El pasado 31 de octubre, en Santa Bárbara reflexionamos sobre el peligro que corren los niños y las niñas en nuestro entorno e hicimos una gran muralla de protección para quienes son el futuro de nuestra patria.
También era el momento justo para pensar en alternativas frente a la problemática que aqueja a la población infantil, muy indefensa por cierto y expuesta a profundos peligros; las estadísticas nacionales nos dejan con escalofrío: solamente en 10 años, en nuestro país han sido asesinados 10.500 menores de edad, según datos suministrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El Director Ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, dice las siguientes palabras, refiriéndose a la violencia contra los niños y las niñas de todo el mundo:
«La violencia contra los niños la podemos evitar, si no permitimos que esta se quede totalmente en la sombra».
Esta afirmación del alto mandatario nos lleva a cuestionar la capacidad que tiene la justicia de cada nación, para aplicar de manera drástica las leyes que protegen a nuestros infantes.
Debemos recordar que esta violencia tiene diferentes matices que van desde una amenaza, lesiones personales, daños psicológicos, privaciones, acceso carnal violento e incluso hasta la provocación de la muerte.
La violencia hacia nuestros niños y niñas se registra en el hogar, en el entorno escolar y en otros escenarios, tales como los orfanatos, los hogares infantiles y en lugares de recuperación, así como sucedió hace algunos días en un centro de atención a menores con algunas discapacidades físicas, en la ciudad de Ibagué.
Debemos entonces propender por proteger verdaderamente a nuestros infantes, desde el mismo gobierno central, exigir leyes y recursos que permitan desarrollar programas integrales para la prevención, protección y atención oportuna. Además, es necesario fomentar conductas y prácticas de autocuidado y hacer respetar los derechos de la infancia en todos los contextos.
