El presupuesto general de la Nación destinó durante 2017 aproximadamente 35 billones de pesos en gastos de inversión, lo demás se gasta en burocracia, seguridad y defensa, deuda externa y pensiones.
En cada vigencia fiscal, el Departamento Nacional de Planeación presenta la regionalización del presupuesto, esto quiere decir, indica cuánto se gasta el Gobierno Nacional en inversión en cada uno de los departamentos del país. Para el caso de Antioquia, durante 2017 se destina aproximadamente 2,4 billones de pesos, y de esa partida tan solo 345 mil millones se focalizan en infraestructura y competitividad, y 96 mil millones al sector agropecuario.
Sin embargo, a pesar de representar el 13,42% del PIB nacional, el departamento de Antioquia no obtiene ni el 10% de la inversión del presupuesto general de la Nación tras ser la segunda región después de Bogotá en población y economía, con lo cual sus avances para la competitividad y el desarrollo económico depende de la inversión pública nacional, porque la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín no tienen la suficiente capacidad fiscal para financiar las grandes obras públicas, y las demás alcaldías a pesar de tener buenos indicadores en desempeño fiscal, solo tienen un presupuesto para pagar su nómina y realizar inversión social en las comunidades.
En las últimas semanas, un proyecto de importancia estratégica para la movilidad de Medellín denominado el Tranvía de la 80, no tiene cierre financiero, es decir, no hay plata, a pesar del esfuerzo de la Alcaldía de Medellín en conjunto con EPM para su financiación, el Gobierno Nacional no tuvo ni la voluntad ni el compromiso político y presupuestal para asegurar el resto de los recursos para la ejecución de esta obra.
A su vez, el gran proyecto Puerto Antioquia en Urabá, asociado a las vías 4G, beneficia la economía nacional para el comercio exterior, se requiere con urgencia el cierre financiero y que el Gobierno Nacional se comprometa a financiar la obra. Ni qué decir de la iniciativa de reactivación del ferrocarril de Antioquia, inicialmente entre Caldas y Barbosa, y posteriormente a Puerto Berrío, no tiene una financiación asegurada.
Al gobierno de la prosperidad para todos le ha faltado mayor voluntad política y compromiso presupuestal con el departamento de Antioquia para realizar los aportes económicos que aseguren el cierre financiero de los grandes proyectos de infraestructura, que no solo benefician a todos los antioqueños, sino a toda la economía del centro del país.
El reto de Antioquia es lograr con el próximo presidente 2018-2022 compromiso con la región, pero no solo en la campaña política, sino también una vez elegido se oficialice a través del Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la inversión para la infraestructura y la competitividad regional, y debemos ser voceros para representar los intereses de los antioqueños ante el Gobierno Nacional con el objetivo de buscar el desarrollo económico y social de nuestra región.
