En el 2016 Colombia aprobó la Política Nacional de Cambio Climático, la cual propone un enfoque sectorial y territorial para promover la resiliencia y el desarrollo bajo en carbono.
Según el Ministerio de Ambiente para implementar esta Política, el país se viene fortaleciendo, en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), dando los primeros pasos para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París en la mitigación de Gases Efecto Invernadero. Este año la Corte Constitucional avaló la Ley que ratifica el Acuerdo de París.
«Dado que el cambio en el uso del suelo y la deforestación son una de las mayores fuentes de emisiones de Gases Efecto Invernadero para el país, también impulsamos medidas en este sentido, que incluyen el impuesto al carbono, convirtiendo a Colombia en el tercer país latinoamericano que incorpora un instrumento de este tipo.32 departamentos y 29 de sus capitales incluyen el cambio climático en su plan de desarrollo; además, se creó el Sistema de Monitoreo de los Bosques y el Carbono».
De acuerdo con el ministro Luis Gilberto Murillo:
Una de las principales problemáticas con las que luchamos es la deforestación, es por esta razón que a las estrategias para el Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques se suman acciones como la creación de un grupo élite de lucha contra la deforestación, la conformación de un grupo de fiscales especializados, la generación de alternativas para el uso adecuado del territorio y la declaratoria de áreas protegidas e iniciativas de desarrollo sostenible.
Por otro lado, desde el ministerio se afirma que el país avanza en la formulación de 92 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), que involucran alrededor de 21 millones de hectáreas. A la fecha 17 POMCAS están aprobados por las Corporaciones Autónomas Regionales y se han establecido lineamientos para el conocimiento y protección de las aguas subterráneas mediante los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos y el Programa Nacional de Aguas Subterráneas.
Además, gracias a la firma del primer acuerdo de compraventa directa de créditos de carbono en Colombia entre comunidades étnicas y una empresa privada, se podrán conservar 700.000 hectáreas de bosque natural y se evitará la emisión anual de 2 millones de toneladas métricas de CO2.
Otros logros:
Creación de un grupo élite de lucha contra la deforestación, la conformación de un grupo de fiscales especializados, la generación de alternativas para el uso adecuado del territorio y la declaratoria de áreas protegidas e iniciativas de desarrollo sostenible.
La conformación de un cinturón verde en la Amazonía colombiana y la creación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, para generar alertas tempranas de deforestación y la Gran Alianza Contra la Deforestación, que lanzamos recientemente para involucrar a toda la sociedad en la solución de este flagelo.
Formulación de las cinco Macrocuencas: Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas, con la finalidad de concertar su modelo de ordenación y manejo.
Se expidió la norma de vertimientos a cuerpos de aguas superficiales y al alcantarillado público, la norma de reúso de aguas residuales tratadas, los lineamientos para el acotamiento de las rondas hídricas, entre otros que buscan la protección, calidad y conocimiento del agua.
Formulación de instrumentos normativos que contribuyen a la protección de los recursos naturales como la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, fundamental para consolidar los procesos de paz en el país y que se constituye en una herramienta para el manejo adecuado del suelo en materia de conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo.
Se expidió la Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874 de 2016), con la cual se busca incentivar e incrementar la reutilización y el aprovechamiento de residuos, reducir el consumo industrial de materias primas vírgenes y desincentivar la disposición de residuos aprovechables en rellenos sanitarios, a través de estrategias de devolución al ciclo productivo de todos los productos cuando han llegado al final de su vida útil.
Programas que promueven la correcta disposición de siete corrientes: pilas, medicamentos, bombillas, llantas usadas, envases de plaguicidas, computadores y periféricos, lo cual convierte a Colombia en pionero en la normativa y gestión de este tipo de residuos que resultan altamente contaminantes. En este sentido, es clave la implementación de la Política Nacional para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Con la promulgación de la Ley de Mercurio, se establecen metas de erradicación de uso de mercurio en procesos de beneficio minero a 5 años y de 10 años para procesos industriales. La gestión del Ministerio de Ambiente también está enfocada en buscar una solución para controlar la importación y comercio del mercurio.
*Con información del Ministerio de Ambiente de Colombia.
