua para el consumo humano ha sido comprendida como una necesidad personal que permite gozar de condiciones materiales de existencia, así como un presupuesto esencial del derecho a la salud y del derecho a gozar de una alimentación sana”.
Así las cosas, aunque se trata de la construcción de obras consideradas de utilidad pública e interés social que estarán al servicio del país, es claro que no deben pasar por encima del derecho de comunidades rurales como la de Pueblito de los Sánchez en Amagá, quienes pese a todo el proceso de socialización adelantado por la empresa, sienten en riesgo la disponibilidad del agua para sus veredas y esperan que Covipacífico y las autoridades ambientales y civiles, les garanticen su abastecimiento presente y futuro.
Aunque en los estudios, en el Plan de Manejo Ambiental y en las distintas reuniones con la comunidad no se ha ocultado la probabilidad de ocurrencia de este y de otros impactos, es evidente también que se trata de un problema de comunicación y de construcción de confianza entre la empresa, las autoridades ambientales y la comunidad, que puede derivar en otro tipo de conflictos.
Por eso invitamos a las autoridades ambientales a seguir mucho más de cerca este proceso, y a Covipacíficoa establecer compromisos claros que le ofrezcan certezas a la gente en el marco de una comunicación culturalmente más apropiada y dialógica, considerando que está en juego el derecho fundamental al agua de varias comunidades que solo ven incertidumbre, amenazas y temores en las bocas de los túneles de Pacífico 1, obra que promete bienestar y desarrollo para la región y el país.
EL SUROESTE seguirá averiguando sobre las transformaciones viales de nuestra región, si tiene alguna observación o sugerencia escríbanos a periodicoelsuroeste@periodicoelsuroeste.com
