En Antioquia hay más de 50 mil niños y niñas en riesgo o trabajando en condiciones peligrosas, y es aún más preocupante, que entre el 2016 y en lo que va del 2017 solo se hayan presentado 27 denuncias ante el ICBF.
Mientras que en el Suroeste, cifras del Ministerio de trabajo con corte del mes de abril del presente año, evidencian que 2.016 niños y niñas están en riesgo o en formas de trabajo que los exponen a múltiples violencias, afectan su salud y su integridad.
En la investigación que motivó nuestra tertulia ‘Curar el socavón’ celebrada en el 2016, analizamos la problemática de los menores que laboran en algunas minas de la Cuenca de La Sinifaná, y descubrimos que además de las condiciones económicas de sus padres que los obliga a ‘jugar’ a ser adultos con el carbón, también hay una tendencia cultural que señala cómo el rol de minero hapasado de generación en generación en muchas familias.
El Suroeste Averigua y por eso conversamos con Hugo Alexander Díaz Marín, gerente encargado de Infancia, Adolescencia y Juventud del departamento, sobre este flagelo en el Suroeste.
¿Cuál es el panorama de esta problemática en el Suroeste?
El tema del Suroeste ha sido de preocupación para el departamento, precisamente porque esta región se caracteriza por los cultivos, especialmente de café, y por el tema de la explotación minera. Según los reportes que tenemos a abril de 2017 por parte del Ministerio de Trabajo, en el Suroeste tenemos identificados 1.363 infantes en riesgo laboral, 10 menores identificados en riesgo y labores del hogar, en trabajo infantil identificados 55, y tenemos -que es lo que más nos preocupa- reportados 544 en peores formas de trabajo infantil. Y en ese sentido, el Suroeste es un caso complejo que requiere una forma de intervención especial. Amagá y Venecia, son los municipios con más casos.
¿Cuáles son los detonantes del trabajo infantil?
Hay tres posibles contextos en los cuales se desarrolla: por necesidad, una situación socioeconómica donde el niño o la niña a una edad específica cree que debe aportar al sostenimiento del hogar y por ende empieza a ejercer una labor; la segunda es por tradición o por cultura donde generación tras generación, las familias han considerado que el trabajo infantil es parte de ese arraigo cultural, y por esos sus hijos e hijas cogen café, ordeñan las vacas, siembran, cultivan, ayudan en las minas de carbón, entre otras; y la tercera forma, es por explotación, donde el padre o la madre obligan a los menores a trabajar. Es muy común que sobre todo a los niños les digan ¡Usted es muy verraquito tiene que trabajar desde chiquito!
¿Cómo se ven afectados los menores que trabajan?
Hay unas afectaciones específicas: los infantes pierden el espacio de recreación habitual, en muchas ocasiones también pierden su espacio educativo, se ve afectado su libre desarrollo de la personalidad, la salud, su integridad, y fundamentalmente pierden el derecho a la familia y a un entorno protector.
¿La deserción escolar está ligada al trabajo infantil?
Hoy en día se presenta especialmente en la media, grados 10 y 11, porque los menores sienten que deben ser productivos para sus familias, para la sociedad, entonces desertan para empezar a trabajar, o cambian la jornada diurna por la nocturna para hacer las dos cosas al tiempo. Por eso también es muy importante generar estrategias atractivas para que los niños y niñas no dejen de estudiar. Hay que recordar que las instituciones educativas también son escenarios que deben verificar la garantía de sus derechos.
¿Quiénes deben evitar que los infantes trabajen? ¿Qué está haciendo esta gerencia?
Hay que tener claridad que la Ley 1098 establece que es la familia, la sociedad y el Estado los corresponsables en la garantía de los derechos de los niños y las niñas. En ese sentido, la primera responsabilidad recae en los alcaldes de cada territorio y sus equipos interdisciplinarios como: mesas de infancia, comités de protección, entre otros, la Gobernación entonces entra a coadyuvar a los mandatarios locales, nuestro rol fundamental es hacer acompañamiento y asistencia técnica, a partir de estrategias que permitan que los municipios tengan la capacidad instalada y las herramientas para enfrentar estos temas de vulneración de derechos. Hoy estamos acompañando a las mesas de infancia y estamos entregando unas cajas de herramientas para todos los territorios. Atacar el trabajo infantil también requiere de acciones integrales, hay que hacer un trabajo pedagógico en todas las regiones porque hay mucho arraigo cultural sobre el tema, hay que sensibilizar a las familias campesinas antioqueñas y decirles que los menores deben estar es recreándose, estudiando, o compartiendo en familia, pero no trabajando.
¿Cuál es la ruta para denunciar estos casos?
La denuncia debe ser un ejercicio permanente, toda la ciudadanía está en la obligación de hacerlo. Las personas deben comunicarse con la Policía de Infancia, o cuando el caso sea denunciado ante la Personería, la Comisaría, o el ICBF, ellos deben hacer las respectivas averiguaciones y activar de forma inmediata el protocolo para el restablecimiento de derechos.
