Por Sebastián Restrepo Henao Magister en Desarrollo y Sostenibilidad Monash University Líder de Visión Suroeste
Los paradigmas dominantes
En 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo lanzó el reporte Bruntland: ‘Nuestro futuro común’, documento fundacional del concepto de Desarrollo Sostenible, definido como “la capacidad de hacer que el desarrollo sea sostenible para garantizar que cumpla con las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
A 33 años del reporte, el desarrollo sostenible es ampliamente aceptado por instituciones multilaterales, gobiernos y empresas, y se han logrado algunos avances en reducción de pobreza, educación, género, entre otros.
Agendas como las Metas del Milenio, y la posterior agenda de las Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU, han sido instrumentales para jalonar esta agenda. Sin embargo, en materia ambiental, el llamado de urgencia que hiciera la ONU hace 33 años ha sido, a lo sumo, marginalmente adoptado, y en algunos casos maliciosamente asimilado para para mantener agendas económicas y políticas que han sostenido el statu quo que motivó el llamado de atención del “reporte Brundtland” en los 80s. En el caso de nuestra región, en el informe Planeta Vivo 2020, WWF lanza un dato aterrador: desde 1970 América Latina ha perdido el 94% de la biodiversidad, siendo la región con un deterioro más acelerado de la pérdida de diversidad biológica.
Esto está directamente relacionado con el crecimiento poblacional, el modelo de desarrollo, y en las últimas décadas, con la reprimarización de nuestras economías debido al modelo neoliberal que empezó en Colombia con la “apertura económica”.
Latinoamérica ha tomado un rol como proveedor de materias primas para el mercado global. En este contexto, Colombia ha venido consolidando un modelo de exportaciones altamente dependiente de la extracción minera, principalmente carbón y de petróleo. El código de minas (Ley 685 de 2001), abrió de par en par el marco legal para la creación de un modelo de enclave exportador, es decir, abrió la puerta a las multinacionales para la extracción masiva de recursos naturales para su exportación sin encadenamientos industriales y productivos que dinamicen otros sectores económicos en el país.
El problema es particularmente complejo cuando se trata de metales preciosos y sus asociados, incrementalmente controlado por un grupo reducido de multinacionales que han dejado una huella ecológica y social en continentes como África y que vienen apropiándose desde la primera década del siglo de grandes porciones del subsuelo Colombiano para ampliar sus extracciones.
Lo más grave es que dichas extracciones de metales preciosos, en un país con nuestras debilidades institucionales, propenso a la corrupción, y con grupos armados ilegales, es un factor de conflicto territorial que desplaza, enferma y empobrece a poblaciones ancestralmente ligadas a los nuevos enclaves de explotación, además atrae economías ilícitas y grupos ilegales que disputan el control de las rentas asociadas.
Es un modelo altamente inequitativo que concentra las utilidades en unos inversionistas foráneos, dejando pobreza, enfermedad y un entorno natural devastado que difícilmente podrá generar oportunidades y bienestar en el futuro como en el caso del Cesar y La Guajira. Es un caldo de cultivo de conflictos sociales y violentos como se ha evidenciado en territorios como el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueños, y recientemente en el Occidente del departamento.
Para acabar de ajustar, es un negocio finito, pues estos recursos se agotan, las empresas cierran sus filiales en Colombia y dejan los territorios degradados, con pasivos ambientales a perpetuidad, y las economías locales (antes dependientes de dichos flujos financieros) deprimidas económicamente. Esta dependencia económica de los recursos naturales no renovables va en contravía de la idea fundamental del Desarrollo Sostenible de garantizar el bienestar de las generaciones venideras.
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Los retos del Siglo XXI
En el 2010, el Centro de Resiliencia de Estocolmo sacó su reporte sobre los límites planetarios o los sistemas que hacen posible la vida en la tierra como la conocemos: desde la revolución industrial, y en particular en las últimas tres décadas, los humanos ya alteramos irreversiblemente los ciclos biogeoquímicos (fósforo y nitrógeno), estamos viviendo una extinción masiva de especies (la sexta registrada en la historia en el planeta tierra y la primera causada por una especie: los humanos), y estamos a unos años de alterar definitivamente el clima fruto de la liberación de CO2, lo que tendría consecuencias aún imprevistas para la civilización humana.
William Wallace-Wells, en su libro ‘Planeta Inhóspito’, señala que en los últimos 25 años hemos liberado cerca del 50% de CO2 en la historia de la humanidad. Llegamos a una encrucijada como especie: consumimos tantos recursos que estamos alterando definitivamente la capacidad de la tierra para sostener la vida como la conocemos. Para Johan Rokström, director del Centro de Resiliencia de Estocolmo, para salir de esta encrucijada necesitamos emprender una revolución tan ambiciosa como la revolución industrial en un marco de tiempo mucho menor (este siglo), con el fin de restablecer la capacidad del planeta de sostener la vida y por supuesto la civilización humana.
Esta revolución pasa por replantear varios paradigmas dominantes de nuestro sistema político, económico y ecológico. Para empezar, debemos replantear la obsesión por el crecimiento económico basado en el PIB, pues la economía no puede crecer indefinidamente a costa de un planeta que cuenta con unos recursos finitos. Así pues, la evolución necesaria estará alrededor de medir el bienestar y la calidad de vida como el centro de desarrollo de cualquier sociedad.
Existen metodologías que han avanzado en ello, tal como el Índice Global de Felicidad y el Indicador Genuino de Progreso, para mencionar solo dos. Ambos incluyen variables ecológicas e indicadores cualitativos, es decir, ligan el “progreso humano” con la salud de los ecosistemas y la salud planetaria. Ambos son un paso hacia modelos más holísticos, sin embargo, son pasos iniciales hacia el cambio necesario de volver a entender la cultura humana y la naturaleza como una unidad, es decir: entendernos como parte de la comunidad de la vida en el planeta, y actuar acorde a ello, planteando el desarrollo como la salud de los ecosistemas y la salud planetaria.
Según el programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente -UNEP, en Latinoamérica se encuentra cerca del 60% de la biodiversidad terrestre, y diversas especies marinas y acuáticas vive en nuestro continente. En nuestro país, además del Amazonas, contamos con dos puntos de concentración de importancia mundial para la conservación de la biodiversidad (Critical Ecosystems Partnership Fund): El Chocó-Tumbes-Magdalena y Los Andes Tropicales. Este último va desde el Perú hasta Colombia y alberga más de 34 mil especies, entre plantas y animales, de las cuales la mitad son endémicas, por ello ha sido reconocido como la “reserva biológica de la humanidad”. Tal y como lo denomina esta alianza internacional, Los Andes Tropicales, el territorio que habitamos, es “la región más rica y biodiversa del planeta”.
¿Qué papel estamos llamados a tener para responder a esta crisis?
Las Naciones Unidas declararon el decenio 2021-2030 como la década de la restauración ecosistémica como respuesta a la pérdida acelerada de biodiversidad causada por la extinción masiva de especies. Colombia, como país geoestratégicamente ubicado entre dos océanos, Los Andes Tropicales, El Chocó-Tumbes-Magdalena, y la región amazónica, podría asumir un papel protagónico en esta agenda, sin embargo, eso implica la voluntad política y un consenso social, gremial e institucional amplio que ponga en el centro de la agenda económica, productiva y de innovación para la reactivación económica al medio ambiente. Este ya está en el centro de las agendas de países como Alemania, Francia, y Nueva Zelanda, y seguramente a inicios del 2021 se sumará un actor protagónico: Estados Unidos.
Lastimosamente en Colombia, ni el Gobierno ni algunos gremios están abiertos a esto. Para la muestra: el rechazo a la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de la ANDI o la indignante maquinaria propagandística del sector megaminero (liderado y financiado por oligopolios globales de metales preciosos) que promociona una reactivación económica para Colombia con promesas, cifras y datos económicos (que son a lo sumo dudosos), y una inversión publicitaria supera con creces su inversión social y su responsabilidad empresarial.
Para esto, además, aplican un libreto en los territorios: con dádivas como viajes, contratos públicos, créditos, y otros mecanismos económicos para convertir a líderes sociales, gremiales y políticos locales en legitimadores de intereses foráneos sustentados en un marketing de la pobreza (de resaltar toda necesidad y carencia) que deprime a las comunidades, las desempodera como actores económicos autónomos, capaces, y con agencia para construir sus propios proyectos de vida, para después presentarse como única alternativa de “Desarrollo”.
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En ese mismo orden, no socializan de manera transparente los costos ambientales y sociales, invisibilizan en sus renders y propaganda la degradación de la tierra, de las aguas, los efectos sociales y económicos negativos, el deterioro del orden público, y todas las mal-llamadas “externalidades” que vienen con sus enclaves mineros.
Peor aún, empresas cuyas lógicas extractivas y su foco en la capitalización y rentabilidad accionaria de corto plazo representan los valores colonialistas, cortoplacistas, y la codicia que nos trajo a esta crisis en la que nos encontramos hoy. Todas estas narrativas y prácticas de progreso representan los paradigmas viejos y mandados a recoger.
Sin embargo, la revolución de conciencia y la urgencia de cambio para garantizar la supervivencia de la especie humana y de la vida en el planeta llegó para quedarse en el centro de los debates políticos del Siglo XXI. En Colombia, movimientos sociales como el de Cajamarca, Colombia Libre de Fracking, Santurbán, Tribugá, los movimientos de defensa del Suroeste, entre muchos otros, han instalado definitivamente el debate nacional sobre el modelo de desarrollo y el Medio Ambiente, y a mediano plazo lograremos cambios legales y políticos que respondan a los nuevos paradigmas que nos exige la época.
Existen también lideres del sector privado, del tercer sector, y políticos conscientes que están avanzando en las narrativas y apuestas del desarrollo hacia la economía circular, los servicios basados en la naturaleza, el desarrollo regenerativo, el turismo sostenible, la producción limpia de alimentos, la conservación de ecosistemas, y las economías verdes, todas estas, apuestas y sinergias necesarias para mitigar la crisis climática y avanzar hacia un Green New Deal (Un Nuevo Pacto Verde), adaptado a las bioregiones del país y a su diversidad cultural.
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Mientras los cambios de país se logran, debemos avanzar urgentemente en múltiples procesos de transición ligados a las realidades y potencialidades culturales, históricas, y ecosistémicas a lo largo y ancho del territorio nacional, conectados en red para liderar localmente esta revolución global mientras honramos el privilegio y la responsabilidad de habitar el segundo país más biodiverso del planeta: Colombia.
Por Sebastián Restrepo Henao
Magister en Desarrollo y Sostenibilidad, Monash University
Líder de Visión Suroeste
