Por Fernando Jaramillo Correa Coordinador de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó
Hay funcionarios elegidos como representantes del pueblo en los organismos del Estado, razón para que los ciudadanos esperemos de ellos acciones orientadas al mayor beneficio de la población. Sin embargo, no siempre se cumplen las expectativas nuestras, pues con frecuencia los gobernantes se ponen al servicio de intereses particulares, incluso si para lograrlo tienen que violentar las leyes. Es lo que sucede en Jericó con el señor alcalde y la Gobernación de Antioquia. Veamos.
El día 27 de octubre de este año, el alcalde de Jericó envía una carta con fecha del 28 de octubre a directivos de dos juntas de acción comunal para anunciarles que el 15 de octubre la Secretaría de Minas de Antioquia solicitó a la primera autoridad de Jericó sus buenos oficios para que las comunidades de veredas afectadas por el proyecto de explotación minera, de la multinacional africana AngloGold Ashanti, permitan el ingreso de técnicos de la minera con el objetivo de realizar estudios para excavación de túneles, inventario de manantiales y de sus usuarios, y monitoreo de calidad de agua de las fuentes hídricas.
Los estudios mencionados no han sido realizados por la multinacional y su filial Minera Quebradona, porque los campesinos de esas veredas han hecho cumplir a lo largo de unos ocho años el compromiso de la empresa de no ingresar ni transitar por las veredas cuyos habitantes rechazan rotundamente el proyecto minero.
El señor David Toro, alcalde actual de Jericó, conoce mejor que nadie la posición de defensa territorial de los campesinos, así lo pudo experimentar durante su mandato de 2012-2015, cuando precisamente la empresa adquirió, ante su presencia y la de cientos de personas, el compromiso de abstenerse de circular por esas veredas y la respuesta inquebrantable de sus campesinos en las múltiples ocasiones en que la empresa ha intentado violar lo acordado. Así que, en lugar de aclarar a la Secretaría de Minas lo que conoce, el señor Alcalde de Jericó transmite a los campesinos la solicitud del secretario de minas de Antioquia, Jorge Alberto Jaramillo Pereira, añadiendo además interpretaciones, por lo menos erróneas, de lo expresado por el funcionario departamental.
Mientras que el Secretario de Minas dice, primero, que la gestión solicitada al Alcalde es necesaria porque Minera de Cobre Quebradona requiere realizar estudios para la ubicación de los túneles, manantiales y demás propuestos en el estudio ambiental con el que ha solicitado licencia de explotación a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y segundo, que esos estudios los realizará personal técnico de la empresa, el señor Alcalde pide a las comunidades “los espacios pertinentes para la realización de unas visitas sectorizadas por parte de la SECRETARÍA DE MINAS DEPARTAMENTAL, con el ánimo de evaluar los PTO del Proyecto Minera de Cobre Quebradona, cuyo propósito será verificar las condiciones ambientales y sociales del proyecto”.
Aclaremos, un proyecto minero en el Suroeste antioqueño solicita licencia de explotación presentando dos estudios: el Estudio de Impacto Ambiental -EIA ante Corantioquia o la ANLA y el Programa de Trabajo y Obras -PTO ante la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. Una vez presentada la solicitud a las dos autoridades, no se pueden modificar esos estudios. El Artículo 86 de la Ley 685 de 2001 o Código de Minas dice: “Si la autoridad concedente encontrare deficiencias u omisiones de fondo en el Programa de Trabajo y Obras o la autoridad ambiental en el Estudio de Impacto Ambiental, que no pudiere corregirse o adicionarse de oficio, se ordenarán hacerlos al concesionario. Las observaciones y correcciones deberán puntualizarse en forma completa y por una sola vez”. Es decir, solamente el EIA podrá ser modificado cuando la autoridad ambiental lo pida, dentro de un proceso reglamentado por la ley, en los aspectos y tiempos precisos señalados por la autoridad.
Lo anterior quiere decir que el Secretario de Minas pide al Alcalde, y éste acepta auspiciar que la empresa minera realice estudios técnicos por fuera de la ley para mejorar el trámite de licenciamiento, en un afán evidente de favorecer un proyecto de una multinacional que no solo Jericó ha rechazado desde hace años, sino el Suroeste, pues no debemos olvidar que en el año 2017, 12 municipios de la subregión aprobaron Acuerdos Municipales que prohibían la minería metálica en sus territorios, al igual que han sido numerosos los eventos públicos de apoyo masivo a la defensa territorial de Jericó y Támesis.
Leer: Panorama minero en el Suroeste, la defensa continúa
El anuncio de la Gobernación y de la Alcaldía de Jericó, violatorio de la norma citada del Código de Minas y atentatorio contra la voluntad de las comunidades que legítimamente defienden su vida, vocaciones y entorno de biodiversidad y riqueza hídrica, podría agravar las situaciones de perturbación a la paz y unidad causadas en Jericó por la presencia de la multinacional africana. Ya sabemos quiénes serían los responsables.
Acceda a las cartas enviadas por la Alcaldía de Jericó y la Secretaría de Minas haciendo clic aquí.
Por Fernando Jaramillo Correa
Coordinador de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó
