Por José Hilario López Ingeniero, escritor y divulgador científico
Colombia está importando cerca del 30 % de los alimentos que requiere para la alimentación de su población, equivalente a 12 millones de toneladas, principalmente cereales. La guerra de Ucrania, país que junto con Rusia son grandes productores de granos y de fertilizantes, ha generado una crisis alimentaria para aquellos países altamente dependientes de alimentos importados, como el nuestro.
Nuestro país cuenta con una extensión de tierras de 114 millones de hectáreas. De estas, en la frontera agrícola, o sea el potencial para cultivar, se tienen 39 millones de hectáreas, lo que equivale a un 34 % del total. Durante 2021, se registraron 5,3 millones de hectáreas sembradas, es decir, tan sólo 13,5 % del potencial.
La erosión de los suelos, el agotamiento de los acuíferos y las sequías en ascenso por efecto del cambio climático, hacen cada vez más difícil incrementar la producción en las zonas templadas, principalmente en los Estados Unidos. La actual producción mundial no alcanza para cubrir el aumento del consumo de cereales en China e India, por lo que los precios seguirán subiendo.
Todo esto hace que el mundo esté entrando en una geopolítica de los alimentos, donde Colombia tiene una clara oportunidad para aprovechar sus extensos territorios en la Orinoquia, las llanuras del Caribe, los valles interandinos y los altiplanos. Por razón del cambio climático las lluvias se incrementarán en las zonas húmedas tropicales, lo que puede ser una gran ventaja competitiva para nuestros altiplanos andinos con luminosidad solar todo el año: altiplanos cundi-boyacense, nariñense, de Santa Rosa de Osos y cercano Oriente antioqueño.
En los altiplanos y aún en las llanuras bajas pueden perfectamente coexistir y complementarse las grandes plantaciones y las explotaciones minifundistas, eso sí con asistencia técnica y facilidades crediticias para campesinos con posibilidad de transformarse en pequeños empresarios socios de proyectos mayores, con un Estado garante del respeto de los derechos de los propietarios y asalariados.
Las recientes experiencias de Brasil en agricultura tropical en las zonas bajas podrían replicarse en nuestros llanos orientales y los valles del Magdalena, Sinú y Cesar. Los terrenos degradados por la erosión en el Suroeste antioqueño lo mismo que en el Norte del departamento del Cauca, podrían encontrar en la reforestación una posibilidad de aprovechamiento, para lo cual se requerirían apoyos estatales para las comunidades nativas y potenciales inversionistas. La Mojana es un gran potencial agrícola que estamos en mora de aprovechar.
En relación con lo que debería hacer Colombia para impulsar el sector agrícola, Fedesarrollo, en un informe de 2019, señala que “es necesario que las intervenciones estén focalizadas en contar con bienes públicos, el mejoramiento de la infraestructura vial, el suplemento de paquetes de tecnología y una mejor estrategia y política de distritos de riego están identificadas como las áreas de priorización, si se quiere darle un impulso a la agricultura y a una mejor inserción del país al mercado internacional”.
Para la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC el desarrollo del campo debe pasar principalmente por tres puntos: formalización del trabajo, vías en mejor estado y créditos a los cultivadores. Estos factores, según el gremio, son fundamentales para que el sector crezca y sea rentable. Con relación a las vías terciarias, que conectan las zonas productivas con los centros urbanos, de las cuales sólo el 10 % se encuentra en buen estado, el presidente de la SAC anota que: “mientras no tengamos vías que reduzcan los costos de transporte y producción con los centros de consumos, pues vamos a estar muy complicados”.
La reforma agraria del presidente Petro
En Colombia el 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra. El 19 % restante se reparte entre el 99 % de las fincas. El 0,1 % de las fincas que superan las 2.000 hectáreas de extensión ocupan el 60 % de la tierra cultivable.
El actual Gobierno Nacional se ha comprometido con la entrega de tierras a los campesinos desposeídos. La reforma agraria propuesta busca superar las falencias de las reformas anteriores, lo que significa ahondar y actualizar la Reforma Rural Integral, incluida como Punto 1 del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, en tres propósitos fundamentales:
- Desplazar el énfasis puesto en la formalización de tierras, así como en la recuperación y adjudicación de baldíos hacia la redistribución de tierras fértiles actualmente improductivas, mediante el uso de instrumentos fiscales y compra de tierras.
- Priorizar la producción de alimentos como motor crucial de la economía nacional.
Con esta política se lograría:
- Promover una mayor soberanía alimentaria para proteger al país del fenómeno inflacionario global
- Contribuir a superar la dependencia de la renta petrolera, “en el marco de un consenso científico global sobre la importancia de una transición energética, que reemplace los combustibles fósiles por otras formas de energía con menos emisiones de gases de efecto invernadero”.
- Reducir la presión para el avance de la frontera agrícola y frenar la deforestación en zonas previamente controladas por las FARC, principalmente en la selva amazónica, que se ha acelerado notoriamente a partir de la firma del Acuerdo de Paz.
En resumen, la política agraria del actual Gobierno Nacional, basada en la entrega de tierra potencialmente productiva a los campesinos desposeídos, respetando los derechos adquiridos de los terratenientes propietarios, debe ser un propósito nacional que merece todo nuestro apoyo. Si esta política se combina con los estímulos que requiere la mediana y gran empresa agrícola, podemos llegar a hacer de nuestro país una potencia agrícola que asegure la soberanía alimentaria de su población, con posibilidades de impulsar un sector agroindustrial competitivo en los mercados internacionales.
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