El agua es esencial y necesaria para la vida. Ninguna actividad productiva está por encima de dicha condición.
En un Estado Social de Derecho como lo declara la Constitución Política de Colombia de 1991, ¿quienes actúan desde la ilegalidad envenenando los ríos y deforestando las montañas donde nacen, tienen derecho a reclamar una reivindicación de su actuar a través del mecanismo constitucional del paro? Y visto el mismo asunto, pero no desde la institucionalidad y el derecho, sino desde la convivencia, ¿para las comunidades tiene alguna justificación el reclamo de quienes están acabando con los ríos?
Antes de compartir algunos argumentos que consideramos fundamentan una respuesta a los interrogantes planteados, queremos dejar constancia de las siguientes cuestiones:
- Este tema no es tan lejano al Suroeste antioqueño, como podrían pensar algunos.
- No tenemos la intención de estigmatizar el aprovechamiento de los recursos naturales, sino de activarnos como ciudadanos ante una condición que resulta de vital importancia para la expectativa de vida de quienes ahora habitamos el planeta y las futuras generaciones.
- Es perverso que se haya instalado en nuestra cotidianidad el TODO VALE. Grupos económicos con intereses mezquinos, en algunos medios de comunicación, principalmente en la radio y la televisión, se apropian a diario de una retórica que tergiversa lo que realmente está ocurriendo para desviar la atención frente a las inevitables consecuencias en el mediano y largo plazo.
- El TODO VALE rompe la confianza entre los miembros de las comunidades, afecta la posibilidad de la cooperación y coordinación de esfuerzos para dignificar progresivamente las condiciones de vida digna.
- Es responsabilidad de cada uno de nosotros abordar el tema sin enfocarnos sólo en los prejuicios y distorsiones que ofrecen algunos medios, que bien sabemos, frecuentemente obedecen en su enfoque noticioso a intereses de sus dueños, y no tanto al derecho a estar bien informados. Es necesario recurrir a otras fuentes de información, contrastar los relatos y ponerlos en cuestión, según las propias expectativas de lo que debería ser nuestra vida y la vida de la comunidad.
Con respecto a los interrogantes expuestos, consideramos que no podemos contribuir a normalizar la destrucción de las fuentes hídricas como un resultado colateral, uno de tantos más, con tal de aprovechar los recursos naturales. Valdría decir “Sí, pero no así”: generación de riqueza para los participantes de dicha cadena de explotación económica, pero sin degradar la vida de las comunidades.
El suministro de agua potable es esencial y necesario para la vida de todos. Ninguna actividad productiva está por encima de dicha condición. Así pues, el derecho de una parte de la comunidad que reclama poder explotar los recursos naturales no la autoriza a reclamar que tal opción sea privilegiada ni por las instituciones ni por la sociedad entera, si pone en riesgo su existencia misma.
Debe existir reproche desde el derecho y desde la moral social, y deben hacerse sentir sus efectos dentro del marco de la legalidad a quienes transgreden y ponen en riesgo la vida.
Y aunque en una democracia se deba escuchar incluso a quienes actúan desde la ilegalidad, el ejercicio de escucha no debe ser impuesto por vías de hecho como los paros, que aumentan el grado de afectación a las comunidades.
En todo caso, es preciso advertir que no desconocemos que quienes están poniendo en riesgo las fuentes hídricas, no son personas del todo ajenas a las comunidades, de hecho, muchas de ellas actúan en las mismas comunidades como gestoras de riqueza y proveedoras de recursos básicos. Pero insistimos: NO TODO VALE, lo que produce riqueza hoy para unos cuantos, si destruye nuestras fuentes hídricas, será mañana, en un altísimo grado de probabilidad, miseria y degradación para todos.
La ilegalidad no está pues en la explotación misma de los recursos naturales, sino en la degradación de las condiciones de vida que puede acarrear su explotación irresponsable y descuidada.
Merecen el reproche institucional y social, hasta tanto no cesen en su intento de explotación irresponsable de los recursos naturales. No todo vale, y esto aplica también en nuestra región.
Foto: Nataly Ortiz
