En lo que va del 2020, en el Suroeste antioqueño han ocurrido 4 masacres y más de 135 homicidios.
A finales del mes de mayo, las cifras de homicidios en el Suroeste antioqueño reflejaban un aumento del 31% con respecto al mismo periodo del año anterior (enero – mayo). A día de hoy, casi tres meses después, el panorama no es distinto.
Según el Informe de Masacres en Colombia 2020, del Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz, este año en Antioquia se han perpetrado, hasta el 23 de agosto, un total de 9 masacres, 4 de ellas en el Suroeste del departamento.
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Masacre: se entiende como el homicidio colectivo intencional de 3 o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario -DIH, en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Esta definición fue estipulada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 1999, luego fue asumida la Defensoría del Pueblo desde 2001, y retomada por la Unidad para la Atención de Víctimas en 2015.
La más reciente: masacre en Venecia, domingo 23 de agosto
El domingo 23 de agosto fueron asesinados 3 jóvenes en Venecia, barrio Los Álamos, a las afueras del casco urbano del municipio. En el marco de los hechos, un hombre de 28 años de edad, que se encontraba a una cuadra del lugar, fue herido por una bala perdida.
2 de las 3 víctimas fatales tenían 19 años de edad, la otra 16.
Ante el asesinato de los 3 jóvenes, Teresita Gómez Murillo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Venecia, expresó: “nos unimos al dolor de las madres, sabemos que es un dolor indescifrable. En Venecia el impacto ha sido muy grande. La gente con toda razón está acongojada. Se trata de jóvenes del mismo municipio, chicos que muchas personas vieron crecer y de los que nunca se espera que tengan este final. La violencia definitivamente no es la manera de resolver los conflictos”.
“Hablamos de chicos que tenían sueños, eran los seres queridos de alguien, de sus familias, y de pronto vemos que se les trunca la vida de un momento a otro”.
Teresita Gómez Murillo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Venecia.
A raíz de la masacre, al día siguiente −lunes 24 de agosto− se llevó a cabo en el municipio de Venecia un Consejo de Seguridad que contó con la presencia de la Administración Municipal, la Gobernación de Antioquia, el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía y el CTI.
Según el secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, el diagnóstico del hecho refleja que la situación “corresponde a disputas territoriales entre organizaciones delincuenciales por la maximización de rentas ilícitas, en este caso: el narcomenudeo. (…) El problema aquí son los grupos delincuenciales que buscan instrumentalizar y utilizar jóvenes para sus propósitos criminales”.
Así mismo, luego de la reunión, el alcalde del municipio, Óscar Andrés Sánchez, envió un mensajes de tranquilidad a los habitantes: “gracias a la Policía Nacional tendremos a partir de la fecha un nuevo cuadrante, el apoyo del Ejército Nacional con un grupo especial motorizado en el área de Bolombolo y la dotación de un sistema de cámaras de vigilancia para aumentar la prevención del delito”.
La Gobernación de Antioquia anunció la disposición de 50 millones de pesos como recompensa para quien brinde información que ayude al esclarecimiento y captura de quienes están detrás de la masacre.
Ante este tipo de medidas, similares a las adoptadas en el pasado Consejo de Seguridad en Ciudad Bolívar, Yesid Zapata, del Proceso Social de Garantías en Antioquia, afirmó: “es común que la institucionalidad recurra a las mismas acciones para buscar objetivos distintos, pero lamentablemente: las mismas acciones van a dar los mismos resultados”.
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El secretario de Gobierno de Antioquia y Yesid Zapata coinciden en la necesidad de un trabajo interinstitucional e interagencial para prevenir, sobre todo, la vinculación y utilización de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en organizaciones y actividades delincuenciales. “Enfrentamos un problema estructural, que requiere el compromiso y la participación de instituciones y ciudadanos trabajando unidos”, dijo Jorge Ignacio Castaño Giraldo, secretario de Gobierno de Antioquia.
Yesid Zapata explicó que uno de los factores causales de este tipo de actos violentos es la débil presencia institucional. Presencia que podría traducirse, por ejemplo, en inversión social, oportunidades laborales y acceso a la educación superior. “No es solo con la presencia de la Fuerza Pública; no es solo con el cartel de los más buscados. Hay que invertir en salud, educación, deporte, cultura. Muchos de estos chicos víctimas son jóvenes que tienen capacidades muy altas, pero que al no tener otras alternativas terminan fácilmente en negocios ilícitos”.
En esta misma vía, Teresita Gómez Murillo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Venecia, puntualizó: “es necesario acompañar a los chicos y chicas en la construcción de sus proyectos de vida. Eso no lo hacen solo las familias, lo hacen también los establecimientos educativos, el Estado: lo hacemos todos como sociedad”.
Desde distintos sectores fue rechazado lo ocurrido. El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, dijo: “rechazo total por parte del Gobierno de Antioquia a estos hechos violentos. Este es un Gobierno que se la juega por el respeto por la vida”.
Así mismo, Teresita Gómez Murillo, en representación de la Asociación de Mujeres de Venecia, agregó: “nosotras desde nuestra visión de mujeres hemos mantenido una consigna desde Ruta Pacífica: las mujeres no parimos hijas e hijos para la guerra. El llamado es para que erradiquemos la violencia de nuestras vidas como una forma de resolver los conflictos”.
Mucho más que una masacre
Según el más reciente informe de Indepaz, este año en el país se han perpetrado un total de 44 masacres en las que han sido asesinadas 182 personas. Ante estas cifras, Antioquia lidera los registros con un total de 9 masacres:
- Caucasia – 3 víctimas – 12/01/2020
- Tarazá – 5 víctimas – 17/01/2020
- Salgar – 4 víctimas – 24/01/2020
- Cáceres – 4 víctimas – 13/02/2020
- Medellín – 4 víctimas – 15/02/2020
- Salgar – 4 víctimas – 26/02/2020
- Ituango – 3 víctimas – 06/06/2020
- Ciudad Bolívar – 4 víctimas – 16/06/2020
- Venecia – 3 víctimas – 23/08/2020
A los registros de Indepaz se suma una masacre ocurrida a inicios del mes de marzo en el municipio de Andes, en la que 3 personas fueron asesinadas.
Del mismo modo, los homicidios en los municipios de la región continúan en aumento.
Según registros de Medicina Legal, entre enero y junio de este año, los tres municipios con mayor número de asesinatos, según su número de habitantes, son respectivamente:
Entrevista
Sobre el incremento de la violencia en el departamento y en la región del Suroeste, conversamos con Yesid Zapata, integrante del Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores de Derechos Humanos de Antioquia. Aquí las ideas principales de su análisis:
¿Por qué aumenta la violencia en el Suroeste?
El Suroeste es un corredor estratégico debido a su proximidad con la costa del Pacífico. “Hay un corredor en límites entre Urrao y Chocó. Allí hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC que actualmente están buscando consolidarse más en el territorio”.
La región se presenta ahora como una de las más violentas del departamento de Antioquia, tanto así que Zapata usa como reflejo la situación actual del Bajo Cauca, una zona igualmente geoestratégica debido a que permite la movilidad hacia el Nudo de Paramillo, el Urabá y el Sur de Córdoba.
“En el Bajo Cauca, al igual que en el Suroeste, hay grandes intereses de multinacionales para realizar megaproyectos, eso nos brinda una lectura más amplia del fenómeno. Es una violencia que no tiene que estar determinada por posibles alianzas sino simplemente por la imposición de intereses”.
En este sentido, Zapata explica que la violencia no está constituida por un solo factor causal ni por una sola modalidad. «Hemos encontrado que el fenómeno de la violencia no tiene que ver con un solo factor, añadido a lo cual es nutrido por diversas dinámicas».
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Antioquia, por ejemplo, sigue liderando también los registros referentes a asesinatos y agresiones de defensores y defensoras de derechos humanos. “Este es el segundo departamento de Colombia con más violencia sociopolítica”, puntualiza Zapata.
Del mismo modo, agrega que la ausencia estatal puede considerarse otra forma de violencia que, perpetuando las difíciles condiciones socioeconómicas, “empuja de alguna u otra forma a los jóvenes hacia las estructuras criminales o hacia la cadena de consumo de alucinógenos y estupefacientes”.
¿Cuáles grupos armados delincuenciales tienen presencia en el Suroeste?
Según informes de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, en por lo menos 121, de los 125 municipios de Antioquia, hay presencia de al menos una estructura paramilitar. Para Zapata, “su presencia impone unas dinámicas de violencia, culturales y políticas, que son naturalizadas con el paso del tiempo y que además han encontrado cierta permisividad entre algunas autoridades civiles, militares y policiales”.
Tal como lo informa Zapata, en el Suroeste hay presencia del ELN −en límites entre Antioquia y Chocó−. Así mismo, hay presencia de las denominadas AGC; de La Oficina del Valle de Aburrá −conocida anteriormente como La Oficina de Envigado−; y de grupos como La Terraza, la banda de San Pablo y La Cabaña −todos ellos de Medellín−. Además, agrega que también hay presencia de disidencias de las AUC, “un grupo muy fuerte que no se desmovilizó con el Pacto de Ralito, y que continuó ejerciendo el uso de las armas en el territorio. Es probable que hayan muchas más, pero esa es la lectura que tenemos hasta el momento”.
Si bien una de las mayores fuentes de financiación de estos grupos es el narcotráfico, su accionar no se limita al mismo. Zapata afirma que “también recurren a otros fenómenos como la extorsión (a pequeña y gran escala), a la trata de personas, al procesamiento de coca, al abigeato (robo de ganado) y al reclutamiento y utilización de niños, niñas, jóvenes y adolescentes”.
“Parece que hay una especie de pacto que se está rompiendo entre los grupos que tienen presencia en el territorio. No es necesariamente un avance para contrarrestar la presencia de un grupo guerrillero, por ejemplo, sino que responde a una ruptura que demanda la disputa del territorio”. Yesid Zapata, del Proceso Social de Garantías en Antioquia.
¿Una solución? Cambios culturales y estructurales
Según Zapata, los cambios que deben hacerse son de una gran dimensión, de manera que puedan superarse las dinámicas sociales violentas que están “enquistadas” en los territorios:
“¿Cuál es el impacto social que tiene la presencia de estos grupos en los territorios? Podemos hablar de una imposición cultural armada que hemos ido naturalizando… es como si todo el mundo quisiera ser el duro del municipio”.
La juventud necesita entonces otros referentes sociales, más allá de los actores armados y delincuenciales. “Todos estos jóvenes tienen una capacidad altísima que, sabiendo vincularla a prácticas sanas, podría llevarnos a hablar de una reeducación en los mismos territorios”.
En ese mismo sentido, Zapata alude al aprovechamiento de las estrategias consignadas en el Acuerdo de Paz, entre las que se encuentra la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. “Esta Comisión tiene como función construir una política pública para el desmantelamiento de estructuras paramilitares. Es ahí donde debe haber una capacidad de la Fiscalía para determinar las responsabilidades individuales y colectivas de la violencia, llegando no solo a las bases de estos grupos sino también a sus coordinadores”.
Finalmente, hace hincapié en la necesidad de trabajar de manera conjunta. “Todo esto mezclado podría generar un cambio muy fuerte, no solo en el Suroeste sino en todo el departamento y el país. Debemos repensarnos como sociedad, entender que hay que buscar caminos hacia la paz. Es aquí donde tenemos que unirnos”.
