Artículo de análisis escrito pasados 10 días de protesta en Colombia.
Por Daniela Correa Agudelo Abogada
El conflicto entre el derecho a la salud y el derecho a la manifestación exige una evaluación exhaustiva de la constitucionalidad en las medidas adoptadas, ya que si se acepta sin reparo la máxima de la salud pública como ley suprema, se corre el riesgo de que el COVID-19 y cualquier otra epidemia o pandemia se constituya en una herramienta política para contener la participación ciudadana, socavando el pluralismo político y la democracia mediante decisiones autoritarias y violentas, facilitaría la implementación de medidas privatizadoras y restrictivas de los derechos fundamentales, sin que los ciudadanos puedan oponerse a ellas mediante los canales constitucionales dispuestos para su participación.
Respecto a la salud, la Presidenta de la Federación Médica Colombiana, aseguró que las protestas no suponen un riesgo excesivo adicional al contagio, especialmente porque el país ya se encontraba inmerso en una crisis hospitalaria, por lo que el gremio médico ha solicitado insistentemente al gobierno una nueva cuarentena estricta, pero esta medida no ha sido tomada para proteger la economía del país, exponiendo la salud pública a los contagios en lugares de trabajo, transportes públicos masivos y con el favorecimiento de encuentros sociales entre amigos y familia.[1]
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Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que no es su postura institucional la recomendación de cancelar todas las concentraciones multitudinarias por causa del COVID-19, reconociendo que son diferentes y, en consecuencia, los riesgos asociados también lo son, así que deben evaluarse para determinar si son aceptables o no y tomar medidas de prevención sin que su suspensión o cancelación se conviertan en las únicas alternativas viables.[2] De hecho, Duque insiste en que Colombia sea sede de la Copa América, lo que supone concentraciones en los eventos deportivos.
Ya han pasado 10 días de protestas y si se comparan las cifras de contagio proporcionadas por el Ministerio de Salud, las marchas no han supuesto un crecimiento mayor al que se venía presentando. La tasa de contagios ha seguido constante, bajando incluso en días como el 3 de mayo a 11.000 casos confirmados, esta cifra no se presentaba desde el 7 de abril cuando empezó el tercer pico de la pandemia. Si las protestas por si mismas supusieran una gran fuente de contagio, esto se vería reflejado en las cifras oficiales, pero no ha sido así.
Expertos en enfermedades infecciosas aseguraron en el marco de las protestas en Estados Unidos producidas por el homicidio policial de George Floyd que “el aire exterior diluye el virus y reduce la dosis infecciosa que podría existir, y si sopla una brisa, eso diluye aún más el virus en el aire” y que “literalmente corrían mucho, lo que significa que exhalan más profundamente, pero también que se cruzan entre todos muy rápido”,[3] así que las marchas pueden tener un riesgo de contagio menor que en el transporte público masivo donde las personas deben pasar periodos de tiempo prolongados en espacios pequeños y cerrados.
Sin embargo, el uso de gas lacrimógeno por parte de la policía para dispersar las manifestaciones aumenta el riesgo de contagio porque provoca mayores secreciones por ojos, boca y nariz, obligando a las personas a quitarse el tapabocas y tocar sus ojos como reacción natural. Por su parte, las detenciones en masa que adelanta el Estado concentran a muchas personas por periodos prolongados en espacios cerrados sin permitir el distanciamiento y aumentando dramáticamente el riesgo de contagio. En este sentido, si los Estados permitieran el ejercicio legítimo y pacífico de la protesta el riesgo de contagio sería bajo, pero cuando reprimen las manifestaciones incrementan el riesgo para la salud pública mientras vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos como la libertad de expresión y el derecho constitucional a la protesta.
Debe considerarse que la salud pública no solo se pone en riesgo en las concentraciones y manifestaciones, sino también cuando se ha privilegiado el funcionamiento del mercado sin tener en consideración las recomendaciones de las autoridades médicas, incluso estableciendo “días sin IVA” en medio de una pandemia en los que masivamente los ciudadanos asistieron a centros comerciales. También se pone en riesgo con la mala gestión de las vacunas y se expone constantemente con las problemáticas sociales como la mala atención en el sistema de salud que niega constantemente la atención; la falta de acueducto adecuado en diversas zonas del país que genera frecuentemente enfermedades gastrointestinales;[4] la mala calidad del aire que ha producido enfermedades respiratorias en ciudades como Medellín[5] o con la gran desigualdad económica que supone desnutrición y mala alimentación en gran parte de la población al no poder comer más de una o dos veces al día.[6]
A pesar de lo anterior, en Colombia, bajo el pretexto de proteger la salud pública, la actuación policial ha dejado 37 personas muertas, 934 personas detenidas arbitrariamente, 26 víctimas con lesiones oculares y 11 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública según Temblores ONG. Después de 4 días de intensas protestas el gobierno nacional decidió militarizar las ciudades, aunque según el derecho internacional la fuerza militar tiene carácter subsidiario, con una labor de acompañamiento a las autoridades civiles, usando medios y métodos permitidos para ello bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. No resulta razonable la militarización, la violencia policial y la concentración de personas detenidas arbitrariamente por ejercer su derecho a la protesta como medidas tendientes a la protección de la salud pública y, por el contrario, el accionar del Estado podría convertirse en una importante fuente de contagio.
[1]Fuentes:
Canal Capital. (2021). ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia en Colombia? Conexión Capital. https://conexioncapital.co/el-gobierno-de-colombia-no-gestiono-bien-la-pandemia-carolina-corcho/
[2] Organización Mundial de la Salud. (2018). Preguntas y respuestas sobre las concentraciones multitudinarias y la COVID-19. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid-19?gclid=Cj0KCQjw-LOEBhDCARIsABrC0TlsxMTMd_TY3mG9haZdlbElM77VdwygHtN6NlWmjPgYqjaWE5SX128aAt8aEALw_wcB
[3] The New York Times. (2021). Los riesgos de protestar durante una pandemia. https://www.nytimes.com/es/2020/06/02/espanol/mundo/protestas-floyd-coronavirus.html
[4] Defensoría Del Pueblo. (2014). En Colombia hay 6.5 millones de personas sin servicio de Acueducto. https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/205/En-Colombia-hay-65-millones-de-personas-sin-servicio-de-Acueducto-Acueducto-D%C3%ADa-mundial-del-Agua-Servicios-P%C3%BAblicos-Derechos-Humanos.htm
[5] El Tiempo. (2021). Expertos alertan por enfermedades ligadas a la contingencia ambiental. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/calidad-del-aire-medellin-expertos-alertan-por-enfermedades-ligadas-a-la-contingencia-ambiental-566895
[6] Bejarano Roncancio, J.J. (2020). Muerte por desnutrición en Colombia, otro virus crónico sin aparente solución. https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/muerte-por-desnutricion-en-colombia-otro-virus-cronico-sin-aparente-solucion/
