Proantioquia, fundación privada del sector empresarial y sin ánimo de lucro, será tercero interviniente en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Minera Quebradona, que busca explotar cobre, plata, oro y molibdeno en el Suroeste de Antioquia.
La decisión de Proantioquia se suma a la de otras instituciones y entidades como la caja de compensación familiar Comfama, la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia, la Adminiación Municipal de Támesis y la organización Visión Suroeste, que participan como terceros intervinientes en el proceso de evaluación ambiental emprendido a inicios de este año 2020 por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.
Tercero interviniente, ¿qué es?
Es un mecanismo de participación que cualquier persona, natural o jurídica, puede usar para intervenir en actuaciones administrativas relacionadas con permisos y regulaciones frente al medioambiente.
El tercero interviniente se convierte en un sujeto procesal adicional dentro de la actuación administrativa: es notificado de los actos administrativos y tiene la posibilidad de controvertirlos. (Según los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993).
Proantioquia indicó en su comunicado oficial que entre sus actividades ha estado la participación en distintas iniciativas sociales, económicas, institucionales, ambientales y culturales del departamento, razón por la cual “los retos y oportunidades del sector extractivo” han estado en su agenda.
En ese sentido, la entidad afirma que el licenciamiento del proyecto Minera Quebradona ha sido objeto de su estudio. Además, ha realizado consultas a entidades del Estado que por su naturaleza jurídica, misión y funciones están obligadas a aportar conocimiento e información para la toma de decisiones frente al proyecto.
Con base en tales consultas, Proantioquia constata que existe una “carencia de evaluación sistémica e integral de los impactos de la minería de metales en la región de influencia del proyecto, y la ausencia de la ley de concurrencia y coordinación en torno al uso del suelo y el subsuelo a la que ha exhortado la Corte Constitucional”.
Finalmente, Proantioquia afirma que su participación en el proceso de licenciamiento estará basada en el interés de un desarrollo sostenible, la construcción de valor público y el fortalecimiento institucional de las decisiones públicas.
En conversación con Juan David Montoya, profesional especializado del Área de Desarrollo Territorial Sostenible de Proantioquia.
¿Qué motiva a Proantioquia a ser tercero interviniente en el proceso de licenciamiento ambiental?
Procurar que la decisión que se tome en el acto administrativo se sustente en un análisis riguroso desde un enfoque multisectorial y sistémico que garantice:
Además, la necesidad de advertir la falta de sustento normativo por la inexistencia de la ley de concurrencia y subsidariedad, que defina explícitamente, la relación entre la Nación y los territorios para tomar decisiones de este tipo.
Leer: Corte Constitucional impide que consultas populares decidan actividades mineras
¿Qué espera Proantioquia con su participación en el proceso de licenciamiento?
Aportar constructivamente al análisis y a la decisión del acto administrativo, fundamentalmente para que se tome con base en información integral, sistémica y multidimensional, asunto fundamental para tomar una decisión de naturaleza estratégica para la región y el país.
Además, sentar un precedente sobre la importancia de tomar decisiones en proyectos estratégicos nacionales sin tener una base jurídica sólida a partir de una ley de concurrencia y subsidariedad. En definitiva, enfatizar en la importancia notable que esta ley concentra para el país.
