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Los queremos vivos. Los queremos en sus comunidades. Los queremos tener con nosotros y que sigan liderando procesos comunitarios. Queremos que el conteo pare. No queremos publicar noticias que derramen sangre. No queremos que las cifras de asesinatos, hostigamientos u otras formas de violencia aumenten. Son nuestros defensores. Son nuestros líderes sociales. Son nuestros representantes. Son hermanos, amigos, colegas. Son vida. Son vidas. Vidas que deben respetarse. Vidas que deben protegerse.

Menderson Mosquera, líder social y docente en Venecia.

“¿Por dónde comenzar? Me llamo Menderson Mosquera. Nací en Itsmina, Chocó y llegué a Antioquia en el 2006. Soy docente de la Institución Educativa Orlando Velásquez Arango del corregimiento Bolombolo en Venecia. A este lugar llegué en el 2008 porque fui desplazado por la violencia de San José de Apartadó.

Cuando llegué a Venecia pregunté a la Administración Municipal sobre los proyectos o beneficios que tenían para la reparación o rehabilitación de víctimas. Pero desafortunadamente ese tema no se había tenido en cuenta en este municipio. La Ley de Víctimas apenas inició en el 2011. Pero en el 2012 todavía no se conocía qué era, por eso en el 2013 empezamos a preocuparnos porque la norma no se implementaba. Por estar en el gremio del magisterio me interesé por los temas de los derechos de las personas. Ser docente es mi pasión, es mi vocación y en ese sentido creo que un docente no solamente debe ser un líder en el aula de clases sino en la comunidad.

En la Institución Educativa se conformó una escuela de padres que sirve para que ellos acompañen a los estudiantes en los procesos formativos. A este grupo asistían algunas víctimas que me preguntaban “profe, ¿yo qué hago para que me reparen?”. Yo los remitía a la Administración Municipal, pero en ese entonces no había ni enlace de víctimas. Entonces las preguntas de todos se quedaban allí. Me surgió la necesidad de enseñar, puesto que también soy víctima, o buscar espacios para que nos brindaran ayuda. Reunía a los padres y en las tardes empezamos a conversar sobre Ley de Víctimas y los derechos que teníamos. Empezamos a descubrir espacios de participación donde podíamos hacerle seguimiento a la implementación de la Ley. Allí surgió la Asociación de Víctimas de Venecia, creada con alrededor de 40 personas. Esa asociación fue cogiendo fuerza, la gente comenzó a conocer los talleres.

Los talleres se basaban en lo que nosotros conocíamos a través de Internet, en los libros, en las noticias. Leíamos las leyes y la gente iba entendiendo. De ahí nació la idea de estudiar Derecho, ya voy en el noveno semestre, eso me ha permitido tener un mayor conocimiento en temas de derechos humanos. Pero entonces en Venecia empezamos a visibilizar el tema, no solamente en el corregimiento o en la zona urbana, también en la región. De las otras mesas escuchaban que la Mesa de Víctimas de Venecia estaba organizada y tenía adelantos en cómo funcionan y cómo se manejan las mesas de participación. Eso fue un elemento orientador para otros municipios.

En ese espacio realizamos las funciones de ser interlocutores entre el Estado y la comunidad. Ayudamos a la construcción de acción territorial del municipio de Venecia, buscando beneficios y programas para la población víctima. Después conocimos que hay otro nivel de participación y es la Mesa Departamental de Víctimas y nos motivamos a ingresar allí. Nosotros queríamos que todo lo que conversábamos en la Mesa Municipal pudiera ser efectivo y pasar a la acción. Desde este espacio departamental se empezaron a visibilizar más los espacios de participación, queríamos que la comunidad conociera que las víctimas no estamos solamente para pedir ayudas humanitarias o para pedir plata, también podemos proponer, también podemos plantear otras alternativas sobre cómo el Estado puede fortalecer y mejorar las políticas públicas que hagan una verdadera incidencia en el territorio.

Después de una elección con las 23 mesas municipales de víctimas del Suroeste, ingresé a la Mesa Departamental para representar a la región. En esta instancia, fui elegido como coordinador, yo no sabía que me iban a escoger a mí, seguramente ellos observaron la forma como se venían desarrollando las actividades y me propusieron para asumir la coordinación de la Mesa Departamental. Y bueno, yo ni corto ni perezoso acepté, puesto que ya teníamos una visión desde el Suroeste para articularnos con la Mesa Departamental.

Empecé a asumir el cargo en marzo del 2018. Empezamos con lo siguiente: que la Mesa Departamental llegará a las subregiones, llegará a los resguardos indígenas, a los consejos comunitarios, a las veredas, a los caseríos donde las víctimas realmente necesitan conocer la información actual de cómo se está trabajando hoy día el tema de víctimas. Nosotros analizábamos que algunas instituciones del Estado no llegan a esos territorios. Aunque sabemos que hay presencia municipal a veces conocemos que politizan la situación en los casos en los que las víctimas van a solicitar el acceso a programas, muchas veces no les conceden nada.

Por eso es que hoy día las víctimas reclamamos, los trabajadores y los sindicalistas reclaman, porque no hay por parte del Estado una solución estructural que permita erradicar la desigualdad. Ese es un gran problema en Colombia. Y los líderes sociales lo que hacemos es defender los derechos humanos, pero también a costa de qué. El panorama es tenso.

Uno se cohíbe de hablar muchas cosas, pero da impotencia que la Fiscalía General no encuentre a los responsables que están asesinando a los líderes sociales. Nosotros nos vemos obligados a acudir a los organismos internacionales. Hoy día ya estamos haciendo camino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lastimosamente el único que puede activar este sistema internacional en Colombia es el Fiscal. Pero es complejo. Nosotros como víctimas estamos en un limbo. Nos están matando. Nos están silenciando. Si reclamamos, nos callan. Nos ignoran. No sé por qué.

Y surgen muchas inquietudes, muchas dudas de dónde vienen los atentados, de dónde vienen los asesinatos. Hace unos días en el lugar en donde yo estaba como protegido le hicieron un atentado a otro líder social de Bajo Cauca y eso no lo publican en los medios de comunicación. Entonces es una pelea fuerte que tenemos los líderes sociales contra el sistema. Es complejo cuando la Unidad Nacional de Protección -UNP te hace un presunto estudio de riesgo, pero al final resulta como riesgo ordinario y cuando sale el riesgo ordinario te vas a tu territorio y te matan. Quedamos en un limbo. No sabemos qué hacer.

Actualmente le estoy solicitando a Secretaría de Educación que me regrese a mi municipio, a mi colegio, allá mis muchachos me están esperando y yo quiero estar allá. Está en proceso mi plan de protección y mi valoración de riesgo. Pero tengo claro que donde esté quiero visibilizar las problemáticas sociales. Quiero seguir aportándole a la sociedad y es la invitación que hago a los docentes que estamos en el cuento del magisterio: nuestro aporte no debe ser solamente en un aula de clases sino que debe trascender. Es la única forma de cambiar esto, porque los hijos que queremos formar son los chicos que van a transformar esta sociedad.

Hay un personaje que yo lo considero mi maestro: Paulo Freire. Él hablaba de la pedagogía del oprimido. Al oprimido lo cataloga como esa persona que anteriormente estuvo marginado, no tenía derechos, no era visible. Y aunque oprimidos seguimos siendo hoy por estructuras criminales organizadas en contra de los derechos de las personas, las comunidades intentamos visibilizarnos, intentamos salir de esa opresión y velar y defender nuestros derechos”.

“La condición de liderazgo social se fundamenta en dos pilares: la actividad concreta que esta persona desempeña y el reconocimiento que de esta actividad hace la comunidad en la que se encuentra inserta. Un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad”, Informe Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo.
Las cifras de agresiones a líderes sociales no están compiladas. El Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de defensores tienen diferentes conteos. Pero el compromiso debe ser el mismo para todo el país: investigar quiénes los están matando y proteger la vida de los que están amenazados.
Carlos Negret, Defensor del Pueblo, explicó que la mayoría de los líderes asesinados han rechazado cultivos ilícitos en sus territorios o economías ilegales, también han defendido procesos de restitución de tierras.
Asesinatos de líderes sociales según informes de Somos Defensores (Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de DDHH)

Casos SuroesteCasos AntioquiaCasos Colombia

2011 2012 2013 2014
2 0 1 0
17 19 13 1
49 69 78 55

 

2015 2016 2017
0 0 0
10 10 14
63 80 106
La Unidad Nacional de Protección informó que al mes reciben casi un millón de solicitudes de protección. 4.300 líderes sociales cuentan con esquema de seguridad actualmente.
2018
Según la Defensoría del Pueblo fueron asesinados 164 líderes y defensores. Según Indepaz, la cifra ascendió a 226.
2019
Según el medio de comunicación Pacifista, al 14 de febrero han sido asesinados 19 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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